Encuestas: ¿bien hechas o manipuladas?

Cada que se surte un proceso electoral en Colombia -bien sea nacional, regional o local- las encuestas se convierten en uno de los centros del debate. Quienes aparecen en ellas punteando dicen que los resultados los obliga a trabajar aún más duro y que no han ganado nada todavía, y quienes van perdiendo hablan del reflejo de un momento coyuntural, que la verdadera encuesta es el día de los comicios o, en muchos casos, que hay una manipulación con el fin de hacer cambiar la percepción de los ciudadanos.

El actual proceso electoral para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y juntas administradoras locales, el próximo 25 de octubre, no ha estado exento de esa polémica. De hecho, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se dio a la tarea de revisar 253 encuestas y encontró que 171 se hicieron cumpliendo con los requisitos que exige la ley, mientras que 82 presentaron irregularidades, entre ellas publicación incompleta de la ficha técnica, distorsión de la información publicada y algunas realizadas por firmas no inscritas ante el Registro Nacional de Encuestadores.

Ante esta situación, el CNE anunció la apertura de una investigación que involucra al Centro Nacional de Consultoría, Gallup Colombia, Cifras y Conceptos, Analizar y Asociados Mercadeo y Opinión, Ipsos Napoleón Franco, Datexco, Centro Regional de Consultoría Urabá, Centro Regional de Consultoría Proyección e Imagen, Colombia Global Mining y Business, Corporación Para la Investigación y el Fomento Empresarial (Cefin), Fredy Armando Revelo, MCW SAS, Mediciones y Medios, Progestión Internacional y Yamil Cura.

También serán investigados varios medios de comunicación, tanto impresos, radiales, de televisión y portales web, como El Tiempo, El País de Cali, La República, Vanguardia Liberal y El Colombiano. En este caso, las eventuales irregularidades tienen que ver con la presunta publicación incompleta de la ficha técnica. Las sanciones estipuladas contra quienes realicen y divulguen encuestas o sondeos de opinión de carácter político o electoral, sin el lleno de los requisitos, van desde $16’108.750 hasta $25’774.000, o la suspensión o prohibición del ejercicio de estas actividades.

En criterio del magistrado Alexánder Vega, uno de los tres integrantes del Comité Nacional de Encuestas del CNE, estas decisiones lo que buscan es “proteger al electorado” y la idea es llevar ante la Sala Plena de la corporación un proyecto para que se unifique la metodología de las firmas encuestadoras. “El objetivo es que no haya manipulación y que existan unos parámetros definidos en consenso con las mismas encuestadoras. Hemos encontrado, por ejemplo, que quien manda a hacer la encuesta es quien la gana”, expresó Vega.

Lo que sí se apresuró a aclarar el CNE es que no se exigirá control previo a quienes realicen las encuestas ni se les pedirá revelar con anterioridad la información de la medición. Una aclaración pertinente ante las voces que ya comienzan a hablar de un intento de censura o costreñimiento previo no sólo a las encuestadoras, sino a los medios de comunicación. Para César Valderrama, presidente de Datexco, los resultados son los que, finalmente, terminan premiando o castigando a las empresas y pensar en hacer un control previo a los sondeos es casi que imposible. “Las firmas seríamos las menos afectadas, pero los que sí saldrían golpeados serían los partidos políticos, la prensa y la democracia”, enfatizó.

Lo cierto es que a 17 días de las elecciones todo indica que las medidas que plantea el CNE tendrán que quedarse para el futuro, es decir, para las presidenciales de 2018. Otro elemento para la discusión es la recomendación que hizo en el sentido de que para garantizar pluralismo, equilibrio e imparcialidad, los medios deben invitar a los debates a todos los candidatos inscritos. Un fallo de la Corte Constitucional de 1994 señala que estos se pueden realizar con quienes tengan los mayores volúmenes de opinión, según las encuestas.

La polémica persistirá de aquí a los comicios. La preocupación de candidatos como Clara López -a la Alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático- es que las encuestas influyan en lo que llaman “voto útil”, que es cuando el elector escoge una opción que no era su preferida, pensando que su candidato, según los sondeos, no tiene posibilidades de ganar. López casó pelea precisamente con Datexco, que en una reciente encuesta la puso de cuarta en la intención de voto de los bogotanos.

Lo mismo pasó con Marta Lucía Ramírez, excandidata presidencial conservadora, quien se trenzó en una discusión con la firma Cifras y Conceptos porque a comienzos de semana reveló una encuesta con un empate técnico entre los candidatos Rafael Pardo, Enrique Peñalosa y la misma Clara López, en Bogotá. “Qué vergüenza, la firma encuestadora del socio candidato Rafael Pardo no se declara impedida. Manipula la opinión”, señaló Ramírez.

Cuestionamiento que tuvo respuesta en César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, quien recordó que desde 1994 existe en el país una regulación sobre encuestas de carácter electoral y que en diciembre de 2014 las firmas encuestadoras acogieron un documento de autorregulación. “Trabajamos con profesionalismo y responsabilidad, conscientes de la importancia de nuestra labor para alimentar el debate público”, dijo Caballero.

La polémica está servida. Los cuestionamientos pululan por toda Colombia. Hay quienes ven en el CNE un organismo demasiado político para fijar una reglamentación que no traspase la línea de la censura y recupere la credibilidad perdida en las encuestas por culpa de las acusaciones de manipulación y por los mismos resultados tan dispares que sobre una misma elección se muestran. Lo que hay que entender es que las encuestas son la foto de un momento y que las metodologías en su realización influyen. Lo que sí sigue aplicando es que la verdadera encuesta es la de las urnas.

