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Menos de la mitad del período de gobierno le queda al presidente Iván Duque y a su plan de desarrollo “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, para que 2022 parta en dos la historia de las mujeres en Colombia en lo que va del siglo y se convierta en el año en que su participación en los cargos de poder del Estado sea del 50 %. A ese pacto le antecedió el Conpes 3918, del 15 de marzo de 2018, que estableció en 44,5 % el porcentaje de cumplimiento de la meta de equidad de género para 2019.
En septiembre de 2015, la Asamblea de Naciones Unidas aprobó la “Agenda 2030”, que estableció, a través de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, promocionados desde 2000 como Objetivos del Milenio, acciones para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos. El quinto objetivo aboga por la igualdad de género y está pensado para que sea una realidad en 10 años para “asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidad de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública”.
De acuerdo con el Reporte Global de Brecha de Género (Global Gender Gap Report 2020), del Foro Económico Mundial, que cada año compara las estadísticas de igualdad y desigualdad en más de un centenar de naciones, se necesitarán 99,5 años, en promedio, para poner fin a esa diferencia en los 107 países evaluados desde la primera edición de 2006.
“Sin la inclusión equitativa de la mitad del talento mundial no seremos capaces de cumplir la promesa de la cuarta revolución industrial para toda la sociedad, hacer crecer nuestras economías para una mayor prosperidad compartida o lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Al ritmo actual de cambio, llevará casi un siglo lograr la paridad, una línea de tiempo que simplemente no podemos aceptar en el mundo globalizado de hoy, especialmente entre las generaciones más jóvenes que tienen puntos de vista cada vez más progresistas sobre la igualdad de género”, precisa una de las conclusiones del informe.
En el reporte, Colombia ocupa el puesto 22, sobresaliendo en logros educativos y salud, y supervivencia, dos de las cuatro que mide el GGG Report, pero en participación y oportunidad económica y empoderamiento político sigue cayendo en la clasificación. Mientras en 2006 ocupó los puestos 39 y 27, para 2020 cayó al 42 y al 33, respectivamente.
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Inequidad oficial
Iván Duque es el presidente número 14 desde que las mujeres, el 1° de diciembre de 1957, ejercieron por primera vez el derecho al voto aprobado en la Asamblea Nacional Constituyente de 1954, bajo la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Inició su mandato sacando pecho por gobernar con un gabinete paritario. En la actualidad, en 18 ministerios solo tiene siete ministras, y no ha nombrado a ninguna mujer para los cargos con mayor asignación salarial, algunos de los cuales superan incluso su propio sueldo, como las direcciones de Colpensiones o la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), que rondan los $ 45 millones.
En la elección de los últimos cinco ministros, el presidente no ha tenido en cuenta a las mujeres. El nuevo jefe de la cartera de Minas es Diego Mesa Puyo; el de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, y el de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa Escaf. Al del Interior llegará Daniel Palacios, y a Cultura, Felipe Buitrago. Con esos nombramientos el jefe de Estado desconoció el parágrafo primero de su Decreto 455, del 21 de marzo, que señala: “Las reglas anteriores (relacionadas con la paridad en los empleos del nivel ejecutivo) se deberán aplicar en forma paulatina, es decir, en la medida en que los cargos del nivel directivo vayan quedando vacantes”.
Los cargos
De los 19 cargos de primera línea en la Casa de Nariño, solo siete están en cabeza de una mujer. Además de la jefe de gabinete, María Paula Correa Fernández, y la secretaria jurídica, Clara María González, quien acaba de renunciar, están las consejerías presidenciales para la Competitividad y Gestión Público-Privada, las Regiones, los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, la Niñez y Adolescencia y para la Gestión y Cumplimiento.
