Entre el acuerdo nacional y golpe de Estado blando (análisis)
¿Cederá la izquierda a la provocación y abandonará el acuerdo nacional? En un clima de violencia y polarización, se cuestiona si la gestión efectiva del Estado podrá responder a las necesidades del pueblo o si prevalecerá la movilización masiva.
Andrea Arango Gutiérrez*
Un nuevo acuerdo
El 4 de octubre el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lanzó la más reciente versión de un “Acuerdo Nacional” que pretendía ser un pacto contra la Violencia y por la Democracia. Sin embargo, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado 8 de octubre, anunció que abriría una investigación al presidente por la presunta violación de topes de financiación en la campaña del 2022, generó la reacción esperada. El mandatario anunció que había empezado un golpe de Estado en su contra, llamó a una movilización “grande e inmensa” y sepultó la posibilidad de un acuerdo nacional.
Cristo intentó construir un acuerdo que reuniera diversos sectores políticos, sociales, comunitarios, gremiales y económicos. El acuerdo intentaba unir no solo al país político sino al país nacional, para usar la expresión de Gaitán, con los objetivos de disminuir la polarización, usar los canales institucionales para tramitar las diferencias, construir acuerdos con diversos sectores, fortalecer la presencia institucional en las zonas más afectadas por el conflicto armado, y, por último, abonar el terreno para unas elecciones pacíficas en el 2026.
El llamado “acuerdo sobre los mínimos” en realidad albergaba grandes máximas. El mismo ministro hablaba de cinco puntos:
- Seguridad y erradicación de la violencia del ejercicio de la política.
- Respeto a las reglas electorales y al calendario electoral.
- Transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto.
- Crecimiento económico con equidad - Transformación de la economía.
- Compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales.
Este esfuerzo se venía construyendo desde el 30 de julio, cuando a menos de 20 días de posesionarse, el ministro comenzó a viajar por los 170 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDT) priorizados a partir del acuerdo de paz con las Farc. Cristo buscaba identificar las necesidades que debían ser priorizadas en el año y 10 meses que le restan al gobierno. Este procedimiento es un componente inédito para un acuerdo nacional.
Por lo general, los gobiernos plantean un acuerdo al inicio de su mandato y en las instalaciones anuales de las legislaturas. Usualmente se ha entendido como un pacto entre el ejecutivo y el legislativo en el que el presidente se muestra dispuesto a ceder en acuerdos programáticos a cambio de que su agenda legislativa avance y gane gobernabilidad. Sin embargo, con la inclusión de diversos sectores y territorios, el acuerdo pretendía ser mucho más: una hoja de ruta inédita en la que se impulsara la ejecución del gasto en las zonas con mayor ausencia estatal.
Lea también: “El pueblo queda facultado para actuar como lo decida”: Petro por caso en Consejo Electoral
¿Una mala lectura?
Asimismo, para avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz y ganar gobernabilidad en el Congreso, Cristo insistía en dar tranquilidad al sector político respecto al uso de los canales institucionales. Esto despejaría las dudas sobre la idea de la constituyente que Petro había promovido en la legislatura pasada y sobre una reforma política que incluyera la reelección. A cambio, se esperaba que los parlamentarios de la oposición debatieran los proyectos de ley del gobierno, evitando el filibusterismo y las estrategias dilatorias que han utilizado hasta la fecha.
Aunque Cristo se mantiene optimista sobre el acuerdo nacional tras la crisis política generada por el comunicado del CNE, una golondrina no hace verano. La respuesta del presidente ante esta última contingencia no contribuye a calmar al sector político, lo que dificulta avanzar en la agenda legislativa y ejecutar el gasto en los territorios que más lo necesitan. Por el contrario, exacerba las contradicciones, distrae a la administración de los asuntos públicos, agita a las bases más fieles e incentiva a alejarse de los canales institucionales.
La forma de responder a los bloqueos institucionales, que, sin duda, han ocurrido de manera sistemática contra este gobierno, es una característica clave de la estrategia política y electoral que Petro. Esta postura no la cambiará ni Cristo ni su ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien explica con calma y experticia jurídica que no se trata de un golpe de Estado blando y que el fuero presidencial impide al CNE investigarlo por faltas administrativas.
Por su parte, Roy Barreras, quien advierte que “el Consejo Electoral no investigará al presidente de la República porque no puede hacerlo”, ha señalado que la confusión vino de una lectura equivocada del comunicado emitido por el presidente del CNE, César Lorduy.
Si bien es cierto que el diseño institucional y los actores políticos que han moldeado el Estado se oponen a modificar la estructura política y económica del país, especialmente cuando implica perder privilegios en beneficio de los sectores populares, existen herramientas que permiten avanzar hacia los cambios necesarios para reducir la desigualdad económica.
