“No permitiré tachas en mi nombre”: mintic anuncia acciones contra citantes

Karen Abudinen, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), encaró este viernes un debate de moción de censura en la Cámara de Representantes. La plenaria de la corporación la citó a responder por el escándalo relacionado con un contrato por $1,07 billones que tenía como objeto llevar internet a 7.000 colegios en veredas y zonas rurales del país, y del que le anticiparon $70.243 millones a la Unión Temporal Centros Poblados, un conglomerado empresarial de Barranquilla.

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En su defensa, la ministra ha dicho que los integrantes de Centros Poblados le hicieron trampa al Estado e incluso los calificó como “delincuentes”. Además de eso, hace una semana anunció que la conexión de las escuelas rurales que estaba a cargo de Centros Poblados quedará en manos de ETB, el proponente que resultó en segundo lugar.

Aunque el debate estaba citado para las 9:00 a.m., no fue sino hasta una hora después que con la aprobación del orden del día y la lectura del acta de la moción de censura se dio inicio formal al debate. Por ahora, es claro que los partidos de oposición votará a favor de la moción contra Abudinen, pero las posturas de las colectividades independientes y de Gobierno aún no son claras debido a que por ejemplo partidos como el Conservador y Cambio Radical, de gobierno, se han mostrado críticos frente al caso.

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El debate tuvo 22 citantes, de los que no todos hablaron porque algunos cedieron su tiempo. En orden, el debate contó con las intervenciones León Fredy Muñoz, Katherine Miranda, John Jairo Hoyos, David Racero, Jorge Gómez, Luis Alberto Albán, Germán Navas Talero, Wilmer Leal, Mauricio Toro, Ángela María Robledo, Fabián Díaz, Cesar Ortiz, Juanita Goebertus, Carlos Alberto Carreño, Inti Asprilla, Ángel María Gaitán, Cesar Pachón y Omar de Jesús Restrepo.

En la intervención inicial, Leon Fredy Muñoz (Alianza Verde) aseguró que este episodio fue un “concierto para delinquir”. Señaló que desde que la ministra llegó a su cargo, en mayo, se empezaron a cambiar las reglas de juego del contrato. “Había unas reglas de juego de una licitación que empezó en enero. Hicieron cambios sustanciales a esos prepliegos y eso arrojó en agosto que cambiaran esa licitación y abriera la puerta para que participara la Unión Temporal Centros Poblados”.

Muñoz continuó su intervención intentando desenredar cómo la unión temporal que está en el ojo del huracán terminó haciéndose con el millonario contrato. Según dijo, fue todo un entramado entre empresarios y funcionarios públicos para concretar el desfalco y trasladar los más de $70.000 millones de anticipo, con aval del Ministerio TIC.

En la segunda intervención, Katherine Miranda (Alianza Verde) dio sus razones de por qué la ministra tiene responsabilidad en el escándalo. De acuerdo con la representante, hubo una primera alerta para todo lo que se desencadenó después, que fue el ingreso de un asesor, Camilo Valencia Suescún, quien salió del MinTic y se le “premió” con un contrato en una entidad adscrita al Ministerio. La representante también resaltó que las cuatro firmas que conforman la unión temporal tienen relación con el conocido como “Carrusel de la contratación”. “O usted hizo parte de ese entramado o, por el contrario, no ha sido capaz de cumplir con uno de los objetivos que tiene el Ministerio y es cuidar los recursos públicos”.

John Jairo Hoyos (Partido de la U), tercero en intervenir, indicó que el Ministerio TIC tiene gran responsabilidad en haber hecho cambios y ajustes para que Centros Poblados presentara la oferta que finalmente fue seleccionada como la mejor. “Contrató una interventoría sin experiencia que permitió el robo. Usted es sospechosa de mentir, mientras tenía un asesor del despacho como apoderado de una de las firmas, de mantener ese funcionario con un contrato millonario y de encubrir a los involucrados en este delito”, le dijo a Abudinen.

