¿En qué cederán Gobierno y Farc?

El tiempo se ha convertido en el principal enemigo para el nuevo acuerdo de paz con las Farc y eso lo tienen claro ambas partes en la mesa de negociación de La Habana. Ayer, de hecho, se completó un mes desde que los colombianos le dieron su voto mayoritario al No en el plebiscito refrendatorio y todavía las voces de quienes promovieron esta alternativa no han logrado un consenso con los delegados del Gobierno para sacar adelante un nuevo texto. Lo único claro es que el equipo de paz que lidera el jefe negociador, Humberto de la Calle, regresa hoy a Cuba y lleva otra serie de propuestas para someterlas a consideración de la guerrilla. (Vea acá el especial A CONSTRUIR LA PAZ)

Para eso, ayer se realizó otro encuentro del denominado “cónclave por la paz”, entre los delegados del Gobierno y voceros del No –entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, la exministra Marta Lucía Ramírez, el excomisionado de Paz Camilo Gómez, en representación del expresidente Andrés Pastrana, y el exprocurador Alejandro Ordóñez– en el que, finalmente, se logró concretar las principales coincidencias sobre las cuales el Gobierno admitió estar dispuesto a reabrir el debate con las Farc. Y la discusión no será fácil. Especialmente por el ambiente enrarecido en el que se llevó a cabo la cita en el Ministerio del Interior, luego de que el presidente Juan Manuel Santos dejara la sensación de que no habría refrendación popular del nuevo acuerdo.

Aunque el consenso al que llegaron los del Sí y los del No se revelará en las próximas horas, lo claro es que el balón está a partir de hoy en Cuba y ahora dependerá del Gobierno y de las Farc incluir esas coincidencias ya identificadas, como lo referente a la justicia transicional, que se constituyó en uno de los ejes centrales del acuerdo de paz. Existen tres alternativas: se mantiene la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tal y como se acordó; se incluye dentro de la justicia ordinaria, como lo propone Uribe, o se acoge el concepto de tener una justicia “articulada” con aspectos concretos, como tal parece que será la solución a la que se podría llegar en La Habana.

Uno de los puntos que mayor acogida tuvieron es el que prevé la posibilidad de que se incluyan recursos extraordinarios para los procesados, como la revisión o la tutela, que podrán ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia o por la Corte Constitucional. Es decir, el Tribunal de Paz no sería entonces un órgano de cierre absoluto, pues podría tener esta única excepción, en el caso de que, por ejemplo, un procesado quiera alegar favorabilidad en la pena.

Otro aspecto debatido ayer tuvo que ver con la limitación en el tiempo en el que va a operar la JEP. Para ello se plantean dos alternativas. La primera tiene que ver con el tiempo límite que se podría establecer para que los procesos de investigación arranquen, cuyo plazo estipulado se fijaría en los dos años siguientes a partir del nacimiento de dicha jurisdicción. En ese lapso, quienes quieran someterse a esa justicia transicional deberán presentarse ante el tribunal de paz. De lo contrario, quedarían sujetos a la justicia ordinaria.

La otra alternativa plantea que, en un plazo de cinco años, deben estar resueltos todos los procesos, es decir, investigados y juzgados. Y para otorgarles garantías a los procesados, hubo acercamientos entre los del No y los del Sí sobre la denominada cosa juzgada. “Sólo se podrá aplicar la excepción para examinar la favorabilidad en las penas, pero no para reexaminar el caso en particular”, le dijo a El Espectador uno de los voceros del No.

El Gobierno también planteó estar dispuesto a rebatir la inclusión del acuerdo en el bloque de constitucionalidad. Esa ha sido una postura radical que siguen manteniendo los del No bajo el pretexto de que se está cambiando la Carta Política en La Habana, al igual que la inclusión de jueces extranjeros en la JEP. Hoy, el acuerdo de paz que se firmó con las Farc el 26 de septiembre, permite esta participación. No obstante, se propone la figura de un juez extraordinario, sin voto, en caso de que sea requerido en desarrollo de cualquier proceso.

En todo caso, como lo dijo Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, “el tono fue constructivo sobre la base de encontrar alternativas para que las propuestas en los cambios de fondo permitan un nuevo acuerdo que logre el propósito que nos fijamos: un consenso nacional que una a los colombianos”.

Y los negociadores llegan a Cuba con todos los puntos del acuerdo debatidos, incluido el de la refrendación, que también se trató en la conversación de ayer. Según el Gobierno, se les aclaró a los del No la principal preocupación que hoy persiste: la convocatoria a un plebiscito no es una opción descartada, pero “no es obligatorio refrendar el nuevo acuerdo de paz”, como lo explicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Por lo visto, el asunto terminará en manos del Congreso, como se ha venido insistiendo a lo largo de estos cuatro años de negociaciones con las Farc, porque los acuerdos en sí mismos necesitan desarrollo jurídico y, por ende, tendrán que pasar por el Legislativo. Lo que aún está en veremos es hasta dónde está dispuesto el presidente Santos para lograr que su principal bandera se materialice y, en ese sentido, pasar por encima de la voluntad de los colombianos que quieren participar en la decisión sobre el nuevo acuerdo de paz.