Es probable que Lorduy no haya cometido una simple equivocación al leer el comunicado. Lo que sí es cierto es que Gustavo Petro sigue reaccionando ante cada provocación. De esta manera, será imposible avanzar en la ejecución administrativa que el país y los territorios tanto necesitan.
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El estadista y el ideólogo
Las plataformas de Derechos Humanos ya han advertido sobre la baja ejecución administrativa. Aunque celebran la llegada de un gobierno progresista, sus discursos y buenas intenciones, hacen un llamado a tomar medidas concretas para reducir la brecha en la implementación. En otras palabras, el diagnóstico de los problemas es claro y el marco institucional ofrece herramientas para avanzar.
A pesar de que aún hay temas legislativos importantes por resolver, el gobierno puede hacer mucho en términos de gestión y ejecución administrativa. Por este motivo, es crucial acelerar el ritmo antes de que entre en vigor la ley de garantías. Cristo lo sabe y por eso insiste en el acuerdo nacional.
Por otro lado, insistir en la polarización y en el anhelo de sentirse rodeado por un pueblo al estilo de un caudillo, carece de sentido de realidad y no mide las consecuencias políticas:
- Desgastar más las bases populares.
- Exacerbar la desconfianza en las instituciones.
- Aumentar la polarización que puede desembocar en un escenario de violencia incontrolada para las elecciones del 2026.
- Fortalecer el proyecto político de la extrema derecha.
El esfuerzo de un político con responsabilidad, como Cristo, ha sido opacado por el deseo de un político con profundas convicciones, como Petro. Max Weber ya advertía en El político y el científico sobre la diferencia entre un estadista y un ideólogo: el primero sigue la ética de la responsabilidad, prevé las consecuencias de sus palabras y acciones, sabe callar cuando es necesario y está dispuesto a perder pequeñas batallas para alcanzar grandes objetivos. En cambio, el ideólogo busca siempre ser coherente, decirle a cada actor su verdad y ganar puntos pequeños siendo fiel a sus convicciones, incluso si eso significa perder la gran batalla.
La reflexión es la siguiente: si la izquierda, ahora que finalmente es vanguardia, dirección y gobierno, ¿cederá el terreno institucional para volver a la calle? Con solo un año y medio restante para la ejecución presupuestal, ¿invertirá toda su energía en movilizar a las masas? Creo que las necesidades insatisfechas del pueblo se resuelven mejor gestionando el aparato burocrático y ejecutando el gasto público donde sea posible.
*Analista y asesora política. Magíster en Ciencia Política de San Diego State University y politóloga de la Universidad de Antioquia.
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Un nuevo acuerdo
El 4 de octubre el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lanzó la más reciente versión de un “Acuerdo Nacional” que pretendía ser un pacto contra la Violencia y por la Democracia. Sin embargo, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado 8 de octubre, anunció que abriría una investigación al presidente por la presunta violación de topes de financiación en la campaña del 2022, generó la reacción esperada. El mandatario anunció que había empezado un golpe de Estado en su contra, llamó a una movilización “grande e inmensa” y sepultó la posibilidad de un acuerdo nacional.
Cristo intentó construir un acuerdo que reuniera diversos sectores políticos, sociales, comunitarios, gremiales y económicos. El acuerdo intentaba unir no solo al país político sino al país nacional, para usar la expresión de Gaitán, con los objetivos de disminuir la polarización, usar los canales institucionales para tramitar las diferencias, construir acuerdos con diversos sectores, fortalecer la presencia institucional en las zonas más afectadas por el conflicto armado, y, por último, abonar el terreno para unas elecciones pacíficas en el 2026.
El llamado “acuerdo sobre los mínimos” en realidad albergaba grandes máximas. El mismo ministro hablaba de cinco puntos:
- Seguridad y erradicación de la violencia del ejercicio de la política.
- Respeto a las reglas electorales y al calendario electoral.
- Transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto.
- Crecimiento económico con equidad - Transformación de la economía.
- Compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales.
Este esfuerzo se venía construyendo desde el 30 de julio, cuando a menos de 20 días de posesionarse, el ministro comenzó a viajar por los 170 municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PEDT) priorizados a partir del acuerdo de paz con las Farc. Cristo buscaba identificar las necesidades que debían ser priorizadas en el año y 10 meses que le restan al gobierno. Este procedimiento es un componente inédito para un acuerdo nacional.
Por lo general, los gobiernos plantean un acuerdo al inicio de su mandato y en las instalaciones anuales de las legislaturas. Usualmente se ha entendido como un pacto entre el ejecutivo y el legislativo en el que el presidente se muestra dispuesto a ceder en acuerdos programáticos a cambio de que su agenda legislativa avance y gane gobernabilidad. Sin embargo, con la inclusión de diversos sectores y territorios, el acuerdo pretendía ser mucho más: una hoja de ruta inédita en la que se impulsara la ejecución del gasto en las zonas con mayor ausencia estatal.
