Esta es la historia de los enredos políticos y jurídicos que fracturan a la Cancillería

En la Cancillería se respiran aires cargados de la incertidumbre que viene con un ministro quien, en principio, solo debería permanecer por tres meses en el cargo, pero cuyos movimientos parecen indicar que su estancia en el Palacio de San Carlos será mucho más larga, si no es que permanente. De a pocos, los funcionarios más cercanos al suspendido canciller Álvaro Leyva han ido saliendo y Luis Gilberto Murillo, quien se vino desde la Embajada en Washington para reemplazarlo hace más de cinco semanas, trata de poner la casa en orden. Pero los ecos del desorden de la cartera se siguen sintiendo en otras latitudes.

En la Cancillería se respiran aires cargados de la incertidumbre que viene con un ministro quien, en principio, solo debería permanecer por tres meses en el cargo, pero cuyos movimientos parecen indicar que su estancia en el Palacio de San Carlos será mucho más larga, si no es que permanente. De a pocos, los funcionarios más cercanos al suspendido canciller Álvaro Leyva han ido saliendo y Luis Gilberto Murillo, quien se vino desde la Embajada en Washington para reemplazarlo hace más de cinco semanas, trata de poner la casa en orden. Pero los ecos del desorden de la cartera se siguen sintiendo en otras latitudes.

Mientras el país se volcó hacia la discusión sobre una asamblea constituyente, como la propuso el presidente Gustavo Petro en Cali hace ocho días, y el discurso del primer mandatario se fue endureciendo contra varios sectores de la oposición, el suspendido ministro estuvo esta semana paseándose por la Cancillería. Aunque algunos señalan que “solo fue a saludar”, otros leyeron su visita como una forma de tantear el terreno de su posible regreso. Y es que este 24 de marzo se cumplen tres meses desde que la Procuraduría, liderada por Margarita Cabello, le ordenó a Leyva separarse de su cargo por cuenta de la polémica que se desató por el proceso de licitación de pasaportes. Sin embargo, parece que el tiempo que ha pasado no ha aplacado la situación para Leyva.

Desde que Murillo asumió su rol como canciller encargado, los funcionarios más cercanos a Leyva han ido saliendo de la entidad uno a uno. Esta semana salió Silvia Carrizosa, la directora de Talento Humano de la cartera. Ya se han ido también José Antonio Salazar, exsecretario general, de quien dicen que se “inmoló” al adjudicar el contrato de casi $600 mil millones a Thomas Greg and Sons por imprimir los pasaportes del país y así salvar a Leyva y quien, por eso mismo, fue denunciado por el gobierno ante la Fiscalía esta semana; Juan Carlos Losada, director de asuntos jurídicos internacionales y envuelto en la polémica de Martha Lucía Zamora, la exdirectora de la Agencia de Defensa del Estado quien tuvo desencuentros con Leyva por su postura de conciliar con la empresa; y Lida Rodríguez, jefe de contratos.

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El lío por las libretas también llevó a que en los últimos ocho días Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, decidiera entrar a inspeccionar la Cancillería. Allí, durante más de cuatro horas, sus funcionarios se dedicaron a buscar pruebas de posible irrespeto a la libre competencia en la polémica licitación de pasaportes. Los sindicatos del ministerio ya alegan que la SIC se llevó información de seguridad nacional y violó el derecho a la intimidad y le han mandado un derecho de petición a Rusinque para que explique su actuar. La entidad también entró en esos días a las oficinas y la planta de Thomas y a la Registraduría,

Sin embargo, fuera de los reflectores y a fuego lento, se han ido cocinando otros problemas al interior de ese ministerio, que tiene un presupuesto de funcionamiento de un poco más de $703 mil millones. Estas averías le pasan la cuenta de cobro al primer mandatario, entre ellos, la ausencia de por lo menos tres embajadores en misiones clave, los roces entre los diplomáticos y el incumplimiento de la promesa de designar al menos la mitad de los cargos en el exterior a profesionales de la carrera diplomática.

