“Mensaje a la delincuencia”: Gobierno tras aprobación de proyecto de seguridad

En sesión permanente, este lunes la Cámara de Representantes aprobó dos de los tres proyectos que quedaron para discusión en sesiones extras: el que crea el régimen especial de la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca y el que busca fortalecer la seguridad ciudadana. A pesar de las críticas de la oposición, el Gobierno no tuvo problema para que la bancada mayoritaria que tiene en el Legislativo aprobara la iniciativa que, entre otras cosas, contiene aumentos de penas, nuevos delitos y agravantes cuando hay faltas que se cometen contra miembros de la Fuerza Pública.

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Si bien varios congresistas de oposición manifestaron sus razones de por qué, según ellos, la propuesta es “populismo punitivo”, promueve la legítima defensa y pone al mismo nivel la delincuencia común y las movilizaciones, el Gobierno aplaudió la aprobación del proyecto que pasa a sanción del presidente Iván Duque. En el recinto estuvieron los ministros de Defensa, Diego Molano, y del Interior, Daniel Palacios, quienes acompañaron el trámite de la iniciativa que, a ojos del Gobierno, tiene como objetivo “blindar a la justicia” y darle más elementos para combatir la criminalidad.

Según dijo el ministro del Interior, este proyecto tenía un mensaje de urgencia porque el Gobierno lo radicó tras escuchar a muchos ciudadanos. “Este fue un trabajo en conjunto con el Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación, los Alcaldes y Gobernadores que han visto con algún tipo de frustración en muchos elementos la impunidad en las sanciones”, dijo Palacios.

>LEA: Las razones de la oposición para refutar el proyecto de seguridad ciudadana

De acuerdo con el funcionario, este proyecto que se considera una respuesta a los recientes casos de inseguridad ciudadana en varias ciudades, pero también a varias de las situaciones que dejó el paro nacional, es más el saldo de una deuda con una sociedad “que siente miedo, que no quiere ver delincuentes en la calle, una sociedad que quiere dar herramientas a la justicia para que sancionar la reincidencia en el país”.

Palacios agregó que la aprobación de este proyecto es un mensaje que cumple una de las promesas de campaña de que “el que la | paga”. “Estamos enviando un mensaje a la delincuencia de manera contundente y clara, que la reincidencia será sancionada de manera ejemplar, quien haya sido condenado durante un tiempo de cinco años y vuelva a reincidir, será un agravante para esa conducta punible. En donde además, estamos diciendo de manera clara, que quien agreda a un miembro de la Fuerza Pública con lesiones personales, ese delito no podrá ser excarcelable y será agravado”, añadió.

El proyecto contiene temas clave como castigos al daño en bien ajeno, cuando se cometa en el transporte público, contra infraestructura o miembros de instituciones de la seguridad ciudadana o la justicia, además de que “se constituyan un agravante que no permita la excarcelación”, concluyó Palacios.

Además de los ministros, la autorización del proyecto también fue celebrada por los congresistas que lo promovieron. Uno de ellos fue el representante César Lorduy (Cambio Radical), quien coincidió con Palacios en que buena parte del articulado del proyecto intentó recoger las preocupaciones que recibieron en las calles.

“Las personas le claman a uno por alguna medida que pueda contrarrestar la situación que estamos viviendo yo creo que gran parte de los 68 artículos tratan sobre es (...) Invoco de manera atrevida la voz de quienes han sido hurtados, de las familias que han perdido un ser querido, de quiénes han sido lesionados de una manera u otra”, expresó el representante por el Atlántico.

Otro de los coautores y promotores del proyecto fue el representante Christian Garcés (Centro Democrático), quien calificó el proyecto como un paso para evitar graves hechos de violencia y orden público como los que se registraron durante el paro nacional y resaltó la iniciativa como una forma de mejorar la seguridad y la convivencia en Colombia y, sobre todo, que haya cómo sancionar a quienes buscan “generar destrucción”. El representante por el Valle del Cauca también elogió el tema de la legítima defensa, uno de los que más controversia y discusión causó.

“Hemos logrado aprobar un Proyecto de Ley donde se aumentan las penas para quienes destruyen la infraestructura de transporte, de justicia y seguridad. También se deja claramente el derecho a la legítima defensa en nuestra legislación, dándole el beneficio y el privilegio a la persona que es amenazada en su integridad por alguien que invade su propiedad (vivienda, negocio o vehículo). También se crea el delito de obstrucción a la función pública cuando, utilizando el cargo como vimos en el pasado algunos políticos y congresistas se metieron a obstruir el actuar de la policía en las capturas de personas que están actuando contrario a la ley”. Por último, Garcés aclamó la creación de penas para el delito de violencia contra servidores públicos y uniformados.

