En la noche de este lunes se conoció que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez radicó una ponencia para estudiar la ley de paz total, el piso jurídico del Gobierno para tener acercamientos y negociar con actores armados como, por ejemplo, la guerrilla del ELN. La noticia generó un remezón en la bancada del Pacto Histórico y en el Gobierno, que la radicó desde el 30 de agosto de 2022, y ser convirtió en una de las iniciativas legislativas más importantes -y urgentes- del Gobierno.
La ley de paz total es nada menos que la base jurídica sobre la cual se desarrollan los acercamientos con más de 12 actores armados en el país, entre los que están las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco, las de la Segunda Marquetalia, las Autodefensas de la Sierra Nevada, entre otros. En diálogo con El Espectador, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Alirio Uribe Muñoz, quien fue uno de los ponentes de la iniciativa, aseguró que no cometieron errores en su trámite legislativo, pero que acatarán la decisión de la Corte.
Lo que se conoció de la ponencia es que la Corte argumenta que se violó el principio de consecutividad en el Congreso. Es decir, que se tramiten cuatro debates de forma consecutiva y que se cumplan los requisitos legales para la aprobación de la ley. Aunque todavía no se conocen los detalles del documento que estaría en la Corte Constitucional, el representante aseguró que “Esta fue una ley que se tramitó con mensaje de urgencia, de acuerdo a la Ley Quinta. En nuestra lógica y entender, para nosotros la ley se hizo con todos los requisitos legales”.
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Un segundo argumento que tendría la Corte para decidir estudiar este proyecto de ley y tomar una decisión de fondo, sería porque no se tuvo en cuenta el concepto del Consejo Nacional de Política Criminal, una instancia que emite conceptos no vinculantes sobre temas relacionados con la seguridad nacional. Sobre este asunto, el congresista aseguró: “Entiendo que, por el cambio de Gobierno, no había una composición clara o había suplencias y por eso no se buscó el concepto de ellos”. Sin embargo, fue enfático en que estos conceptos no son vinculantes para aprobar una ley en Colombia.
La ley de paz total es, en este momento, la que sostiene jurídicamente que el Gobierno, a través del Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, mantenga unas negociaciones políticas con la guerrilla del ELN y que, con otros grupos armados, estén en fase de exploración o acercamientos. Aunque uno de los riesgos más altos de la decisión que pueda tomar el alto tribunal es que los diálogos con esa guerrilla se vean suspendidos, Uribe señaló que eso no significaría tener que volver a empezar. “No creo que se vayan a perder los avances que tenemos. Es posible, sí, que haya que hacer ajustes, pero lo que ya se ha avanzado con grupos de alto impacto y de naturaleza política, no creo que se vea afectado”, afirmó el congresista.
El representante Alirio Uribe es enfático en explicar que, con la ley de paz total, lo que pretendían eran prorrogar la Ley 418 de 1997, o llamada Ley de Orden Público, que sienta un marco jurídico para avanzar en temas relacionados con actores armados. Aunque en el Congreso, la iniciativa pasó los cuatro debates con mayorías, casi absolutas, Uribe asegura que los congresistas que aprobaron esa ley en agosto de 2020, no son los mismos que arrancarán nuevo año legislativo el próximo 20 de julio.
Ese es, de hecho, el riesgo más alto que correría la política del gobierno Petro si la Corte decidiera tumbar el proyecto aprobado. “Hoy no tenemos las mismas mayorías que teníamos hace un año. Y todo va a depender de cómo el Gobierno Nacional recomponga las bancadas. No sé cómo vamos a estar el 20 de julio, sé que el Gobierno está haciendo un esfuerzo para volver a reconstruir las bancadas y poder tomar decisiones”, afirmó.
Sobre otros asuntos como las órdenes de captura que se han levantado sobre líderes de grupos armados, como los del Estado Mayor Central, Alirio Uribe mencionó que es posible que, de ser tumbada la ley en la Corte, estos acuerdos se puedan prorrogar o poner sobre la mesa, a pesar de no tener piso jurídico. “Hay un marco constitucional, jurisprudencial, tratados internacionales en materia de DIH, que establecen la posibilidad de tomar medidas para proteger a la población civil, como lo hacen los ceses al fuego”.
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Alirio Uribe aseguró a este diario que no han tenido ninguna reunión con la bancada de Gobierno ni con funcionarios del alto Gobierno, que justo por esta semana están trabajando desde La Guajira, en cabeza del presidente Petro. Por ahora, descartó que estén pensando en citas a extras en el Congreso para hablar sobre el tema, y aseguró que esperarán la decisión de la Corte y, en caso de que la declaren como inconstitucional, la volverán a presentar en el Congreso junto a la ley de sometimiento a la justicia.
“Yo lo que espero es que la Corte entienda que ya hay una mesa de diálogo con el ELN, estamos adportas de un cese al fuego con ellos. Están por instalarse dos mesas con las disidencias de las Farc y, por otro lado, hay por lo menos 10 grupos con los cuales se ha tenido contacto. La Corte debe valorar, en términos constitucionales, que la paz es un valor superior y es importante avanzar en esa construcción de la paz”, concluyó.