En la cuarta aparición, David Racero (Decentes) tildó todo lo ocurrido como uno de los escenarios de mayor corrupción en el gobierno de Iván Duque. Criticó con dureza que la ministra se haya reunido con la procuradora Margarita Cabello y la cercanía de Abudinen con los Char que, según el representante, garantizará la impunidad en este caso. “Usted es un eslabón entre la casa Char y la presidencia de Duque, y no es gratis que el presidente salga a defenderla. La corrupción en este gobierno no son casos aislados, es que la corrupción es una forma de gobierno, estamos bajo el régimen de la corrupción”.

El debate continuó con la intervención de Jorge Gómez (Dignidad), quien criticó que el contrato se adjudicó a la empresa que menos experiencia tenía, pues demostró que hubo oferentes que presentaron una capacidad hasta ocho veces mayor para cumplir con el contrato o que están desarrollando contratos similares en otros países, con buenos resultados. Gómez también le pidió a sus compañeros que “no atornillen” a la ministra Abudinen al cargo, y que la moción debe prosperar solo por el hecho de que se perdió dinero de un contrato que era para dotar de internet a niños en zonas apartadas del país.

En palabras de Luis Alberto Albán (Comunes), siguiente en intervenir, los menores de medio país se quedaron sin acceso gratuito a internet por cuenta de la desidia de la ministra porque a pesar de que no tenía cómo revisar papel a papel, sí era responsable de supervisar que quienes los revisaran lo hicieran de manera correcta y, si evidenciaba falencias, denunciarlas. “Se dejó robar el dinero, por usted es la ministra. Para las pruebas están los juzgados y aquí lo evidente es que hay una responsabilidad política que no se quiere asumir”.

Germán Navas (Polo Democrático) dijo que si bien la ministra Abudinen no se apropió de los más de $70.000 millones, sí fue la responsable de que se perdieran “por su negligencia” y llegó a responsabilizarla del delito de peculado culposo. “Pudo haber evitado que esto ocurriera con un poco de previsión, pero dejó eso en manos de asesores y amigos y la bancada de los Char. ¿Usted qué hizo?”, cuestionó. El congresista también recurrió a mencionar la capacidad y experiencia de otros oferentes que no fueron escogidos y a buscar la relación entre el contratista seleccionado y personajes como Emilio Tapia y hasta los Nule.

Hacia el mediodía, debido a una moción de orden que solicitó el representante Muñoz y que fue discutida por la plenaria, el debate se pausó por unos minutos y tras la reanudación Wilmer Leal (Alianza Verde) cuestionó la responsabilidad que cae en los viceministros, asesores y directores de dependencias, “que no le han puesto la cara al país”.

Por su parte, Mauricio Toro (Alianza Verde) bautizó este suceso como la segunda parte de Agro Ingreso Seguro. También recordó que uno de los reparos que hubo antes de la llegada de Abudinen al Ministerio fue que no tenía conocimiento en el sector TIC, pero la defensa fue que era una gran ejecutora y tenía una muy buena capacidad gerencial. Coincidió con Leal en que los primeros “enredados” y que van a pagar son los asesores. “Usted es parte de un gobierno que prometió convertirnos en el Silicon Valley de América Latina, pero su ejecución paupérrima nos tiene lejos de alcanzar el 70 % de conectividad en los hogares. En vez de ser el Silicon Valley, estamos perdidos en un valle de corrupción”.

Ángela María Robledo (Colombia Humana) acudió a cifras para contextualizar por qué es tan grave que no se haya cumplido con el objetivo del contrato y la relación que eso puede tener con la guerra. De 2,4 millones de estudiantes de colegios rurales, según Robledo, un 83 % no tienen internet o computador y un 17 % sí tienen. “La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha demostrado que cuando no hay en el sector rural, el riesgo de reclutamiento es muchísimo más significativo. Solo recordemos el caso doloroso de la niña que murió en el bombardeo del Ejército en Guaviare. Su padre explicó que ella partió a casa de los abuelos para conectarse, y en ese ir y venir fue reclutada”.