El tiempo se ha convertido en el principal enemigo para el nuevo acuerdo de paz con las Farc y eso lo tienen claro ambas partes en la mesa de negociación de La Habana. Ayer, de hecho, se completó un mes desde que los colombianos le dieron su voto mayoritario al No en el plebiscito refrendatorio y todavía las voces de quienes promovieron esta alternativa no han logrado un consenso con los delegados del Gobierno para sacar adelante un nuevo texto. Lo único claro es que el equipo de paz que lidera el jefe negociador, Humberto de la Calle, regresa hoy a Cuba y lleva otra serie de propuestas para someterlas a consideración de la guerrilla. (Vea acá el especial A CONSTRUIR LA PAZ)

Para eso, ayer se realizó otro encuentro del denominado “cónclave por la paz”, entre los delegados del Gobierno y voceros del No –entre ellos el expresidente Álvaro Uribe, la exministra Marta Lucía Ramírez, el excomisionado de Paz Camilo Gómez, en representación del expresidente Andrés Pastrana, y el exprocurador Alejandro Ordóñez– en el que, finalmente, se logró concretar las principales coincidencias sobre las cuales el Gobierno admitió estar dispuesto a reabrir el debate con las Farc. Y la discusión no será fácil. Especialmente por el ambiente enrarecido en el que se llevó a cabo la cita en el Ministerio del Interior, luego de que el presidente Juan Manuel Santos dejara la sensación de que no habría refrendación popular del nuevo acuerdo.

Aunque el consenso al que llegaron los del Sí y los del No se revelará en las próximas horas, lo claro es que el balón está a partir de hoy en Cuba y ahora dependerá del Gobierno y de las Farc incluir esas coincidencias ya identificadas, como lo referente a la justicia transicional, que se constituyó en uno de los ejes centrales del acuerdo de paz. Existen tres alternativas: se mantiene la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tal y como se acordó; se incluye dentro de la justicia ordinaria, como lo propone Uribe, o se acoge el concepto de tener una justicia “articulada” con aspectos concretos, como tal parece que será la solución a la que se podría llegar en La Habana.

Uno de los puntos que mayor acogida tuvieron es el que prevé la posibilidad de que se incluyan recursos extraordinarios para los procesados, como la revisión o la tutela, que podrán ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia o por la Corte Constitucional. Es decir, el Tribunal de Paz no sería entonces un órgano de cierre absoluto, pues podría tener esta única excepción, en el caso de que, por ejemplo, un procesado quiera alegar favorabilidad en la pena.

Otro aspecto debatido ayer tuvo que ver con la limitación en el tiempo en el que va a operar la JEP. Para ello se plantean dos alternativas. La primera tiene que ver con el tiempo límite que se podría establecer para que los procesos de investigación arranquen, cuyo plazo estipulado se fijaría en los dos años siguientes a partir del nacimiento de dicha jurisdicción. En ese lapso, quienes quieran someterse a esa justicia transicional deberán presentarse ante el tribunal de paz. De lo contrario, quedarían sujetos a la justicia ordinaria.

La otra alternativa plantea que, en un plazo de cinco años, deben estar resueltos todos los procesos, es decir, investigados y juzgados. Y para otorgarles garantías a los procesados, hubo acercamientos entre los del No y los del Sí sobre la denominada cosa juzgada. “Sólo se podrá aplicar la excepción para examinar la favorabilidad en las penas, pero no para reexaminar el caso en particular”, le dijo a El Espectador uno de los voceros del No.

El Gobierno también planteó estar dispuesto a rebatir la inclusión del acuerdo en el bloque de constitucionalidad. Esa ha sido una postura radical que siguen manteniendo los del No bajo el pretexto de que se está cambiando la Carta Política en La Habana, al igual que la inclusión de jueces extranjeros en la JEP. Hoy, el acuerdo de paz que se firmó con las Farc el 26 de septiembre, permite esta participación. No obstante, se propone la figura de un juez extraordinario, sin voto, en caso de que sea requerido en desarrollo de cualquier proceso.

En todo caso, como lo dijo Óscar Iván Zuluaga, del Centro Democrático, “el tono fue constructivo sobre la base de encontrar alternativas para que las propuestas en los cambios de fondo permitan un nuevo acuerdo que logre el propósito que nos fijamos: un consenso nacional que una a los colombianos”.

Y los negociadores llegan a Cuba con todos los puntos del acuerdo debatidos, incluido el de la refrendación, que también se trató en la conversación de ayer. Según el Gobierno, se les aclaró a los del No la principal preocupación que hoy persiste: la convocatoria a un plebiscito no es una opción descartada, pero “no es obligatorio refrendar el nuevo acuerdo de paz”, como lo explicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Por lo visto, el asunto terminará en manos del Congreso, como se ha venido insistiendo a lo largo de estos cuatro años de negociaciones con las Farc, porque los acuerdos en sí mismos necesitan desarrollo jurídico y, por ende, tendrán que pasar por el Legislativo. Lo que aún está en veremos es hasta dónde está dispuesto el presidente Santos para lograr que su principal bandera se materialice y, en ese sentido, pasar por encima de la voluntad de los colombianos que quieren participar en la decisión sobre el nuevo acuerdo de paz.