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Hoy, hace dos años, una fuerza ciudadana inusitada en la historia reciente del país se tomó las calles y convirtió la convocatoria del 21 de noviembre (21N) de las centrales obreras y sindicales en una cita diaria de protestas hasta, por lo menos, el 21 de febrero de 2020. Y las manifestaciones hubiesen seguido, pero se atravesó una pandemia que encerró al mundo entero y el miedo al contagio y la muerte por COVID-19 apagó de alguna forma el fervor de las movilizaciones.
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El llamado de la Central Unitaria de Trabajadores en contra de lo que llamaron el “paquetazo de Duque” tuvo eco en organizaciones sociales y estudiantiles hartas de la violencia exacerbada contra líderes, defensores de derechos humanos y excombatientes de las Farc, tras tres años de la firma del Acuerdo de Paz. Una amalgama de voces ciudadanas se citó en el espacio público para manifestar la insatisfacción con el gobierno de Iván Duque.
Entonces en una plaza, en diferentes partes del país, se escuchaban a los que le decían no a la reforma pensional y laboral que se pensaba presentar ante el Congreso; a los que exigían proteger la vida de líderes y firmantes de paz, e implementar los textos de La Habana; a los estudiantes que solicitaban más recursos para la educación pública; a los que demandaban explicaciones por el bombardeo a un campamento de disidencias de las Farc donde se había identificado presencia de menores de edad, en Guaviare; a los que gritaban “no más Uribe” ni seguridad democrática; a los que reclamaban al Gobierno negociar con el Eln.
Y los líderes de esos grupos que salieron a marchar se organizaron de forma espontánea y orgánica, se hicieron llamar Comité del Paro y tomaron como propia la vocería de las personas que estaban en las calles. El Gobierno los reconoció como su interlocutor en la Gran Conversación que inició el presidente Iván Duque, en la que podían participar agremiaciones, sectores productivos, políticos, entre otros, y tenía el fin de recoger los reclamos de la ciudadanía.
Desde la concepción de la Gran Conversación del Gobierno se tejieron las insostenibles diferencias con el Comité del Paro, que, desde entonces, exigía llamar esos diálogos negociaciones. Un concepto que de fondo conlleva a compromisos y acciones concretas. Las peticiones del Comité en las movilizaciones de 2019 eran distintas a las de hoy, pues eran tiempos distintos y realidades que aún no estaban atravesadas por una pandemia.
Para ese entonces, el Gobierno tramitaba su segunda reforma tributaria, luego de que la Corte Constitucional tumbara la aprobada en 2018 por vicios de trámite. El retiro de este proyecto en el Congreso, que fue un copy y paste a lo aprobado en 2018, fue el primer punto del pliego de peticiones del Comité del Paro.
Las otras solicitudes fueron la derogación del decreto que creó un holding financiero con 18 entidades estatales y de la circular del Ministerio de Trabajo sobre terminación de contratos a trabajadores en condición de discapacidad; la disolución del Esmad que fue señalado de matar al joven Dilan Cruz; el compromiso de que no se iba a presentar una reforma pensional y laboral, que se estaban cuajando; la implementación efectiva del Acuerdo de Paz; la revisión de tratados de libre comercio que han venido empobreciendo a sectores campesinos; el trámite del paquete anticorrupción, producto de la consulta de 2018; entre otros temas relacionados a políticas ambientales, tributarias y políticas.
La Gran Conversación no dio los resultados esperados, ni los que se reclamaban en las calles y, como ya se ha reiterado, las dinámicas que venían se diluyeron por la pandemia. Las realidades fueron distintas, las necesidades se exacerbaron y, con ello, el pliego de peticiones se transformó a un pliego de emergencia, con solicitudes conforme a lo que estaba pasando en el país en materia social, económica y sanitaria.
Este pliego incluyó el mejoramiento del sistema de salud para atender la pandemia y la situación laboral del personal de salud; una renta básica por seis meses de un salario mínimo para las familias más pobres; condonación de créditos agropecuarios y subsidios de producción a campesinos; matrícula cero para los estudiantes de educación pública; acabar con las violencias intrafamiliares y de género, que aumentaron por el confinamiento; entre otros.
Estas peticiones quedaron en stand by cuando nuevamente una reforma tributaria despertó la insatisfacción de la ciudadanía, una reforma que hablaba de impuestos para los servicios mortuorios, en medio de una sociedad que no estaba preparada para las despedidas imprevistas, o de más IVA a productos tan básicos para la familia colombiana como el café y el azúcar. Esto convocó a nuevas movilizaciones que, una vez más, le mostró al país y al mundo lo que se creía alcanzado en el paro nacional de 2019: muchas más gentes en las calles, expresiones artísticas, bloqueos, desabastecimiento, incertidumbre en el grado de inversión y una respuesta estatal que ahondó en el espiral de violencia. Indepaz habla de 80 personas muertas en el marco de las protestas.
El Comité del Paro, aunque se adjudicó la vocería de las protestas, fue superado por las movilizaciones y cada vez más personas decían no sentirse representada en ellos. Ellos porque en su mayoría son hombres mayores blancos hablando por las mujeres, poblaciones étnicas y de diversidad sexual. Aun así, el Gobierno los reconoció como su contraparte y cedió, por fin, a la condición de llamar negociación a las reuniones que tenía con sus líderes. En el proceso medió la Misión de Verificación de Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal de Colombia.