Siguiendo con las cifras, Juanita Goebertus (Alianza Verde), subrayó que como la fallida conectividad era la única alternativa de acceder a educación en medio de la pandemia, el resultado es que aumentó en 25 puntos porcentuales la inasistencia escolar en la ruralidad. Eso, dijo, ha significado 3 puntos porcentuales adicionales de pobreza en zonas rurales que ya tenían 19 puntos porcentuales por encima de la tasa nacional. “Lo grave no son los $70.000 millones, sino que sus acciones y omisiones han incrementado la pobreza rural y la imposibilidad de asistencia de niños en la ruralidad a tener acceso a la educación”.

Contrario a anteriores debates, ninguno de los afines al Gobierno pidió ser citante para poder defender a la ministra. La defensa de esta vino en un primer momento por parte de Margarita Restrepo, que pidió una moción de procedimiento para criticar que representantes “con procesos e investigaciones” no respetaran la presunción de inocencia de Abudinen. Luego, cuando se le dio la palabra a los partidos, siguieron los pronunciamientos a favor de esta.

El primero en este listado fue el Partido Conservador, en la voz de Ciro Rodríguez. “Señora ministra, usted no debe renunciar a su cargo”, comenzó el representante, que se deshizo en elogios a la labor con la que Abudinen ha asumido el tema de Centros Poblados. “Ha enfrentado hoy el problema, el principal problema que perciben los colombianos, que es la corrupción con fortaleza, entereza y firmeza. Debemos destacar los funcionarios que tienen la entereza de enfrentar la corrupción”, agregó el que hizo las veces de vocero de los conservadores.

“¿Por qué queremos sacar del camino el alma de la persona que ha descubierto este fraude al Estado? La moción de censura es un mecanismo con el que los ministros responden ante el Congreso por sus acciones políticas y no se juzgan acciones ilícitas. Para la responsabilidad jurídica está los órganos de control. Solo se analiza la falta a la verdad o las acciones lícitas que fueron mal tomadas. Somos testigos de la total valentía de la señora ministra en que se conozca la verdad y en alertar al país sobre estos nuevos hechos de corrupción”, fue la defensa de Rodríguez a favor de la ministra de las TIC.

Este fue seguido por Armando Zabaraín, también conservador. Al igual que su compañero de filas, el representante costeño comentó que en un principio la fotografía era preocupante frente al caso de Centro Poblados, pero luego señaló que la ministra, que tildó de valerosa, ha tomado decisiones valientes con la declaración de caducidad del contrato. Para Zabaraín, las actuaciones de la ministra han permitido descubrir otros casos en los que se presentaron garantías falsas, como ocurrió con la cuestionada licitación que tiene Abudinen en problemas. Además de defender a la ministra, el representante salió a reivindicar a la familia Char y destacó lo que este clan político ha llevado a cabo en la capital del Atlántico.

En cambio, la vocería de los liberales, asumida por el representante Juan Carlos Losada, continuó con los cuestionamientos a la ministra. Para este, aunque no se está diciendo que se robó lo $70.000 millones entregados a Centros Poblados, esta debería asumir la responsabilidad política y renunciar, al igual como ocurriría en países como Noruega. Este también censuró que la cartera liderada por Abudinen no diera cuenta de las “evidentes” irregularidades en el proceso contractual. Por último, llamó la atención de que el presidente Iván Duque no le hubiera pedido la renuncia a la responsable de la cartera de las TIC, si esta no tomaba la decisión por sí sola.

A pesar del pronunciamiento de Losada y del representante Ángel María Gaitán, el liberal John Jairo Roldán trató de marcar distancia de esta posición de sus compañeros de bancada. Este invocó el principio de la presunción de inocencia para “cubrir” a la ministra. También dijo que debe ser la Contraloría la que se encargue de este tema. En este sentido cuestionó que los compañeros de su bancada les dijeran a los electores de que estuvieran pendientes de quién apoyaba a la ministra para castigarlos en las urnas en 2022. La intervención del congresista antioqueño es una muestra de que en el liberalismo no hay unidad frente a este asunto y varios de los que son cercanos al gobierno darán su voto en contra de la moción.