En sesión permanente, este lunes la Cámara de Representantes aprobó dos de los tres proyectos que quedaron para discusión en sesiones extras: el que crea el régimen especial de la región metropolitana Bogotá - Cundinamarca y el que busca fortalecer la seguridad ciudadana. A pesar de las críticas de la oposición, el Gobierno no tuvo problema para que la bancada mayoritaria que tiene en el Legislativo aprobara la iniciativa que, entre otras cosas, contiene aumentos de penas, nuevos delitos y agravantes cuando hay faltas que se cometen contra miembros de la Fuerza Pública.

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Si bien varios congresistas de oposición manifestaron sus razones de por qué, según ellos, la propuesta es “populismo punitivo”, promueve la legítima defensa y pone al mismo nivel la delincuencia común y las movilizaciones, el Gobierno aplaudió la aprobación del proyecto que pasa a sanción del presidente Iván Duque. En el recinto estuvieron los ministros de Defensa, Diego Molano, y del Interior, Daniel Palacios, quienes acompañaron el trámite de la iniciativa que, a ojos del Gobierno, tiene como objetivo “blindar a la justicia” y darle más elementos para combatir la criminalidad.

Según dijo el ministro del Interior, este proyecto tenía un mensaje de urgencia porque el Gobierno lo radicó tras escuchar a muchos ciudadanos. “Este fue un trabajo en conjunto con el Ministerio de Justicia, Ministerio de Defensa, Fiscalía General de la Nación, los Alcaldes y Gobernadores que han visto con algún tipo de frustración en muchos elementos la impunidad en las sanciones”, dijo Palacios.

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De acuerdo con el funcionario, este proyecto que se considera una respuesta a los recientes casos de inseguridad ciudadana en varias ciudades, pero también a varias de las situaciones que dejó el paro nacional, es más el saldo de una deuda con una sociedad “que siente miedo, que no quiere ver delincuentes en la calle, una sociedad que quiere dar herramientas a la justicia para que sancionar la reincidencia en el país”.

Palacios agregó que la aprobación de este proyecto es un mensaje que cumple una de las promesas de campaña de que “el que la | paga”. “Estamos enviando un mensaje a la delincuencia de manera contundente y clara, que la reincidencia será sancionada de manera ejemplar, quien haya sido condenado durante un tiempo de cinco años y vuelva a reincidir, será un agravante para esa conducta punible. En donde además, estamos diciendo de manera clara, que quien agreda a un miembro de la Fuerza Pública con lesiones personales, ese delito no podrá ser excarcelable y será agravado”, añadió.

El proyecto contiene temas clave como castigos al daño en bien ajeno, cuando se cometa en el transporte público, contra infraestructura o miembros de instituciones de la seguridad ciudadana o la justicia, además de que “se constituyan un agravante que no permita la excarcelación”, concluyó Palacios.

Además de los ministros, la autorización del proyecto también fue celebrada por los congresistas que lo promovieron. Uno de ellos fue el representante César Lorduy (Cambio Radical), quien coincidió con Palacios en que buena parte del articulado del proyecto intentó recoger las preocupaciones que recibieron en las calles.

“Las personas le claman a uno por alguna medida que pueda contrarrestar la situación que estamos viviendo yo creo que gran parte de los 68 artículos tratan sobre es (...) Invoco de manera atrevida la voz de quienes han sido hurtados, de las familias que han perdido un ser querido, de quiénes han sido lesionados de una manera u otra”, expresó el representante por el Atlántico.

Otro de los coautores y promotores del proyecto fue el representante Christian Garcés (Centro Democrático), quien calificó el proyecto como un paso para evitar graves hechos de violencia y orden público como los que se registraron durante el paro nacional y resaltó la iniciativa como una forma de mejorar la seguridad y la convivencia en Colombia y, sobre todo, que haya cómo sancionar a quienes buscan “generar destrucción”. El representante por el Valle del Cauca también elogió el tema de la legítima defensa, uno de los que más controversia y discusión causó.

“Hemos logrado aprobar un Proyecto de Ley donde se aumentan las penas para quienes destruyen la infraestructura de transporte, de justicia y seguridad. También se deja claramente el derecho a la legítima defensa en nuestra legislación, dándole el beneficio y el privilegio a la persona que es amenazada en su integridad por alguien que invade su propiedad (vivienda, negocio o vehículo). También se crea el delito de obstrucción a la función pública cuando, utilizando el cargo como vimos en el pasado algunos políticos y congresistas se metieron a obstruir el actuar de la policía en las capturas de personas que están actuando contrario a la ley”. Por último, Garcés aclamó la creación de penas para el delito de violencia contra servidores públicos y uniformados.