En firme fallo por caso Hidroituango: ¿cómo afecta a Sergio Fajardo?

Este viernes, en una decisión de segunda instancia, la Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $4,3 billones en el caso Hidroituango. Entre los responsables fiscalmente por las irregularidades, según el organismo, se encuentra el exgobernador de Antioquia y actual precandidato presidencial Sergio Fajardo, cuya aspiración queda en veremos tras la determinación.

En contexto: Hidroituango: Contraloría dejó en firme fallo por $4,3 billones

¿Por qué? Según establece la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, “quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente”.

De acuerdo con la normativa, esa inhabilidad solo cesará “cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales”.

Así las cosas, de cara a enfrentar la inhabilidad electoral que pondría fin a sus aspiraciones con miras a 2022, el único camino que tendría el precandidato presidencial de la Coalición de la Esperanza sería acudir al Consejo de Estado buscando que se declare la nulidad de ese acto administrativo.

Precisamente, Mauricio Pava, abogado de Fajardo, explicó que, tras la ratificación de la Contraloría, su fallo pasa a control de legalidad por el Consejo de Estado, una instancia que, aseguró, lo llena de tranquilidad: “Las cortes en nuestro país son jueces en verdad ponderados y resolverán esto de manera ponderada. Estamos viendo cómo a Fajardo le impedimos el ejercicio de sus derechos políticos”, declaró en diálogo con la emisora W Radio, dejando entrever que ese organismo será mucho más imparcial y ponderado que la Contraloría.

El abogado recordó también que una autoridad administrativa como la Contraloría no puede inhabilitar a personas para cargos de elección popular. Lo anterior, con base en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, que en septiembre de 2020 determinó que la Procuraduría General, como órgano administrativo que es, no podía restringir los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular y reiteró que, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, no es posible destituir e inhabilitar a estos funcionarios a menos que se trate de una consecuencia de un proceso penal.

De acuerdo con Pava, la determinación del Consejo de Estado seguramente se conocerá solo hasta 2022, justo en medio de la contienda formal por llegar a la Casa de Nariño. “Este es un fallo en un momento político que interfiere con el proceso electoral. Hay situaciones absolutamente desconcertantes”, agregó.

Apenas el lunes, el exgobernador de Antioquia recusó al contralor Carlos Felipe Córdoba, alegando que hubo una “vulneración al principio de imparcialidad objetiva y de neutralidad”. De acuerdo con el precandidato, el funcionario ha hecho pública su posición de respaldo al fallo, lo que dificulta que adopte una decisión imparcial.

En septiembre pasado, conocido el fallo en primera instancia, Fajardo dijo que la decisión era “un baldado de agua fría”. En ese entonces, el precandidato manifestó que nunca se había escondido, reivindicando que tenía “la tranquilidad de que obramos bien, mi equipo obró bien, con transparencia absoluta. Ahora tenemos que seguir agotando las instancias”.

“A los que nos siguen, a los que han trabajado con nosotros, les pido mucha tranquilidad y prudencia. No vale la pena entrar en peleas, vale la pena ser creyentes, vale la pena seguir creyendo en las instituciones. Vale la pena dar ejemplo con mucha tranquilidad. Yo estoy tranquilo y este obstáculo también lo vamos a superar. Dedicaré buenas partes de los próximos días a preparar la reposición”, declaró en septiembre Fajardo.

La investigación de la Contraloría se remonta a 2019, cuando empezó a investigar cómo el proyecto hidroeléctrico había llegado a la contingencia de 2018, cuando el caudal del río Cauca amenazó la integridad física de la presa (que no estaba terminada en ese momento) después de que el sistema de desviación del río colapsara.

El agua amenazaba con sobrepasar el muro y la única alternativa fue inundar la casa de máquinas para evitarlo. Con esa inundación se causaron pérdidas millonarias por el daño de la estructura y de los equipos vitales para la generación de energía.

A este proceso fiscal se suma la investigación penal que adelanta en contra de Fajardo la Fiscalía, que en marzo pasado le imputó cargos por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda, que dan cuenta de su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Se trató de un préstamo que Fajardo avaló en 2013, siendo gobernador de Antioquia y que, según el ente acusador, generó pérdidas por $320.000 millones para el departamento. En su defensa, este ha dicho que actuó con trasparencia y que tiene cómo demostrar jurídicamente que no incurrió en ningún tipo de irregularidad.