Los liberales fueron seguidos por los miembros de Centro Democrático. La primera fue Yenica Acosta, representante por el Amazonas. Esta comenzó su intervención con un video en la que docentes y estudiantes de su departamento cuestionaron los problemas de conectividad en la zona. Esto no solo los habría afectado en zonas de selva, sino que incluso los problemas de conectividad estarían en Leticia, capital de Amazonas. Acosta aprovechó su intervención cuestionando los problemas de conectividad en la región que representa y hasta señaló que ha intentado que la ministra responda en el Congreso por estos problemas de acceso a internet. “El departamento del Amazonas necesita cobertura y calidad”, añadió Acosta. Esta no se refirió al tema de Centros Poblados.

El representante Gabriel Santos, que se ha pronunciado en contra de la ministra, reveló que por una decisión mayoritaria del Centro Democrático no podía pedirle la renuncia a Abudinen. Sin embargo, contó una historia del presidente estadounidense Harry Truman para decir que había una responsabilidad que tenía que asumir la ministra. Y señaló que a pesar de la posición de su partido, iba a privilegiar los principios. La declaración fue aplaudida por los citantes al debate, mientras que Edward Rodríguez, también miembro del partido de Gobierno, censuró la celebración al representante Santos.

Santos fue seguido por su compañera de filas Margarita Restrepo. Esta tuvo una postura completamente distinta y comenzó hablando de un rechazo de toda corrupción, incluyendo el Carrusel de Contratación, en el que señaló como directamente responsable al Polo Democrático. También habló de supuestos actos de corrupción de Sergio Fajardo y de la administración Juan Manuel Santos. Estos comentarios fueron seguidos por argumentos de que se estaba persiguiendo a Abudinen por ser mujer y hasta dijo que la presunción de la inocencia de la ministra había sido violentada por la oposición. “A pesar de los errores que se han cometido, la ministra ha sido diligente. El foco debería ser la conexión a internet de los colombianos”, añadió Restrepo.

Por el partido de Gobierno también estuvo Óscar Darío Pérez, que también hizo uso del argumento de que se le había violado el principio de presunción de inocencia a la ministra. Para el representante Pérez, los comentarios de que se perdieron $2,1 billones no son ciertos debido a que los contratos con Centro Poblados y Comcel se hicieron para que se vayan desembolsando durante 10 años. Pérez reconoció que se entregó el contrato a una empresa que no era idónea, pero que esto no era razón para “quemar en la hoguera” a la ministra. Asimismo, criticó a su compañero de bancada Gabriel Santos y dijo que era mentira el principio de responsabilidad política enunciado por este, que eso era en el siglo XIX en Estados Unidos -aunque vale aclarar que el relato contado por Santos hace mención de un mandatario del siglo XX-.

El Partido de la U también intervino y lo hizo en un primer momento a través de Mónica María Raigoza. Esta inició diciendo en que “debía ser dura con los argumentos pero suave con la persona”. Luego reconoció que hubo irregularidades en la contratación e hizo énfasis en que todo los vinculados en el contrato se equivocaron, no solo desde el Ministerio. Raigoza le pidió resultados a Abudinen para dar con los responsables, pues la ministra sería una de las más interesadas en aclarar la situación. “Ministra, para adelante que de alguna manera los responsables no tienen mucho que hacer con la ley divina así la justicia terrenal se demore o falle”.

A esta la siguió Jorge Eliecer Salazar, que señaló que hay fallas en el contrato y que hubo funcionarios que fallaron, pero que eso tendrá que determinarlo los entes de control y no el Congreso. Salazar celebró la caducidad invocada por Abudinen: “eso me dio tranquilidad, porque para declarar caducidad hay que tener pantalones. Eso es un tema muy serio que va a tener repercusiones penales para los señores que metieron las garantías chimbas o de otros años”.

