Entrenamiento militar bajo tortura: ¿origen de falsos positivos?

Desde que The New York Times revelara, a mediados de mayo, la existencia de una directriz en el interior del Ejército Nacional, con la que se les exigía a las tropas establecer metas claras sobre resultados, el fantasma de los mal llamados falsos positivos volvió a rondar en el país. No importa que dicha directriz haya sido retirada y que el presidente Iván Duque haya designado una comisión para hacer “un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales de la Fuerza Pública” y “evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario”. Los cuestionamientos están a la orden del día, en el plano local e internacional, y el Gobierno ha tenido que salir a dar explicaciones.

La discusión tiene diferentes aristas y se libra en diversos escenarios, siendo el principal el Congreso de la República, donde ayer la Plenaria del Senado definía los ascensos de 13 oficiales de la Fuerza Pública, uno de ellos rodeado de polémica: el del comandante del Ejército, general Nicacio de Jesús Martínez (ver página siguiente), a quien recientes revelaciones periodísticas lo involucran con hechos relacionados, precisamente, con ejecuciones extrajudiciales. A su vez, también ayer, en la Comisión Primera, el senador Gustavo Petro adelantó un debate de control político al ministro de Defensa, Guillermo Botero, por las denuncias de posibles políticas estratégicas que le abren la puerta a la reaparición de los mencionados falsos positivos, crímenes que están en la mira de la Corte Penal Internacional y de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues costó la vida de al menos 3.000 civiles inocentes.

En este contexto, el líder de Colombia Humana adelantó su citación a partir de la pregunta: ¿Por qué el Ejército comete homicidios? Petro inició su debate recordando que en 2006, en la misma Comisión Primera, denunció la existencia de la directriz 029 que impulsó el capítulo de los falsos positivos. “Tengo que empezar por hacer un acto de constricción. En ese momento dije que existía una política de seguridad que se tasaba en muertes de inocentes, y hoy tengo que reconocer que la tesis es incompleta, que no son las directrices ministeriales las que conducen a que alguien mate a un inocente, sino que esto obedece a la manera como se adelanta el entrenamiento de quienes portan el uniforme”, explicó. Y durante una hora de intervención, expuso videos, testimonios y documentos que apuntan a que los entrenamientos militares se basan en la humillación, tortura y maltrato de los oficiales en curso, lo cual, en su concepto, contribuye a que estén dispuestos a matar sin contemplación.

Petro rememoró los días en que se pagaban recompensas, que iban desde un pollo hasta ascensos, a aquellos militares y unidades que demostraran el mayor número de “positivos”, especialmente si se trataba de bajas en combate. Exhibió como prueba un archivo supuestamente perteneciente al Batallón Puracé, en el que se reconoce que para combatir al Eln se requiere implantar células de las Águilas Negras para identificar las rutas por las que opera la insurgencia y las casas de los milicianos. “Este documento prueba que las Águilas Negras no son un grupo paramilitar autónomo, sino que es una corporación integrada por funcionarios públicos que actúa por fuera de la ley”, precisó.

Reseñó un aparte de las “Políticas del mando 2019”, en las que, enfatizó, se regresaría a la directriz 029, pues también define una serie de incentivos “que van, nuevamente, desde un pollo hasta ascensos” para quienes den resultados operacionales, los cuales se basan en desmovilizaciones, capturas o muertes en combate. “Volvimos a la seguridad democrática, una política que estimulaba el asesinato de civiles inocentes, pero como les dije, siento que la tesis del año 2006 estaba incompleta, pues la principal explicación para que un ciudadano asesine a un inocente es la formación que le dan para que llegue a eso”, manifestó.

Petro proyectó dos videos en los que se aprecia a un grupo de militares caminando de rodillas mientras otros uniformados les pegan y los insultan brutalmente. Explicó —sustentándolo con dos testimonios de exmilitares— que las agresiones eran parte del entrenamiento del curso de lanceros y que, como parte del proceso de formación, un grupo de uniformados se disfrazaba de guerrilleros del Eln, asaltaba a la unidad militar y simulaba un secuestro, en el que los torturaban y maltrataban física y psicológicamente.

Terminada la exposición del congresista, tomó la palabra el ministro Botero, quien enfatizó que el Gobierno ha impulsado una política de seguridad y legalidad en la que no caben las violaciones a los derechos humanos. “La política a la que se refiere al senador es pública y ampliamente difundida. Fue lanzada el 6 de febrero en Tolemaida y en ella está claro que se defiende la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario”, dijo. Además, fue tajante en que el elemento principal de la política de seguridad del gobierno Duque es la protección de la población civil, hasta el punto que, indicó, la orden presidencial que recibió fue la de denunciar a cualquier miembro de la Fuerza Pública que viole la ley o mancille el uniforme militar.