Hasta hace unas pocas horas, en los ministerios las mujeres apenas representaban el 38,8 %, como jefes de las carteras del Interior, Relaciones Exteriores, Cultura, Educación, TIC, Transporte y Ciencia, Tecnología e Innovación. Con los anunciados cambios en Interior y Cultura, el porcentaje será del 27 %, por debajo de la Ley de Cuotas, que hace 20 años estableció un mínimo del 30 % de los cargos de nivel directivo del Estado en manos de las mujeres. En la actualidad, de 37 viceministerios solo 11 están ocupados por mujeres, lo que equivale al 29,72 %. En los ministerios de Vivienda y Hacienda y Crédito Público en ninguno de los altos cargos -ministro, viceministro y secretario general- figura una mujer.
Aparecen los departamentos administrativos. De seis cargos en Planeación, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Función Pública, el DANE, el Dapre y Prosperidad Social, solo este último está ocupado por una mujer. Se trata de Susana Correa Borrero.
En las ocho unidades administrativas especiales sin personería jurídica solo la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC) y Parques Nacionales Naturales de Colombia estaban dirigidas por una mujer. Son las abogadas Diana Patricia Richardson Peña y Julia Miranda Londoño, a quien le pidieron la renuncia después de 16 años en el cargo y será reemplazada por el arquitecto Diego Molano.
El poder detrás del trono
En el organigrama del Ejecutivo aparecen, en el sector descentralizado por servicios, las entidades adscritas de las que forman parte 33 establecimientos públicos, 10 superintendencias con personería jurídica, 31 unidades administrativas especiales con personería jurídica, seis agencias nacionales de naturaleza especial, cinco entidades de carácter especial o naturaleza jurídica y dos institutos científicos y tecnológicos. Son organismos encargados de atender funciones administrativas y también están dedicados a la prestación de servicios públicos. En total, representan 87 puestos, de los cuales solo 17 están en cabeza de una mujer.
También figuran las entidades vinculadas a los ministerios o departamentos administrativos, clasificadas en ocho grandes grupos. Se trata de siete empresas industriales y comerciales del Estado, como Coljuegos o Colpensiones, que está dirigida por Juan Miguel Villa Lora. Hay 37 de economía mixta en las que el Gobierno tiene una participación superior al 50 %, como Interconexión Eléctrica S. A. E. S. P. (ISA) o Ecopetrol, el cargo mejor remunerado en el Estado, con ingresos de más de $ 70 millones; cuatro empresas sociales del Estado, cinco entidades de carácter especial, como Icetex y el Icfes; cuatro institutos científicos y tecnológicos o corporaciones e instituciones de investigación, una sociedad pública y cuatro fondos con personería jurídica.
En total, estas entidades vinculadas a ministerios o departamentos administrativos suman 62 cargos, de los cuales solo 11 están en cabeza de una mujer. Como parte de ese nivel central viene una última categoría denominada entidades descentralizadas indirectas, compuesta por tres grupos: las dos asociaciones entre entidades públicas, las cuatro asociaciones y fundaciones de participación mixta y las dos corporaciones y la Caja de Compensación Familiar Campesina (Comcaja), clasificados como otros. De nueve cargos, solo cuatro están liderados por una mujer.
Rajados con el pacto
Cada año, la Función Pública presenta un informe sobre el cumplimiento de la Ley de Cuotas. Para 2019, según este, el porcentaje fue del 44,7 %. La cifra puede ser cierta, pero no correspondería a la realidad. Solo respondieron a la encuesta 2.040 entidades de las 6.249 que debieron hacerlo. En la Rama Ejecutiva no cumplen la Ley de Cuotas ni el Conpes 3918 ni el Pacto por la Equidad los sectores de Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia (20 %), el de Defensa (22,5 %) y el sector de Estadística (28 %).
El presidente Iván Duque y la consejera presidencial para la Equidad de la Mujer, Gheidy Marisela Gallo Santos, no respondieron los derechos de petición enviados en septiembre sobre las acciones desplegadas por el Gobierno para que 2022 sea el año de la equidad ni sobre los argumentos del jefe de Estado para no nombrar a mujeres en los cargos de máximo nivel decisorio. Tampoco fue posible conocer los informes del Ejecutivo al Congreso sobre el cumplimiento de las leyes que protegen a la mujer.
* Periodista con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación. Este texto corresponde a su trabajo de grado en la maestría de periodismo de la Universidad del Rosario.