Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Después de Bogotá, con 725 casos confirmados al domingo 5 de abril, el Valle del Cauca es la región más azotada por la emergencia sanitaria que desató el COVID-19 en Colombia, que deja ya 1.485 contagiados, 35 muertos y 88 pacientes recuperados. Son 196 los casos en el departamento y hay un municipio en el que las alertas están prendidas por su elevado número de contagios para ser una de las llamadas ciudades intermedias: Palmira, donde la cifra llega a 24. Además, esta población lleva a cuestas el drama de ser la segunda con más casos de dengue en todo el territorio nacional (2.149), superada solo por Cali (6.500).
Lea también: En vivo: van 35 muertos y 1.485 casos por COVID-19 en Colombia
En diálogo con El Espectador, el alcalde de Palmira, Óscar Escobar, explica el porqué de la situación; las medidas de choque que han adoptado; la coordinación que se ha hecho con la Gobernación, además de elevar un llamado al Gobierno nacional para agilizar el análisis de muestras. Este es el panorama.
¿Qué hace que Palmira, con poco más de 300.000 habitantes, sea una de las más afectadas por la pandemia?
Estamos conectados con el mundo a través del aeropuerto internacional y somos un polo regional de la zona suroriente del Valle. También hay que tener en cuenta —lo tenemos identificado— que las familias de los contagiados, e inclusos los sospechosos, no han tomado todas las precauciones. Uno de los últimos casos es un joven de 12 años, nieto de un paciente que teníamos confirmado hace días. Nos pasó lo mismo con el primer paciente, un hombre mayor que había llegado de España, que contagió a su hijo, a una amiga y a la señora que le prestaba aseo en la casa. Eso fue antes de que suspendiéramos clases; este pequeño fue al colegio, contagió a la profesora y a otros dos niños.
De los 24 casos, seis corresponden a menores, ¿cómo ha sido el manejo?
Por fortuna, los pacientes que tenemos no se han complicado. Los niños, en el comportamiento mundial que se ve de la enfermedad, tienen una tasa de mortalidad muy baja, casi nula, pero sin duda son capaces de transmitir el virus fácilmente, entonces hacemos vigilancia. Nuestra cifra de casos sospechosos es alta: 950 y es porque tomamos a todos los niños de un colegio.
También le puede interesar: Avalancha de decretos por el COVID-19
¿Cuántas unidades de cuidados intensivos (UCI) tiene la ciudad para el manejo de la pandemia?
Palmira cuenta con una oferta hospitalaria que recién creció. Tenemos 220 camas de hospitalización: 78 de urgencias, 109 de observación y 33 UCI. Cuando declaramos la alerta amarilla y luego la naranja, logramos que las IPS públicas y privadas se prepararan para ampliar y liberar capacidad. Hoy, 66 % de las UCI están disponibles, es decir, unas 25 camas y 43 % de las de hospitalización, o sea, 94 de las 220.
¿Son suficientes esas camas?, ¿hay otras estrategias?
Para ampliar la oferta tenemos plan A, B y C, según se comporte la enfermedad. El plan A es la ampliación en la red hospitalaria, pública y privada. Tenemos la infraestructura y creemos que podemos ampliar mínimo 170 camas. Enviamos la propuesta al Ministerio de Salud y a la Gobernación. Confiamos en que se concrete ese plan, en alguna medida con plata del Gobierno nacional.
El plan B es echar mano de la disponibilidad hotelera. Palmira tiene 298 habitaciones y en esas hay 593 camas, entonces las habilitaríamos. Finalmente, el plan C sería algo como lo que está haciendo Bogotá con Corferias y es tomar las infraestructuras públicas. Aquí tenemos la Ciudadela Deportiva o el Coliseo de Ferias, pero adecuarlos requiere una inversión más grande.
¿Cómo ha sido la gestión con el Gobierno nacional?
Hemos trabajado muy unidos con la Gobernación, pero esperamos un poco más de agilidad por parte del Gobierno nacional, sobre todo con las pruebas, un tema crítico. Tenemos 950 casos que cumplen criterios como hechos sospechosos de COVID-19 y solo hemos podido realizar 261 pruebas. Lo anterior, porque están agotados los insumos y en eso necesitamos mucho apoyo. Se han habilitado laboratorios regionales, pero siguen tardando mucho. Nuestro primer caso se confirmó el 13 de marzo y aún no recibo respuesta para decir si oficialmente está curado. Tengo 23 confirmados y 80 descartados, es decir, nos faltan más de 160 pruebas que hemos enviado y que estamos a la espera que nos digan si es positivo o negativo.
¿Han contemplado la gestión para habilitar un laboratorio propio?
No lo hemos planteado porque no tenemos la capacidad. No es tan fácil como uno pensaría, se requieren muchos pasos técnicos. Creo que con la infraestructura que tiene la región hay capacidad de procesamiento, lo grave es que no se pueden tomar pruebas por la falta de insumos y para su transporte. Hay otro tema del que se ha hablado mucho y son las pruebas rápidas. A uno como alcalde lo buscan muchos privados para ofrecerlas, pero no tienen ninguna certificación. Tengo mucha expectativa frente al trabajo que empezarán a hacer las EPS para hacerles las pruebas a su población.
¿Qué otras medidas han adoptado?
Tenemos tres grandes frentes de trabajo. El primero es estrictamente sanitario y tiene que ver con los casos confirmados, con los sospechosos y con la toma de pruebas. Eso en el mediano plazo tiene que ver con la ampliación de la oferta hospitalaria e incluso, con la ampliación de la oferta funeraria, porque solo tenemos un crematorio abierto. El segundo frente es social. Habilitamos un programa de seguridad alimentaria y hemos entregado más de 1.100 mercados; la meta es llegarles a 7.500 personas vulnerables. En salud mental tenemos una línea para recibir asistencia y otra para violencia intrafamiliar. También revisamos el abastecimiento, que esté llegando completo, y vigilando los precios. Y en educación, nuestra meta es entregar el programa de alimentación escolar a 31.000 niños en sus casas (en eso estamos esperando también la ayuda del Gobierno nacional), a lo que se suma la estrategia de virtualidad y educación semipresencial.
Finalmente, en seguridad y gobierno hemos hecho 380 comparendos por violar el aislamiento obligatorio. Cada día es más difícil el control, pues el decreto presidencial es muy amplio. Hay una serie de excepciones y la gente está empezando a abusar, entonces estamos analizando medidas adicionales. En medio de todo esto destacamos que cerramos el primer trimestre con la menor tasa de homicidios de los últimos 15 años.
¿Qué medidas adicionales?
Cuando nos reunimos con otras autoridades regionales discutimos la posibilidad de poner un pico y placa para salir y mercar. Cali lo va a implementar y vamos a evaluar esa y otras medidas. Es un riesgo muy alto el tema de las conglomeraciones.
¿Y frente al dengue? A esa problemática en salud se suma ahora el coronavirus...
Así como en seguridad tenemos las mejores cifras de los últimos 15 años, en dengue tenemos las peores de los últimos 10 años. Insistimos en la fumigación constante y el control de sumideros. De los más de 2.000 casos, 900 tienen signos de alarma y 787 han requerido hospitalización. Ahora más que nunca es importante que mitiguemos la problemática, porque hay que liberar camas para tener disponibilidad hospitalaria por el coronavirus. Necesitamos que el dengue empiece a ceder.
jgonzalez@elespectador.com
* Estamos cubriendo de manera responsable esta pandemia, parte de eso es dejar sin restricción todos los contenidos sobre el tema que puedes consultar en el especial sobre Coronavirus.