Lea también: “El pueblo queda facultado para actuar como lo decida”: Petro por caso en Consejo Electoral
¿Una mala lectura?
Asimismo, para avanzar en el cumplimiento del acuerdo de paz y ganar gobernabilidad en el Congreso, Cristo insistía en dar tranquilidad al sector político respecto al uso de los canales institucionales. Esto despejaría las dudas sobre la idea de la constituyente que Petro había promovido en la legislatura pasada y sobre una reforma política que incluyera la reelección. A cambio, se esperaba que los parlamentarios de la oposición debatieran los proyectos de ley del gobierno, evitando el filibusterismo y las estrategias dilatorias que han utilizado hasta la fecha.
Aunque Cristo se mantiene optimista sobre el acuerdo nacional tras la crisis política generada por el comunicado del CNE, una golondrina no hace verano. La respuesta del presidente ante esta última contingencia no contribuye a calmar al sector político, lo que dificulta avanzar en la agenda legislativa y ejecutar el gasto en los territorios que más lo necesitan. Por el contrario, exacerba las contradicciones, distrae a la administración de los asuntos públicos, agita a las bases más fieles e incentiva a alejarse de los canales institucionales.
La forma de responder a los bloqueos institucionales, que, sin duda, han ocurrido de manera sistemática contra este gobierno, es una característica clave de la estrategia política y electoral que Petro. Esta postura no la cambiará ni Cristo ni su ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, quien explica con calma y experticia jurídica que no se trata de un golpe de Estado blando y que el fuero presidencial impide al CNE investigarlo por faltas administrativas.
Por su parte, Roy Barreras, quien advierte que “el Consejo Electoral no investigará al presidente de la República porque no puede hacerlo”, ha señalado que la confusión vino de una lectura equivocada del comunicado emitido por el presidente del CNE, César Lorduy.
Si bien es cierto que el diseño institucional y los actores políticos que han moldeado el Estado se oponen a modificar la estructura política y económica del país, especialmente cuando implica perder privilegios en beneficio de los sectores populares, existen herramientas que permiten avanzar hacia los cambios necesarios para reducir la desigualdad económica.
Es probable que Lorduy no haya cometido una simple equivocación al leer el comunicado. Lo que sí es cierto es que Gustavo Petro sigue reaccionando ante cada provocación. De esta manera, será imposible avanzar en la ejecución administrativa que el país y los territorios tanto necesitan.
No se pierda: Idárraga denunciará al registrador Penagos por contrato adjudicado a Thomas Greg
El estadista y el ideólogo
Las plataformas de Derechos Humanos ya han advertido sobre la baja ejecución administrativa. Aunque celebran la llegada de un gobierno progresista, sus discursos y buenas intenciones, hacen un llamado a tomar medidas concretas para reducir la brecha en la implementación. En otras palabras, el diagnóstico de los problemas es claro y el marco institucional ofrece herramientas para avanzar.
A pesar de que aún hay temas legislativos importantes por resolver, el gobierno puede hacer mucho en términos de gestión y ejecución administrativa. Por este motivo, es crucial acelerar el ritmo antes de que entre en vigor la ley de garantías. Cristo lo sabe y por eso insiste en el acuerdo nacional.
Por otro lado, insistir en la polarización y en el anhelo de sentirse rodeado por un pueblo al estilo de un caudillo, carece de sentido de realidad y no mide las consecuencias políticas:
- Desgastar más las bases populares.
- Exacerbar la desconfianza en las instituciones.
- Aumentar la polarización que puede desembocar en un escenario de violencia incontrolada para las elecciones del 2026.
- Fortalecer el proyecto político de la extrema derecha.
El esfuerzo de un político con responsabilidad, como Cristo, ha sido opacado por el deseo de un político con profundas convicciones, como Petro. Max Weber ya advertía en El político y el científico sobre la diferencia entre un estadista y un ideólogo: el primero sigue la ética de la responsabilidad, prevé las consecuencias de sus palabras y acciones, sabe callar cuando es necesario y está dispuesto a perder pequeñas batallas para alcanzar grandes objetivos. En cambio, el ideólogo busca siempre ser coherente, decirle a cada actor su verdad y ganar puntos pequeños siendo fiel a sus convicciones, incluso si eso significa perder la gran batalla.
La reflexión es la siguiente: si la izquierda, ahora que finalmente es vanguardia, dirección y gobierno, ¿cederá el terreno institucional para volver a la calle? Con solo un año y medio restante para la ejecución presupuestal, ¿invertirá toda su energía en movilizar a las masas? Creo que las necesidades insatisfechas del pueblo se resuelven mejor gestionando el aparato burocrático y ejecutando el gasto público donde sea posible.
*Analista y asesora política. Magíster en Ciencia Política de San Diego State University y politóloga de la Universidad de Antioquia.
👁🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.
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