Modesto Aguilera fue el primero de Cambio Radical, partido del que sería ficha Karen Abudinen, que salió en defensa de la citada a moción de censura. Este comenzó recordando que compartió con la ministra cuando hicieron parte del despacho de Elsa Noguera. Esta historia la aprovechó para lanzar un vainazo a la izquierda y responsabilizarla por el gobierno del cura Bernardo Hoyos. “Yo sé que con su carácter los va a descubrir, ya lo está haciendo, y por eso usted no se debe ir del Ministerio. Tiene que quedarse para ayudar para sacar ese grupo de hampones, que no solo se metieron en su Ministerio. La censura de la ministra es un trofeo para los corruptos, pero no les vamos a dar ese gusto”, comentó el representante Aguilera. Este también lanzó comentarios en contra de los exmiembros de las Farc y los cuestionó por apoyar la moción cuando ellos reclutaron menores de edad.

Por Cambio Radical también intervino Héctor Vergara. Este dijo que coincidía con el representante Gabriel Santos en que no solo se debe hacer política con símbolos, sino con principios, pero dijo “el remedio generalizado que usted y gran parte de los citantes proponen (la renuncia) puede resultar peor que la enfermedad”, comentó Vergara, que agregó que renunciar sería doblegarse ante las mafias. “Lo que necesita este país es el coraje que está mostrando la ministra Karen”, expresó Vergara.

Desde el atril, el representante César Lorduy también tomó la palabra para defender a la ministra. Este destacó que todo el caso se conoció por el supuesto valor de la ministra de celebrar una audiencia de incumplimiento, que permitió descubrir las irregularidades y ponerlas en conocimiento de la Fiscalía. “Una persona que haga eso no pueda estar ocultando absolutamente nada. Si hubiera querido tapar ni siquiera hace la audiencia de incumplimiento”, argumentó el cercano al senador Arturo Char. Lorduy también calificó de “valiente” que Karen Abudinen declarara la caducidad del contrato. El representante consideró que la ministra de las TIC fue engañada y no se puede considerar como responsable porque también fue víctima.

Cambio Radical fue el último de los partidos que se pronunció para luego darle paso a la intervención del la ministra Karen Abudinen. La responsable de la cartera de las TIC aceptó que hubo varios delitos en el proceso de contratación y aseveró que ellos han colaborado para determinar dichas conductas. Abudinen dijo que no eran la Fiscalía o la Contraloría para determinar los delitos que se habrían cometido, pero destacó que se habría presentado falsificación de documentos entre otros ilícitos. La ministra señaló que el debate no debería centrarse sobre su gestión sino en la política criminal del Estado.

“Los que me piden la renuncia me dicen que debo hacer responsable políticamente de la situación”, yo tengo el deber de denunciar ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para resolver la situación lo más pronto posible y buscar la reparación. Mi responsabilidad es destapar la corrupción adentro y afuera del Ministerio”, añadió la ministra, que afirmó haber actuado a conciencia. También aseveró que ha sido ella una de las personas que ha desenmascarado el supuesto entramado de corrupción. “Los que merecen asumir la responsabilidad penal son los corruptos”.

Abudinen destacó que su labor más importante fue haber declarado la caducidad y hasta le sacó en cara a los citantes que uno de los socios de Centro Poblados tenga contratos en el desarrollo de vías en Bogotá. “A este gobierno lo respetan, porque hemos trabajado con la transparencia”, dijo vehementemente la ministra tras anunciar que tomará acciones legales contra los representantes que hablaron de una reunión de ella con Emilio Tapia, pues esta habría estado en San Andrés en las fechas en las que supuestamente ocurrieron los encuentros.

“Apliqué la mayor sanción administrativa en la contratación estatal”, resaltó Abudinen, que dijo que solo se tomó esta decisión cuando se supo de la garantía falsa pues antes eran meros chismes. “No piensen tanto en las elecciones, centren sus intereses en Colombia”, fueron los comentarios de la ministra de las TIC para decir que los verdaderos intereses de la moción eran de carácter electoral.