Este viernes, en una decisión de segunda instancia, la Contraloría General de la República dejó en firme un fallo con responsabilidad fiscal por $4,3 billones en el caso Hidroituango. Entre los responsables fiscalmente por las irregularidades, según el organismo, se encuentra el exgobernador de Antioquia y actual precandidato presidencial Sergio Fajardo, cuya aspiración queda en veremos tras la determinación.

En contexto: Hidroituango: Contraloría dejó en firme fallo por $4,3 billones

¿Por qué? Según establece la Ley 734 de 2002 o Código Disciplinario Único, “quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente”.

De acuerdo con la normativa, esa inhabilidad solo cesará “cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales”.

Así las cosas, de cara a enfrentar la inhabilidad electoral que pondría fin a sus aspiraciones con miras a 2022, el único camino que tendría el precandidato presidencial de la Coalición de la Esperanza sería acudir al Consejo de Estado buscando que se declare la nulidad de ese acto administrativo.

Precisamente, Mauricio Pava, abogado de Fajardo, explicó que, tras la ratificación de la Contraloría, su fallo pasa a control de legalidad por el Consejo de Estado, una instancia que, aseguró, lo llena de tranquilidad: “Las cortes en nuestro país son jueces en verdad ponderados y resolverán esto de manera ponderada. Estamos viendo cómo a Fajardo le impedimos el ejercicio de sus derechos políticos”, declaró en diálogo con la emisora W Radio, dejando entrever que ese organismo será mucho más imparcial y ponderado que la Contraloría.

El abogado recordó también que una autoridad administrativa como la Contraloría no puede inhabilitar a personas para cargos de elección popular. Lo anterior, con base en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a favor del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, que en septiembre de 2020 determinó que la Procuraduría General, como órgano administrativo que es, no podía restringir los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular y reiteró que, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, no es posible destituir e inhabilitar a estos funcionarios a menos que se trate de una consecuencia de un proceso penal.

De acuerdo con Pava, la determinación del Consejo de Estado seguramente se conocerá solo hasta 2022, justo en medio de la contienda formal por llegar a la Casa de Nariño. “Este es un fallo en un momento político que interfiere con el proceso electoral. Hay situaciones absolutamente desconcertantes”, agregó.

Apenas el lunes, el exgobernador de Antioquia recusó al contralor Carlos Felipe Córdoba, alegando que hubo una “vulneración al principio de imparcialidad objetiva y de neutralidad”. De acuerdo con el precandidato, el funcionario ha hecho pública su posición de respaldo al fallo, lo que dificulta que adopte una decisión imparcial.

En septiembre pasado, conocido el fallo en primera instancia, Fajardo dijo que la decisión era “un baldado de agua fría”. En ese entonces, el precandidato manifestó que nunca se había escondido, reivindicando que tenía “la tranquilidad de que obramos bien, mi equipo obró bien, con transparencia absoluta. Ahora tenemos que seguir agotando las instancias”.

“A los que nos siguen, a los que han trabajado con nosotros, les pido mucha tranquilidad y prudencia. No vale la pena entrar en peleas, vale la pena ser creyentes, vale la pena seguir creyendo en las instituciones. Vale la pena dar ejemplo con mucha tranquilidad. Yo estoy tranquilo y este obstáculo también lo vamos a superar. Dedicaré buenas partes de los próximos días a preparar la reposición”, declaró en septiembre Fajardo.

La investigación de la Contraloría se remonta a 2019, cuando empezó a investigar cómo el proyecto hidroeléctrico había llegado a la contingencia de 2018, cuando el caudal del río Cauca amenazó la integridad física de la presa (que no estaba terminada en ese momento) después de que el sistema de desviación del río colapsara.

El agua amenazaba con sobrepasar el muro y la única alternativa fue inundar la casa de máquinas para evitarlo. Con esa inundación se causaron pérdidas millonarias por el daño de la estructura y de los equipos vitales para la generación de energía.

A este proceso fiscal se suma la investigación penal que adelanta en contra de Fajardo la Fiscalía, que en marzo pasado le imputó cargos por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda, que dan cuenta de su presunta participación en los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Se trató de un préstamo que Fajardo avaló en 2013, siendo gobernador de Antioquia y que, según el ente acusador, generó pérdidas por $320.000 millones para el departamento. En su defensa, este ha dicho que actuó con trasparencia y que tiene cómo demostrar jurídicamente que no incurrió en ningún tipo de irregularidad.