Entes de control piden a Gobierno “redoblar esfuerzos” para atender a víctimas

Advirtiendo que se debe continuar fortaleciendo la articulación institucional y la implementación de medidas reparadoras sostenibles, este miércoles los entes de control –la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo, así como la Mesa Nacional de Víctimas– pidieron al Gobierno Nacional redoblar esfuerzos institucionales y presupuestales para atender y reparar a las víctimas del conflicto.

Según alertaron los organismos, a raíz de la agudización del conflicto armado en las regiones, la minería ilegal, el narcotráfico y las disputas por el territorio entre los grupos armados ilegales, se duplicaron los desplazamientos masivos en 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020.

“Durante el primer semestre de este año se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo, en los que 44.920 personas pertenecientes a 15.340 familias se movilizaron de manera forzada a otros lugares por cuenta del conflicto. En el mismo periodo del año anterior se registraron 51 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 13.912 personas de 4.311 familias”, declararon conjuntamente los organismos.

De acuerdo con los entes de control, el 91% de las víctimas están en situación de pobreza o vulnerabilidad. Adicionalmente, aunque se destaca que se han emitido 276.434 órdenes de reparación proferidas por jueces especializados en restitución de tierras –beneficiando a 33.028 personas–, “se requieren esfuerzos adicionales para lograr un alto nivel de cumplimiento de las decisiones judiciales”.

Justo este miércoles se realizó un evento de aprobación de los informes de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo, lo anterior en cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y de los decretos leyes étnicos. Allí, los entes de control y los representantes de las víctimas identificaron dificultades en los procesos de reparación colectiva, retornos y reubicaciones, indemnización y rehabilitación.

En ese sentido, hicieron un llamado a las alcaldías municipales donde se encuentran los 34 puntos de atención de la Unidad para las Víctimas a asignar recursos para su funcionamiento y mantenimiento, ya que algunas obras presentaron deterioros durante la suspensión de la atención presencial en 2020, debido a la pandemia por COVID-19.

Por otro lado, celebraron la prórroga de 10 años de la ley de víctimas y la expedición del Conpes 4031, en el cual se proyectan recursos y lineamientos de acción para la política pública. En ese sentido, destacaron la inversión realizada por el Gobierno frente al reto de la implementación del Acuerdo de Paz.

“Es el que más ha invertido recursos en ello, con un esfuerzo fiscal de $135,5 billones, entre 2012 y 2021. Se requieren $328,3 billones adicionales para garantizar a las víctimas una reparación integral”, precisaron, resaltando un estudio específico en materia de género que señaló que más de la mitad de las víctimas del conflicto son mujeres. “En esa medida, la respuesta institucional debe adecuarse a sus necesidades”.

Advirtiendo que se debe continuar fortaleciendo la articulación institucional y la implementación de medidas reparadoras sostenibles, este miércoles los entes de control –la Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo, así como la Mesa Nacional de Víctimas– pidieron al Gobierno Nacional redoblar esfuerzos institucionales y presupuestales para atender y reparar a las víctimas del conflicto.

Según alertaron los organismos, a raíz de la agudización del conflicto armado en las regiones, la minería ilegal, el narcotráfico y las disputas por el territorio entre los grupos armados ilegales, se duplicaron los desplazamientos masivos en 2021 en comparación con el mismo periodo de 2020.

“Durante el primer semestre de este año se han presentado 102 eventos de desplazamiento masivo, en los que 44.920 personas pertenecientes a 15.340 familias se movilizaron de manera forzada a otros lugares por cuenta del conflicto. En el mismo periodo del año anterior se registraron 51 eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 13.912 personas de 4.311 familias”, declararon conjuntamente los organismos.

De acuerdo con los entes de control, el 91% de las víctimas están en situación de pobreza o vulnerabilidad. Adicionalmente, aunque se destaca que se han emitido 276.434 órdenes de reparación proferidas por jueces especializados en restitución de tierras –beneficiando a 33.028 personas–, “se requieren esfuerzos adicionales para lograr un alto nivel de cumplimiento de las decisiones judiciales”.

Justo este miércoles se realizó un evento de aprobación de los informes de las Comisiones de Seguimiento y Monitoreo, lo anterior en cumplimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y de los decretos leyes étnicos. Allí, los entes de control y los representantes de las víctimas identificaron dificultades en los procesos de reparación colectiva, retornos y reubicaciones, indemnización y rehabilitación.

En ese sentido, hicieron un llamado a las alcaldías municipales donde se encuentran los 34 puntos de atención de la Unidad para las Víctimas a asignar recursos para su funcionamiento y mantenimiento, ya que algunas obras presentaron deterioros durante la suspensión de la atención presencial en 2020, debido a la pandemia por COVID-19.

Por otro lado, celebraron la prórroga de 10 años de la ley de víctimas y la expedición del Conpes 4031, en el cual se proyectan recursos y lineamientos de acción para la política pública. En ese sentido, destacaron la inversión realizada por el Gobierno frente al reto de la implementación del Acuerdo de Paz.

“Es el que más ha invertido recursos en ello, con un esfuerzo fiscal de $135,5 billones, entre 2012 y 2021. Se requieren $328,3 billones adicionales para garantizar a las víctimas una reparación integral”, precisaron, resaltando un estudio específico en materia de género que señaló que más de la mitad de las víctimas del conflicto son mujeres. “En esa medida, la respuesta institucional debe adecuarse a sus necesidades”.