“Los corruptos han encontrado en mí su mayor enemiga, así lo he demostrado”, continuó la barranquillera para destacar los embargos y la entrega del cuestionado contrato a otros consorcios para que lo ejecuten. La ministra señaló que los representantes deben reformar la ley 80, pues esta no le daba los elementos suficientes para frenar a Centros Poblados.

“Estoy tranquila, uno no se atornilla a los cargos, pero uno debe atornillarse para llevar esto hasta las últimas consecuencias”, fueron las palabras de Abudinen para decir que era la máxima enemiga de los contratistas que presentaron las falsas garantías. La ministra advirtió desde el atril que tomará acciones legales contra los que hablaron en su contra: “no voy a permitir una tacha sobre mi nombre”.

La ministra de las TIC respondió a algunos de los señalamientos hechos por los miembros de la oposición. Karen Abudinen rechazó que haya favorecido a uno de sus asesores que también figuraba como representante legal de uno de los consorcios que se presentaron a la licitación que ganó Centros Poblados. Esta aseguró que el asesor estaba en el Ministerio desde antes de su llegada y que al terminarle el contrato no lo llevó a otras dependencias vinculadas a su cartera, sino que este ya tenía contratos en estos lugares.

Sobre las reuniones con la procuradora Margarita Cabello, la ministra aseveró que estos encuentros se debían a que, como funcionaria, tenía que entregarle toda la documentación de los contratos. También aseguró que era un mito que la Unión Temporal Centros Poblados ganara por ofrecer más puntos de conexión, pues lo cierto es que en su momento fue la que ofreció mayor calidad. De igual manera, Karen Abudinen celebró que su administración fue “acuciosa” y no entregó todo el anticipo posible, hasta el 50% del contrato, sino que apenas permitió el 7% de todo el monto del convenio.

En su defensa, la ministra cuestionó la empresa que tuvo que revisar las garantías por Centros Poblados y hasta llegó a decir que “no fue diligente”. Luego reconoció que su ministerio tuvo fallas, “o sino no estaría acá ante ustedes”, pero se disculpó diciendo que han sido diligentes tras descubrir las irregularidades que ocurrieron en la licitación. Además, expresó que solo dieron vía libre al desembolso porque la interventoría dio el visto bueno para que se llevara a cabo.

Abudinen reiteró que estuvo encima del contrato, incluso habría hecho casi 40 reuniones con la interventoría, y hasta destacó como un logro suyo que se descubriera las garantías falsas presentadas por Centro Poblados gracias a la audiencia de caducidad que citó su cartera. Esta retomó el argumento de sus defensores y dijo que “pocos se atreven a declarar la caducidad”, pues es un proceso lento y a veces se prefiere que solo que se ceda el contrato a otro consorcio.

“Mintic fue víctima de los contratistas corruptos”, agregó la ministra, que llegó a decir que los citantes al debate estaban desinformando sobre lo que realmente habría ocurrido con el contrato. “Nadie puede decir que estuvimos con los brazos cruzados”, añadió la ministra, que luego volvió a hacer énfasis en que la acción más destacada en todo este entuerto fue la caducidad. La cercana a la Casa Char también informó de que supuestamente se estaría avanzando en recuperar el avance de los $70.000 perdidos con el embargo de cuentas, carros y otras propiedades de los vinculados de Centros Poblados.

“Hoy lo que tenemos que continuar con determinación para llevar las metas de conectividad del presidente Duque. (...) Si a Colombia le llega a funcionar mi renuncia, lo haría”, dijo la ministra, que recordó que el contrato seguirá ejecutándose, aunque en las manos de ETB. “Me les enfrenté. Me tienen miedo”, fue el comentario que hizo la ministra para decir a los presentes en el salón elíptico que la caducidad que ella lideró sacó del sistema de contratación pública a los miembros de Centros Poblado. Abudinen terminó diciendo que parecía que los citantes querían beneficiar al cuestionado consorcio.