Y es que lo que sucede en el Palacio de San Carlos tiene grandes ecos a nivel internacional, y prueba de ello es la noticia de que Sebastián Guanumen asumirá el cargo de embajador colombiano en Santiago de Chile, un nombramiento que nunca se concretó para el exsenador Temístocles Ortega. Aunque esta semana se confirmó que el actual cónsul, cuestionado por sus declaraciones de “correr la línea ética” durante la campaña presidencial de 2022, tendrá el beneplácito, desde que empezaron los rumores sobre su nombramiento saltaron alarmas en Chile. Algunos políticos chilenos criticaron la elección, asegurando que el colombiano ha mostrado apoyo a “expresiones violentas que afectaron a Chile”. “No permitiremos intromisión en asuntos internos. Gabriel Boric, Gustavo Petro, esperábamos alguien a la altura”, escribió en sus redes el congresista de derecha Iván Moreira.

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Chile, a la cabeza de Boric, se constituye como un aliado clave de Colombia, no solo por la inclinación ideológica que comparten las cabezas de Estado, sino para afrontar en conjunto asuntos como las nuevas olas migratorias que azotan estos países. Pero, después de 17 meses del gobierno Petro, también hay vacíos en otras embajadas, como es el caso de Japón, país que le donó a Colombia 3.7 millones de dólares el año pasado para enfrentar los retos migratorios. Fuentes cercanas a la Cancillería revelaron que el decreto para nombrar a Gabriel Duque como embajador lleva cinco meses estancado en Presidencia, esperando la firma de Petro. Por su parte, el Ministerio negó la elaboración de dicho decreto. En todo caso, mientras se nombra a alguien en propiedad, Flor Ángela Durán Consuegra, la encargada de negocios provisional, asume las funciones del cargo.

En Australia, donde hay más de 35.000 colombianos, no suenan aun nombres para ocupar el cargo de embajador. Por el momento, está Esther Margarita Arias como encargada de negocios. Según la Cancillería, esta embajada cuenta con un total de ocho funcionarios, de los cuales cuatro son diplomáticos de carrera, tres auxiliares de misión y un trabajador local. Y aunque en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) de “gobierno del cambio” está estipulado el fortalecimiento de los lazos hacia el Indo Pacífico, en Malasia, fue hasta el pasado 22 de febrero que Alejandro Rosselli Londoño tomó posesión de su cargo como embajador.

Las embajadas sin cabeza no son el único asunto que ha despertado cuestionamientos. También ha sido por el interés de la Cancillería de crear 10 sedes diplomáticas adicionales durante el cuatrienio del presidente Petro, y así quedar con un total global de 75 en 2026. Estas estarían en Barbados, Haití, Guyana, Etiopía, Senegal, Arabia Saudita, Nueva Zelanda, República Checa, Rumania y Palestina. En estos países viven, sumados, un total de casi 3.500 colombianos.

La apertura de estas nuevas 10 sedes diplomáticas, cuya creación supondría una inversión de casi $24 mil millones, también es parte de la estrategia de posicionamiento global y regional de Colombia prevista en el PND. Ejemplo de ello es la “Estrategia África”, que se ha encargado de liderar la vicepresidenta Francia Márquez, y, según la Cancillería, también está incluida en el presupuesto de 2024 del Fondo Rotario.

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Sin embargo, cuando Armando Benedetti quedó elegido como embajador ante la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), el pasado 7 de febrero, se puso en tela de duda si los recursos serían suficientes para abrir las 10 embajadas contempladas originalmente. Fuentes cercanas a la Cancillería explicaron que la apertura sí será posible, en la medida en que se acomode el tipo de funcionarios que requiere cada una. Por ejemplo, asignar ministros plenipotenciarios con funciones de jefe de misión, en lugar de embajadores. Además, Petro ha llamado a consultas a otros tres embajadores por choques con los gobiernos locales: Israel, Perú y Argentina.

El Congreso también ha pedido las explicaciones correspondientes a las nuevas embajadas. El canciller encargado Luis Gilberto Murillo estaba citado el pasado 13 de marzo para un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara. Sin embargo, se ausentó excusándose en su asistencia a la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas, en Viena (Austria). Entre las preguntas que le tenían los representantes estaban también asuntos sobre la ampliación de la planta de personal en la Cancillería.

El año pasado, luego de haber hecho un estudio técnico interno y pasarlo al Departamento Administrativo de la Función Pública, vía decreto, el Ministerio de Exteriores creó 125 nuevos cargos. Aunque el estudio que hizo el departamento de Talento Humano de la Cancillería indicaba que el déficit era mucho mayor, el Ministerio de Hacienda aceptó la viabilidad para ampliar el número de puestos de 1.624 a 1.738, lo que costará $650 mil millones, $51 mil millones más que lo que costaba la planta de personal antes.

