“Es la única vía para grupos sin estatus político”: reacciones a reforma de Justicia y Paz
El senador Carlos Fernando Motoa, del partido de oposición, Cambio Radical, afirmó que no hay ambiente en el Congreso para debatir y votar una ley de esa naturaleza, pues la criminalidad está desbordada.
En el Congreso ya hay un borrador de un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Justicia y Paz, que en su momento impulsó el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar paramilitares. La nueva propuesta busca convertirse en el camino a través del cual grupos criminales se sometan a la justicia en el marco de la política de “paz total”.
Ese proyecto estaría siendo trabajado por un grupo de congresistas del oficialismo y algunos de otros partidos, pero con afinidad al Gobierno, con el acompañamiento de delegados de la administración Petro. Los autores de la iniciativa tenían previsto radicarlo en el Congreso la semana pasada, pero por la falta de firmas de quienes lo respaldan y porque desde el Gobierno pidieron más tiempo para ultimar detalles, se frenó su presentación.
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De acuerdo con el borrador del proyecto, para que los grupos criminales puedan someterse a la justicia tendrían que cumplir una serie de compromisos, entre esos, poner a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados; que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita; que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder; que entregue la ubicación de las fosas en las que se hayan inhumado cuerpos de víctimas, dentro del conflicto armado, entre otros.
El Espectador accedió al borrador de ese proyecto y sobre eso han reaccionado varios actores políticos. Entre esos el senador Antonio José Correa, de Partido de la U, quien viene trabajando la iniciativa y aseguró que con ella buscan dar cierre al conflicto en Colombia.
“Es momento de saber qué pasó con la verdad y la reparación a las víctimas. Además, la Corte Constitucional ya dijo que los que no tienen estatus político no pueden ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, por lo que solo nos queda el otro marco, Justicia y Paz, para que pueda ser utilizado por el Gobierno en un eventual acuerdo. Esto es para tener abierto un marco jurídico con las bases listas para el sometimiento”, aseguró Correa.
Otro que se manifestó fue el senador Carlos Fernando Motoa, del partido de oposición, Cambio Radical, quien afirmó que el ambiente en este momento en el Congreso es complejo para buscar debatir y votar una ley de esa naturaleza.
“No existe posibilidad ni ambiente de discutir una ley de este tipo porque la criminalidad está desbordada, lo que se ve, entre otras cosas, en que los ceses del fuego solo los cumple el Estado, y, además, no se está viendo interés de las organizaciones criminales por buscar un acuerdo”, dijo Motoa.
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En el Congreso ya hay un borrador de un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Justicia y Paz, que en su momento impulsó el expresidente Álvaro Uribe para desmovilizar paramilitares. La nueva propuesta busca convertirse en el camino a través del cual grupos criminales se sometan a la justicia en el marco de la política de “paz total”.
Ese proyecto estaría siendo trabajado por un grupo de congresistas del oficialismo y algunos de otros partidos, pero con afinidad al Gobierno, con el acompañamiento de delegados de la administración Petro. Los autores de la iniciativa tenían previsto radicarlo en el Congreso la semana pasada, pero por la falta de firmas de quienes lo respaldan y porque desde el Gobierno pidieron más tiempo para ultimar detalles, se frenó su presentación.
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De acuerdo con el borrador del proyecto, para que los grupos criminales puedan someterse a la justicia tendrían que cumplir una serie de compromisos, entre esos, poner a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la totalidad de menores de edad reclutados; que el grupo cese toda interferencia al libre ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas y cualquiera otra actividad ilícita; que se liberen las personas secuestradas, que se hallen en su poder; que entregue la ubicación de las fosas en las que se hayan inhumado cuerpos de víctimas, dentro del conflicto armado, entre otros.
El Espectador accedió al borrador de ese proyecto y sobre eso han reaccionado varios actores políticos. Entre esos el senador Antonio José Correa, de Partido de la U, quien viene trabajando la iniciativa y aseguró que con ella buscan dar cierre al conflicto en Colombia.
“Es momento de saber qué pasó con la verdad y la reparación a las víctimas. Además, la Corte Constitucional ya dijo que los que no tienen estatus político no pueden ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, por lo que solo nos queda el otro marco, Justicia y Paz, para que pueda ser utilizado por el Gobierno en un eventual acuerdo. Esto es para tener abierto un marco jurídico con las bases listas para el sometimiento”, aseguró Correa.
Otro que se manifestó fue el senador Carlos Fernando Motoa, del partido de oposición, Cambio Radical, quien afirmó que el ambiente en este momento en el Congreso es complejo para buscar debatir y votar una ley de esa naturaleza.
“No existe posibilidad ni ambiente de discutir una ley de este tipo porque la criminalidad está desbordada, lo que se ve, entre otras cosas, en que los ceses del fuego solo los cumple el Estado, y, además, no se está viendo interés de las organizaciones criminales por buscar un acuerdo”, dijo Motoa.
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