Cada que se surte un proceso electoral en Colombia -bien sea nacional, regional o local- las encuestas se convierten en uno de los centros del debate. Quienes aparecen en ellas punteando dicen que los resultados los obliga a trabajar aún más duro y que no han ganado nada todavía, y quienes van perdiendo hablan del reflejo de un momento coyuntural, que la verdadera encuesta es el día de los comicios o, en muchos casos, que hay una manipulación con el fin de hacer cambiar la percepción de los ciudadanos.

El actual proceso electoral para elegir alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y juntas administradoras locales, el próximo 25 de octubre, no ha estado exento de esa polémica. De hecho, el Consejo Nacional Electoral (CNE) se dio a la tarea de revisar 253 encuestas y encontró que 171 se hicieron cumpliendo con los requisitos que exige la ley, mientras que 82 presentaron irregularidades, entre ellas publicación incompleta de la ficha técnica, distorsión de la información publicada y algunas realizadas por firmas no inscritas ante el Registro Nacional de Encuestadores.

Ante esta situación, el CNE anunció la apertura de una investigación que involucra al Centro Nacional de Consultoría, Gallup Colombia, Cifras y Conceptos, Analizar y Asociados Mercadeo y Opinión, Ipsos Napoleón Franco, Datexco, Centro Regional de Consultoría Urabá, Centro Regional de Consultoría Proyección e Imagen, Colombia Global Mining y Business, Corporación Para la Investigación y el Fomento Empresarial (Cefin), Fredy Armando Revelo, MCW SAS, Mediciones y Medios, Progestión Internacional y Yamil Cura.

También serán investigados varios medios de comunicación, tanto impresos, radiales, de televisión y portales web, como El Tiempo, El País de Cali, La República, Vanguardia Liberal y El Colombiano. En este caso, las eventuales irregularidades tienen que ver con la presunta publicación incompleta de la ficha técnica. Las sanciones estipuladas contra quienes realicen y divulguen encuestas o sondeos de opinión de carácter político o electoral, sin el lleno de los requisitos, van desde $16’108.750 hasta $25’774.000, o la suspensión o prohibición del ejercicio de estas actividades.

En criterio del magistrado Alexánder Vega, uno de los tres integrantes del Comité Nacional de Encuestas del CNE, estas decisiones lo que buscan es “proteger al electorado” y la idea es llevar ante la Sala Plena de la corporación un proyecto para que se unifique la metodología de las firmas encuestadoras. “El objetivo es que no haya manipulación y que existan unos parámetros definidos en consenso con las mismas encuestadoras. Hemos encontrado, por ejemplo, que quien manda a hacer la encuesta es quien la gana”, expresó Vega.

Lo que sí se apresuró a aclarar el CNE es que no se exigirá control previo a quienes realicen las encuestas ni se les pedirá revelar con anterioridad la información de la medición. Una aclaración pertinente ante las voces que ya comienzan a hablar de un intento de censura o costreñimiento previo no sólo a las encuestadoras, sino a los medios de comunicación. Para César Valderrama, presidente de Datexco, los resultados son los que, finalmente, terminan premiando o castigando a las empresas y pensar en hacer un control previo a los sondeos es casi que imposible. “Las firmas seríamos las menos afectadas, pero los que sí saldrían golpeados serían los partidos políticos, la prensa y la democracia”, enfatizó.

Lo cierto es que a 17 días de las elecciones todo indica que las medidas que plantea el CNE tendrán que quedarse para el futuro, es decir, para las presidenciales de 2018. Otro elemento para la discusión es la recomendación que hizo en el sentido de que para garantizar pluralismo, equilibrio e imparcialidad, los medios deben invitar a los debates a todos los candidatos inscritos. Un fallo de la Corte Constitucional de 1994 señala que estos se pueden realizar con quienes tengan los mayores volúmenes de opinión, según las encuestas.

La polémica persistirá de aquí a los comicios. La preocupación de candidatos como Clara López -a la Alcaldía de Bogotá por el Polo Democrático- es que las encuestas influyan en lo que llaman “voto útil”, que es cuando el elector escoge una opción que no era su preferida, pensando que su candidato, según los sondeos, no tiene posibilidades de ganar. López casó pelea precisamente con Datexco, que en una reciente encuesta la puso de cuarta en la intención de voto de los bogotanos.

Lo mismo pasó con Marta Lucía Ramírez, excandidata presidencial conservadora, quien se trenzó en una discusión con la firma Cifras y Conceptos porque a comienzos de semana reveló una encuesta con un empate técnico entre los candidatos Rafael Pardo, Enrique Peñalosa y la misma Clara López, en Bogotá. “Qué vergüenza, la firma encuestadora del socio candidato Rafael Pardo no se declara impedida. Manipula la opinión”, señaló Ramírez.

Cuestionamiento que tuvo respuesta en César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos, quien recordó que desde 1994 existe en el país una regulación sobre encuestas de carácter electoral y que en diciembre de 2014 las firmas encuestadoras acogieron un documento de autorregulación. “Trabajamos con profesionalismo y responsabilidad, conscientes de la importancia de nuestra labor para alimentar el debate público”, dijo Caballero.

La polémica está servida. Los cuestionamientos pululan por toda Colombia. Hay quienes ven en el CNE un organismo demasiado político para fijar una reglamentación que no traspase la línea de la censura y recupere la credibilidad perdida en las encuestas por culpa de las acusaciones de manipulación y por los mismos resultados tan dispares que sobre una misma elección se muestran. Lo que hay que entender es que las encuestas son la foto de un momento y que las metodologías en su realización influyen. Lo que sí sigue aplicando es que la verdadera encuesta es la de las urnas.