Botero señaló que la política de recompensas no está dirigida a funcionarios públicos, sino a civiles y que el documento sobre metas operacionales dice con claridad que “se privilegia como medición de los resultados las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas, y estas, a su vez, sobre las muertes en combate”. Y precisó: “Nosotros hemos salido de los cuartelets, eso es cierto. Y las operaciones, entre el 11 de diciembre de 2018 y el 18 de mayo de 2019, han aumentado un 33 %. Pasaron de 1.641 a 2.186. Los combates pasaron de 101 a 227, es decir, un crecimiento del 124 %. ¿Por qué crecieron? Porque las amenazas son cada día mayores. Mientras en el gobierno anterior se presentaba una muerte cada 1,6 combates, hoy en día se produce cada 3,3 combates, es decir, el número de muertos ha descendido dramáticamente, mientras que el número de capturas ha crecido vertiginosamente. Las capturas pasaron de 737 a 1.713 y las desmovilizaciones de integrantes del Eln pasaron de 138 a 143”, concluyó.

Un tercer escenario frente a los fantasmas de falsos positivos es el comunicado que un grupo de relatores especiales del Consejo de DD.HH. de la ONU expidió rechazando el asesinato del desmovilizado de las Farc Dimar Torres, lanzando incluso fuertes acusaciones contra el Gobierno, al que señalan de ser el responsable de que la violencia contra los excombatientes se esté registrando a ese nivel en el país. En respuesta, Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, rechazó tales acusaciones y enfatizó: “Es totalmente inaceptable la afirmación de que existe un aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal, así como la sugerencia de que el Gobierno no está tomando medidas para implementar los acuerdos”. El funcionario reafirmó el compromiso del gobierno Duque con la implementación de los Acuerdos de Paz.

También le puede interesar: "Las tres derrotas de Duque en mayo: Santrich, la JEP y el pacto nacional" 

Desde que The New York Times revelara, a mediados de mayo, la existencia de una directriz en el interior del Ejército Nacional, con la que se les exigía a las tropas establecer metas claras sobre resultados, el fantasma de los mal llamados falsos positivos volvió a rondar en el país. No importa que dicha directriz haya sido retirada y que el presidente Iván Duque haya designado una comisión para hacer “un análisis riguroso de todas las órdenes, manuales y documentos operacionales de la Fuerza Pública” y “evaluar con profundidad cómo esas normas, procedimientos y protocolos se ajustan a las normas internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario”. Los cuestionamientos están a la orden del día, en el plano local e internacional, y el Gobierno ha tenido que salir a dar explicaciones.

La discusión tiene diferentes aristas y se libra en diversos escenarios, siendo el principal el Congreso de la República, donde ayer la Plenaria del Senado definía los ascensos de 13 oficiales de la Fuerza Pública, uno de ellos rodeado de polémica: el del comandante del Ejército, general Nicacio de Jesús Martínez (ver página siguiente), a quien recientes revelaciones periodísticas lo involucran con hechos relacionados, precisamente, con ejecuciones extrajudiciales. A su vez, también ayer, en la Comisión Primera, el senador Gustavo Petro adelantó un debate de control político al ministro de Defensa, Guillermo Botero, por las denuncias de posibles políticas estratégicas que le abren la puerta a la reaparición de los mencionados falsos positivos, crímenes que están en la mira de la Corte Penal Internacional y de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues costó la vida de al menos 3.000 civiles inocentes.

En este contexto, el líder de Colombia Humana adelantó su citación a partir de la pregunta: ¿Por qué el Ejército comete homicidios? Petro inició su debate recordando que en 2006, en la misma Comisión Primera, denunció la existencia de la directriz 029 que impulsó el capítulo de los falsos positivos. “Tengo que empezar por hacer un acto de constricción. En ese momento dije que existía una política de seguridad que se tasaba en muertes de inocentes, y hoy tengo que reconocer que la tesis es incompleta, que no son las directrices ministeriales las que conducen a que alguien mate a un inocente, sino que esto obedece a la manera como se adelanta el entrenamiento de quienes portan el uniforme”, explicó. Y durante una hora de intervención, expuso videos, testimonios y documentos que apuntan a que los entrenamientos militares se basan en la humillación, tortura y maltrato de los oficiales en curso, lo cual, en su concepto, contribuye a que estén dispuestos a matar sin contemplación.

