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La iniciativa de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, con la cual busca poner fin al conflicto armado en Colombia, ha sido también la oportunidad para que la corrupción y los engaños busquen abrirse camino. En las últimas semanas, se conocieron denuncias sobre supuestas coimas que pagarían algunos presos para ser designados como gestores de paz del Gobierno, razón por la cual, la oficina del alto comisionado para la paz salió en respuesta y aseguró que la corrupción es algo que no es compatible con su apuesta por la paz.
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“Unos pocos abogados faltos de ética profesional han pretendido engañar a personas privadas de la libertad y a sus familias, cobrando dinero a cambio de promesas que van desde supuestas asignaciones en las gestorías de paz, a traslados penitenciarios e, incluso, a la suspensión de procesos de extradición”, señala el alto comisionado a través de una carta. El engaño, dice el documento, lo estarían haciendo con el argumento de que la Ley 2227 de 2022 (Ley de Paz Total) daría las facultades para hacer esto posible, lo cual es falso.
El Gobierno, a través de la oficina del comisionado, puso de presente el caso de una persona privada de la libertad que le pagó a su abogado para que tramitara su traslado a otro centro penitenciario, cosa que, según el documento, nunca ocurrió. “Así, circulan rumores similares sobre la venta de falsos beneficios judiciales en el contexto de la política de Paz Total”, manifiesta el escrito sobre la supuesta corrupción en las cárceles y su relación con la “paz total”.
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Ante estas denuncias, la oficina del alto comisionado interpuso denuncias y aseguró que ya “ha solicitado a las autoridades responsables celeridad en las respectivas investigaciones”. Para el Gobierno, las prácticas corruptas recientemente denunciadas “son una afrenta al proceso de construcción de la paz en nuestro país y una traición a los sueños de millones de colombianas y colombianos que reclaman vida digna en un Estado social de derecho”.
El comisionado señala que es lamentable que estos hechos generen dudas sobre la viabilidad y efectividad de las mesas de paz que desde finales del año pasado se han venido instalando en los centros penitenciarios del país. Con su comunicado, el Gobierno reiteró que “en la construcción de paz, como derecho de todos, no caben fraudes, trampas, mentiras ni engaños; no se compran ni se venden beneficios, traslados o alternativas a la extradición”.
Por esta situación, el comisionado señala que todo acercamiento que se haga a cualquier actor armado en el país “se apegará a la Constitución y la Ley, y a los protocolos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC”. Por otra parte, desde el Gobierno pidieron a la Fiscalía que realice una investigación de estos hechos, con lo que buscan darle respaldo, dicen ellos, a la trasparencia de la iniciativa.
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“La sociedad colombiana puede estar segura de que la corrupción es totalmente incompatible con el proyecto de paz del Gobierno Nacional”, aseguran desde la oficina del alto comisionado. Por otra parte, manifiestan que “los equipos de trabajo están compuestos por funcionarios experimentados y honestos, y los mecanismos de control existentes son eficaces para prevenir cualquier tipo de acción indebida”.
De igual manera, vaticinan que “medida en que se consolida la política de Paz Total, seguiremos evidenciando intentos de saboteo, señalamientos falsos, montajes y amenazas que apunten a entorpecer nuestro propósito de paz”. Aún así, dicen que no pararán sus esfuerzos “por lograr transformaciones en los territorios y la superación de la guerra y las violencias criminales a través de mecanismos de acogimiento a la Ley, con rendición de cuentas a las víctimas y a la sociedad”.
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