Ernesto Samper dijo que el proceso 8.000 fue una “guerra jurídica” en su contra

A 30 años del proceso 8.000, el expresidente Ernesto Samper habló sobre la investigación en su contra por la infiltración de su campaña con fondos del Cartel de Cali y manifestó que “sin duda, fue un caso de lawfare (guerra jurídica)”. Agregó que “la tendencia es que este libreto se repita con los mandatarios progresistas”.

Samper defendió la teoría del “golpe blando”, denunciada por el presidente Gustavo Petro, debido a las investigaciones sobre su campaña por presunta financiación irregular del proceso y violación de los topes de gastos.

“Lo que pasa es que en ese entonces no estábamos tan conscientes de eso. Todos los expresidentes que hemos en los últimos 40 o 50 años, que es lo que lleva la presencia del narcotráfico, hemos sido víctimas de penetración de nuestras campañas a nivel regional o nacional”, dijo.

Ambos casos, el 8.000 y el de la campaña de Petro, comenzaron con grabaciones filtradas a los medios, en las cuales se oye que habría irregularidades en las campañas. En la de Samper fue el Cartel de Cali. Y las filtró Andrés Pastrana, quien acababa de perder las elecciones.

Cuando estalló el proceso 8.000 se supo que Santiago Medina, tesorero del equipo de Samper, fue quien coordinó el ingreso de la plata ilegal y, por eso, fue condenado. También cayó Fernando Botero Zea, quien ofició como coordinador de esa campaña y llegó a ser ministro de Defensa.

Por el momento, sobre la campaña del presidente Petro todavía no ha caído ninguna responsabilidad. Aunque en el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya se radicó una ponencia que pidió formular cargos al presidente Petro y a su entonces gerente de campaña, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Según la ponencia, la violación de los topes de gastos habría sido de alrededor de $5.400 millones, sin reportar. Y en lo que tiene que ver con el ingreso de dineros de fuentes prohibidas todavía no hay muchos avances, pero Armando Benedetti habló del ingreso $15.000 millones de fuentes desconocida.

De acuerdo con Samper, en su caso “se violaron las normas del debido proceso, no tuve el derecho a defenderme y la Fiscalía hizo de acusadora cuando constitucionalmente nadie puede acusar al presidente distinto a la Comisión de Acusaciones”, dijo.

Precisamente, el presidente Petro ha venido denunciando esa misma situación y aseguró que el CNE no podría solicitar cargos en su contra. De todo modos, el mandatario está siendo investigado en el Congreso y el proceso está en etapa preliminar.

Samper agregó que él habría sido “el precursor de ese low fare”, dijo en entrevista con el sistema de medios públicos RTVC.

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👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

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Samper defendió la teoría del “golpe blando”, denunciada por el presidente Gustavo Petro, debido a las investigaciones sobre su campaña por presunta financiación irregular del proceso y violación de los topes de gastos.

“Lo que pasa es que en ese entonces no estábamos tan conscientes de eso. Todos los expresidentes que hemos en los últimos 40 o 50 años, que es lo que lleva la presencia del narcotráfico, hemos sido víctimas de penetración de nuestras campañas a nivel regional o nacional”, dijo.

Ambos casos, el 8.000 y el de la campaña de Petro, comenzaron con grabaciones filtradas a los medios, en las cuales se oye que habría irregularidades en las campañas. En la de Samper fue el Cartel de Cali. Y las filtró Andrés Pastrana, quien acababa de perder las elecciones.

Cuando estalló el proceso 8.000 se supo que Santiago Medina, tesorero del equipo de Samper, fue quien coordinó el ingreso de la plata ilegal y, por eso, fue condenado. También cayó Fernando Botero Zea, quien ofició como coordinador de esa campaña y llegó a ser ministro de Defensa.

Por el momento, sobre la campaña del presidente Petro todavía no ha caído ninguna responsabilidad. Aunque en el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya se radicó una ponencia que pidió formular cargos al presidente Petro y a su entonces gerente de campaña, el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

Según la ponencia, la violación de los topes de gastos habría sido de alrededor de $5.400 millones, sin reportar. Y en lo que tiene que ver con el ingreso de dineros de fuentes prohibidas todavía no hay muchos avances, pero Armando Benedetti habló del ingreso $15.000 millones de fuentes desconocida.

De acuerdo con Samper, en su caso “se violaron las normas del debido proceso, no tuve el derecho a defenderme y la Fiscalía hizo de acusadora cuando constitucionalmente nadie puede acusar al presidente distinto a la Comisión de Acusaciones”, dijo.

Precisamente, el presidente Petro ha venido denunciando esa misma situación y aseguró que el CNE no podría solicitar cargos en su contra. De todo modos, el mandatario está siendo investigado en el Congreso y el proceso está en etapa preliminar.

Samper agregó que él habría sido “el precursor de ese low fare”, dijo en entrevista con el sistema de medios públicos RTVC.

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