Petro rememoró los días en que se pagaban recompensas, que iban desde un pollo hasta ascensos, a aquellos militares y unidades que demostraran el mayor número de “positivos”, especialmente si se trataba de bajas en combate. Exhibió como prueba un archivo supuestamente perteneciente al Batallón Puracé, en el que se reconoce que para combatir al Eln se requiere implantar células de las Águilas Negras para identificar las rutas por las que opera la insurgencia y las casas de los milicianos. “Este documento prueba que las Águilas Negras no son un grupo paramilitar autónomo, sino que es una corporación integrada por funcionarios públicos que actúa por fuera de la ley”, precisó.

Reseñó un aparte de las “Políticas del mando 2019”, en las que, enfatizó, se regresaría a la directriz 029, pues también define una serie de incentivos “que van, nuevamente, desde un pollo hasta ascensos” para quienes den resultados operacionales, los cuales se basan en desmovilizaciones, capturas o muertes en combate. “Volvimos a la seguridad democrática, una política que estimulaba el asesinato de civiles inocentes, pero como les dije, siento que la tesis del año 2006 estaba incompleta, pues la principal explicación para que un ciudadano asesine a un inocente es la formación que le dan para que llegue a eso”, manifestó.

Petro proyectó dos videos en los que se aprecia a un grupo de militares caminando de rodillas mientras otros uniformados les pegan y los insultan brutalmente. Explicó —sustentándolo con dos testimonios de exmilitares— que las agresiones eran parte del entrenamiento del curso de lanceros y que, como parte del proceso de formación, un grupo de uniformados se disfrazaba de guerrilleros del Eln, asaltaba a la unidad militar y simulaba un secuestro, en el que los torturaban y maltrataban física y psicológicamente.

Terminada la exposición del congresista, tomó la palabra el ministro Botero, quien enfatizó que el Gobierno ha impulsado una política de seguridad y legalidad en la que no caben las violaciones a los derechos humanos. “La política a la que se refiere al senador es pública y ampliamente difundida. Fue lanzada el 6 de febrero en Tolemaida y en ella está claro que se defiende la Constitución, la ley y el Derecho Internacional Humanitario”, dijo. Además, fue tajante en que el elemento principal de la política de seguridad del gobierno Duque es la protección de la población civil, hasta el punto que, indicó, la orden presidencial que recibió fue la de denunciar a cualquier miembro de la Fuerza Pública que viole la ley o mancille el uniforme militar.

Botero señaló que la política de recompensas no está dirigida a funcionarios públicos, sino a civiles y que el documento sobre metas operacionales dice con claridad que “se privilegia como medición de los resultados las desmovilizaciones colectivas e individuales sobre las capturas, y estas, a su vez, sobre las muertes en combate”. Y precisó: “Nosotros hemos salido de los cuartelets, eso es cierto. Y las operaciones, entre el 11 de diciembre de 2018 y el 18 de mayo de 2019, han aumentado un 33 %. Pasaron de 1.641 a 2.186. Los combates pasaron de 101 a 227, es decir, un crecimiento del 124 %. ¿Por qué crecieron? Porque las amenazas son cada día mayores. Mientras en el gobierno anterior se presentaba una muerte cada 1,6 combates, hoy en día se produce cada 3,3 combates, es decir, el número de muertos ha descendido dramáticamente, mientras que el número de capturas ha crecido vertiginosamente. Las capturas pasaron de 737 a 1.713 y las desmovilizaciones de integrantes del Eln pasaron de 138 a 143”, concluyó.

Un tercer escenario frente a los fantasmas de falsos positivos es el comunicado que un grupo de relatores especiales del Consejo de DD.HH. de la ONU expidió rechazando el asesinato del desmovilizado de las Farc Dimar Torres, lanzando incluso fuertes acusaciones contra el Gobierno, al que señalan de ser el responsable de que la violencia contra los excombatientes se esté registrando a ese nivel en el país. En respuesta, Emilio Archila, alto consejero para la Estabilización, rechazó tales acusaciones y enfatizó: “Es totalmente inaceptable la afirmación de que existe un aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal, así como la sugerencia de que el Gobierno no está tomando medidas para implementar los acuerdos”. El funcionario reafirmó el compromiso del gobierno Duque con la implementación de los Acuerdos de Paz.

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