En medio de críticas, Congreso aprueba en primer debate proyecto para evitar excarcelación masiva

En medio de un intenso debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes, este lunes fue aprobado en sus dos primeros debates el proyecto de ley encaminado a evitar la excarcelación masiva de presuntos peligrosos delincuentes.

Esta iniciativa, promovida por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, tiene como propósito postergar la entrada en vigencia de la Ley 1760 –sancionada el 6 de julio del año pasado– que establece que a partir del próximo 7 de julio queden libres los presos por delitos comunes que lleven más de un año tras las rejas en detención preventiva y sin condena, o 7 de julio de 2017 para los sindicados de corrupción, extorsión, narcotráfico, delitos sexuales y terrorismo también sin sentencia.

Lógicamente la ineficacia en las actuaciones en la mayoría de los procesos acabó enredando el tema pues podrían quedar en libertad muy pronto los posibles responsables de graves delitos. Al respecto, varios congresistas se fueron lanza en ristre contra el Gobierno y la Fiscalía por su “improvisación” en el manejo del año que les otorgó el Congreso en dicha ley para resolver la situación judicial de miles de imputados.

La senadora Claudia López Hernández (Alianza Verde) exigió que la Fiscalía y Ministerio presenten un informe sobre cómo utilizaron el año concedido y cómo van a utilizar el año que están solicitando para postergar la entrada en vigencia de la norma.

A su vez, el senador Germán Varón Cotrino (Cambio Radical) insistió en que es necesario que el Gobierno presente un plan para evitar que por tercera vez, en 2017, el Congreso tenga que tramitar otro proyecto para que los imputados de graves delitos no queden en libertad.

Al respecto, el representante Germán Navas Talero (Polo) dijo que aunque votó favorable la iniciativa, es evidente que le “falta seriedad” a las leyes colombianas. Además cuestionó lo que llama un “ensamble” de jueces en el Estado porque nombran en esta distinción a jóvenes abogados sin suficiente experiencia.

De no ser aprobada esta iniciativa, se estaría ad portas de que se cumpla el término para la entrada en vigencia de dicha disposición y peligrosos delincuentes regresen a las calles. El Inpec reportó que en la actualidad hay 19.167 internos detenidos preventivamente por 11 meses o más, de los cuales 10.884 lo han estado por 21 meses o más.

Pese a que se mantiene el propósito de permitir la puesta en libertad de quienes son investigados por delitos sin complejidad e impacto en la investigación, en los casos de presuntos responsables de delitos sexuales, corrupción o procesos ante la justicia penal especializada, la entrada en vigencia de la norma será a partir del 7 de julio de 2017. Desde ese momento, la Fiscalía tendría dos años para adelantar las indagaciones y que no queden en libertad pronto.

El proyecto quedó ahora en manos de las plenarias de Senado y Cámara. Debe ser aprobado antes del cierre ordinario del Congreso, que es el 20 de junio, para no poner en riesgo la estabilidad en la administración de justicia al dejar eventualmente en libertad a peligrosos delincuentes. 

En medio de un intenso debate en las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes, este lunes fue aprobado en sus dos primeros debates el proyecto de ley encaminado a evitar la excarcelación masiva de presuntos peligrosos delincuentes.

Esta iniciativa, promovida por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, tiene como propósito postergar la entrada en vigencia de la Ley 1760 –sancionada el 6 de julio del año pasado– que establece que a partir del próximo 7 de julio queden libres los presos por delitos comunes que lleven más de un año tras las rejas en detención preventiva y sin condena, o 7 de julio de 2017 para los sindicados de corrupción, extorsión, narcotráfico, delitos sexuales y terrorismo también sin sentencia.

Lógicamente la ineficacia en las actuaciones en la mayoría de los procesos acabó enredando el tema pues podrían quedar en libertad muy pronto los posibles responsables de graves delitos. Al respecto, varios congresistas se fueron lanza en ristre contra el Gobierno y la Fiscalía por su “improvisación” en el manejo del año que les otorgó el Congreso en dicha ley para resolver la situación judicial de miles de imputados.

La senadora Claudia López Hernández (Alianza Verde) exigió que la Fiscalía y Ministerio presenten un informe sobre cómo utilizaron el año concedido y cómo van a utilizar el año que están solicitando para postergar la entrada en vigencia de la norma.

A su vez, el senador Germán Varón Cotrino (Cambio Radical) insistió en que es necesario que el Gobierno presente un plan para evitar que por tercera vez, en 2017, el Congreso tenga que tramitar otro proyecto para que los imputados de graves delitos no queden en libertad.

Al respecto, el representante Germán Navas Talero (Polo) dijo que aunque votó favorable la iniciativa, es evidente que le “falta seriedad” a las leyes colombianas. Además cuestionó lo que llama un “ensamble” de jueces en el Estado porque nombran en esta distinción a jóvenes abogados sin suficiente experiencia.

De no ser aprobada esta iniciativa, se estaría ad portas de que se cumpla el término para la entrada en vigencia de dicha disposición y peligrosos delincuentes regresen a las calles. El Inpec reportó que en la actualidad hay 19.167 internos detenidos preventivamente por 11 meses o más, de los cuales 10.884 lo han estado por 21 meses o más.

Pese a que se mantiene el propósito de permitir la puesta en libertad de quienes son investigados por delitos sin complejidad e impacto en la investigación, en los casos de presuntos responsables de delitos sexuales, corrupción o procesos ante la justicia penal especializada, la entrada en vigencia de la norma será a partir del 7 de julio de 2017. Desde ese momento, la Fiscalía tendría dos años para adelantar las indagaciones y que no queden en libertad pronto.

El proyecto quedó ahora en manos de las plenarias de Senado y Cámara. Debe ser aprobado antes del cierre ordinario del Congreso, que es el 20 de junio, para no poner en riesgo la estabilidad en la administración de justicia al dejar eventualmente en libertad a peligrosos delincuentes.