La negociación llegó hasta el preacuerdo de condiciones y el trabajo que comenzó a caminar desde el 16 de mayo se estancó y acabó a la par que llegó una misión especial de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el 8 de junio, para levantar información sobre lo que ocurrió en el país en el paro nacional.
Ante la ausencia de compromisos y de materialización de las solicitudes por parte del Gobierno, el Comité del Paro anunció que su pliego de peticiones lo convertiría en proyectos de ley para presentar ante el Congreso. “Presentamos diez iniciativas necesarias para el país acompañadas por 50 parlamentarios del Pacto Histórico, la Coalición de la Esperanza y algunos liberales”, dijo a El Espectador Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y uno de los líderes del Comité.
Los proyectos fueron presentados el 20 de julio, cuando se instaló la última legislatura del Congreso, y, a la fecha, tres proyectos ya están hundidos, como los resumió Maltés. Estos son el de renta básica, alivio a los campesinos y desmonte del Esmad. “Por más consideraciones que tuvieran las mayorías, es inhumano que los partidos de coalición del gobierno hayan hundido la renta básica, que es la solución para que la gente coma y alivie su situación de pobreza. Y es que la realidad es preocupante, el Dane ha dicho que más de 16 millones de personas ha dejado de comer la tercera comida y seis millones apenas se comen solo una al día. Así mismo, desde el sector productivo, en voz de Bruce Mac Master, se dijo que Colombia había regresado a los niveles de pobreza del año 2010″, comentó el presidente de la CUT, haciendo hincapié en que la medida sigue siendo necesaria.
Y sobre las otras dos, de alivios y condonaciones a campesinos, ahogados en deudas, así como el desmonte del Esmad, dijo que las mayorías, representadas en “la coalición del gobierno, han sido inferiores a las necesidades y reclamos de las personas que salieron a las calles”.
Sin embargo, el Comité no pierde el optimismo con los otros siete proyectos que siguen vivos, pero que, hasta ahora, no han tenido trámite en primer debate. Sobre el proceso que se encuentran ahora, señaló que esta semana se rindió ponencia para la política de la juventud, que, en últimas, busca que los Consejos de Juventud tengan una participación vinculante, promoción la participación política de los jóvenes y generación de empleo joven.
Igualmente, con relación a este punto, bancadas como la U está promoviendo un proyecto para reducir la edad para aspirar al Congreso, una medida que presentaron tras el paro nacional de este año, y, esta semana, Cambio Radical radicó una iniciativa para pagarle honorarios a los consejeros de juventud del país, que se elegirán por primera vez el próximo 5 de diciembre.
Respecto a los seis proyectos restantes, reiteró que no se sabe nada, más allá de que ya tienen ponentes que deberían estar construyendo los textos para primer debate. Estas otras iniciativas son el de garantías para el ejercicio de la protesta pacífica, que incluyó las recomendaciones que hizo la misión especial de la CIDH que viajó al país e insiste en desmilitarizar la respuesta estatal a las movilizaciones; la derogación del Decreto 1174 de 2020 que, a juicio del Comité, es una reforma pensional y laboral camuflada; la matrícula cero que pide que sea una política a largo plazo y no solo hasta este año, como lo prometió el Gobierno; apoyo a la nómina para trabajadores de pequeñas y medianas empresas, sector que no recibió las suficientes ayudas por parte del Ejecutivo durante 2020 y por eso cientos de empresarios se quebraron; reforma a la Policía, dándole un carácter más civil y apegada a los parámetros internacionales y de derechos humanos; el fortalecimiento y articulación de las entidades del Estado para contrarrestar las violencias machistas; y el pago directo al personal de salud.
Como lo asegura Maltés, el Gobierno no ha querido reunirse nuevamente con el Comité para dialogar los proyectos y, mucho menos, los ha acompañado en su trámite en el Congreso. “Vamos a seguir insistiendo para dialogar con los ponentes, que son de todos los partidos, para convencerlos de que rindan ponencia positiva. Si los legisladores actuaran en justicia y no en política deberían de aprobar estas siete iniciativas que quedan”, recalcó.
Mientras tanto, el Gobierno radica proyectos que se consideran contrarios a la naturaleza de los propuestos por el Comité del Paro, especialmente los relacionados con la protesta pacífica y las reformas a la Policía. La semana pasada, el ministro del Interior, Daniel Palacios, radicó la iniciativa de seguridad ciudadana que aumenta las sanciones a las agresiones a la Fuerza Pública; cambios en la concepción de legítima defensa y proporcionalidad del uso de la fuerza, entre otros temas.
Aunque este proyecto tiene mensaje de urgencia, hay que ver la puesta en marcha del Congreso para sacar adelante dicho proyecto, los siete restantes del Comité y los demás que están trámite, pues se sabe que estos meses, antes de las elecciones parlamentarias, están más concentrados en reelegirse que en sacar iniciativas adelante. “Una bandera de campaña de los que quisieran volver al Capitolio es el paquete de propuestas de nosotros que solucionan algunos de los problemas graves de Colombia”, apuntó Maltés.
Por eso, este 25 de noviembre, Día de la Visibilización de las Violencias contra las Mujeres, el Comité convocó a nuevas movilizaciones pacíficas para presionar al Congreso sobre los siete proyectos pendientes de su primer debate. Una convocatoria que, a los ojos de las feministas, desdibuja por completo su interés en la eliminación de las violencias machistas, porque invisibilizan las protestas propias que los movimientos de mujeres convocan para esta fecha.