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La decisión que tomó la Corte Constitucional esta semana, en la que exhorta al Congreso a reglamentar un mecanismo que permita que todas las sentencias condenatorias dictadas por primera vez puedan ser apeladas, ha venido calando en los oídos de algunos legisladores. Según sus argumentos, encuentran absolutamente injusto que hoy ningún colombiano cuente con ese derecho y se vea obligado a acudir a recursos extraordinarios para controvertir dichas condenas.
(Lea: ¿Qué dijo la Corte Constitucional sobre la posibilidad de impugnar condenas?)
Dentro de esas voces, se encuentra el Centro Democrático que vio en el fallo del alto tribunal una oportunidad para revivir uno de los temas que, para esa colectividad, se ha convertido en un punto de honor: el caso del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. ¿Por qué? El fallo de la Corte precisó que impugnar una sentencia condenatoria de primera instancia es un derecho universal, denominado “doble conformidad” y cobija a todos los ciudadanos, incluidos los aforados (como Arias).
Por eso, el representante a la Cámara, Juan David Vélez, del Centro Democrático, comenzó a trabajar en un proyecto de ley ordinaria con el que buscará que las sentencias condenatorias dictadas desde 1991 y que no tuvieron posibilidad de ser apeladas –ya sea porque fue una sentencia condenatoria dictada por primera vez en segunda instancia o porque se trató de un fallo de única instancia- puedan ser revisadas. Una iniciativa que, según varios juristas, pone en peligro el principio de la cosa juzgada.
(Contexto: Corte Constitucional insiste al Congreso legislar sobre nueva instancia de juzgamiento)
¿En qué consiste? El legislador explicó que el llamado que hace la Corte al Legislativo es a reglamentar un derecho que debe cobijar a todos los colombianos sin excepción y que, en tal sentido, su propuesta se encamina a crear una sala especial de revisión de sentencias, incluidas las que condenaron a aforados en única instancia. “Podrían entrar en revisión de manera transitoria, por un periodo que queremos establecer y bajo un mecanismo de selección de jueces”, señaló Vélez.
Las fechas son clave pues se tiene como punto de partida 1991, año en que nació la nueva Constitución Política. “Es decir, cuando se instauran las altas cortes y se establece el juzgamiento a los aforados (como exministros, excongresistas o generales de la República). Tal vez, por un error involuntario en la Constitución, solamente se creó la única instancia para aforados”, agregó el representante uribista. Y aclaró que, como solo fue hasta el 2018 que el Congreso creó la doble instancia para aforados sin efectos retroactivos, las sentencias emitidas entre 1991 y 2018 podrían ser objeto de revisión en caso de avalarse el proyecto que él propone.
(Lea: Doble instancia para los congresistas, la petición que aprobó el Congreso)
Entonces, ¿en dónde entra el caso de Arias y los beneficios que tendría si el proyecto tiene vía libre en el Capitolio? Como se recordará, el exministro de Agricultura, hoy preso en Estados Unidos, fue condenado a 17 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia en el escándalo de Agro Ingreso Seguro en 2014. La decisión fue tomada en única instancia, sin posibilidad de ser recurrida, por cuanto el Congreso solo dio vía libre a la segunda instancia cuatro años después de dicha determinación.
De hecho, hace apenas algunos meses, en febrero de este año, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema negó a Arias la solicitud que su abogado había interpuesto para que el tribunal revisara dicha condena. Según el argumento de la defensa de Arias, Víctor Mosquera, a este se le estaban vulnerando derechos como el debido proceso, la segunda instancia y el acceso efectivo al sistema de justicia. Pero la Corte, según sus argumentos, hizo prevalecer el principio de cosa juzgada.
(Lea: Corte Suprema vuelve a decirle "no" a segunda instancia para Andrés Felipe Arias)
Con la iniciativa que promueve el uribismo en la Cámara, con el apoyo de la bancada de congresistas de la misma colectividad, quedaría abierta la posibilidad de revisar este y miles de casos más, sin mencionar las enormes repercusiones que la misma tendría para la Rama Judicial, comenzando por la congestión que implicaría reabrir tantos procesos. Sin embargo, Vélez indica que serían, según sus estudios, 250 casos. En todo caso, se trata de un proyecto distinto al que promovió el expresidente Uribe en marzo de este año que buscaba que la doble instancia fuera retroactiva.
(Lea: Doble instancia retroactiva: la propuesta de Uribe)
¿Qué piensa el Gobierno? Fuentes del uribismo consultadas por este diario contaron que Vélez quería que, a través del presidente del Congreso, Ernesto Macías, el Ejecutivo anunciara su respaldo al proyecto de ley y que, en tal sentido, solicitara al Congreso que lo tramitara con mensaje de urgencia. Lo anterior, permitiría sacar rápidamente el proyecto dado que les permitiría a las comisiones encargadas de estudiar la materia sesionar de manera conjunta. Y aunque Macías sí acompaña la iniciativa, buscará promoverla con independencia legislativa. Es decir, sin buscar al presidente Duque.
El proyecto quedará radicado la próxima semana, según lo confirmó el propio Vélez a este diario y, dado que será radicado como proyecto de ley ordinaria, si se le da al menos un debate en este periodo legislativo antes de que salgan a receso, la iniciativa quedaría viva y lista para continuar su trámite a partir del 20 de julio, cuando las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes queden en manos del Partido Liberal y de Cambio Radical, respectivamente.