En medio de todo esto, también ha habido insatisfacción por la reducción a 15 cupos para ingresar a la Academia Diplomática. Este diario supo que la razón de esto sería no crear un “cuello de botella” adelante, con la cantidad de personas graduadas de la carrera con los puestos disponibles.

Entre estos 125 nuevos cargos, el decreto especifica que nueve de ellos serán para embajadores extraordinarios y plenipotenciarios. Es decir, nueve oportunidades nuevas de nombramientos diplomáticos, uno de los asuntos que comenzó a levantar ampollas no solo en la opinión pública sino dentro de la Cancillería poco tiempo después de que empezara el “Gobierno del cambio”.

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Once días después de que Gustavo Petro asumiera su rol como presidente, Álvaro Leyva reunió a los funcionarios en el Palacio de San Carlos, donde les dijo que los nombramientos a cargos en el exterior “no son para la clase política”, ni “para regalarlos” y que, como ya había dicho desde que lo nombraron canciller, la preferencia sería para los de la carrera diplomática. “Si no, ¿para qué existe?”, dijo el ministro también en sus redes, lo que provocó saludos de personajes como el representante del Pacto Histórico David Racero.

Esta intención de promover que los embajadores de la carrera diplomática sean los primeros considerados también quedó consignada en el PND. Sin embargo, pronto la Asociación Diplomática y Consular (Asodiplo) y el sindicato Unidiplo comenzaron sus estrategias legales para demandar algunos nombramientos. Cada una por su lado, porque inicialmente también tenían sus diferencias sobre la mejor estrategia legal para defender a quienes se han ido preparando en la carrera diplomática.

En el caso de Asodiplo, han ganado 12 demandas en el último año y tienen otras 35 en curso. Sus triunfos se deben a que la ley establece que el gobierno solo puede nombrar a particulares en cargos como el de un cónsul solo si el Ministerio no tiene a funcionarios de la carrera disponibles para asumir esos roles.

Por estos motivos, por ejemplo, el Consejo de Estado tumbó hace una semana la resolución con la que se nombró como cónsul general de Colombia en México a Andrés Camilo Hernández Ramírez, quien había trabajado con Petro cuando fue senador. Por esos mismos días, salió del consulado de Cancún María Soledad Garzón Forero, hermana del fallecido Jaime Garzón. En la embajada de Ciudad de México, donde este año han rechazado el ingreso de más de 17 mil colombianos, también ha habido muchos ruidos al rededor del embajador Moisés Ninco Daza, quien con 12 meses en el cargo tiene dos procesos abiertos en la Procuraduría por presunto uso indebido de las instalaciones de la sede diplomática y por acoso laboral, precisamente, contra el ahora excónsul. De hecho, el nombramiento de Ninco, por irregularidades en el proceso, fue anulado en noviembre de 2023 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y actualmente se encuentra en segunda instancia en el Consejo de Estado.

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En sus redes sociales, Petro defendió la elección de su cuerpo diplomático en México argumentando que “lograron la liberación de decenas de colombianos retenidos por bandas en México y salvaron la vida de decenas de mujeres que eran conducidas a la esclavitud sexual”. El decreto 274 de 2000 establece que el 20% de los embajadores deben ser diplomáticos de carrera y aunque la promesa de Petro y Leyva fue subirla a, por lo menos, 50%, esto aún no se ha cumplido, según cuentan los sindicatos. De acuerdo con los datos de Unidiplo, en este momento el 37% de los nombramientos son de carrera.

Además de Ninco, otras gestiones han sido cuestionadas, como es el caso de León Fredy Muñoz, embajador en Nicaragua. Después de que se le evidenciara marchando a favor del régimen de Daniel Ortega en ese país, la Cancillería se abstuvo de iniciar actuación disciplinaria, por petición de la Procuraduría, que pidió la remisión del expediente.

En los últimos meses, además de las tensiones de Ninco y Hernández, también han surgido empezado a sonar ruidos sobre choques en otras sedes diplomáticas. Según cuentan fuentes cercanas a la Cancillería, entre estas está la Embajada ante Naciones Unidas, donde la embajadora Leonor Zalabata, perteneciente a la comunidad indígena arahuaca, discrepa con Arlene Tickner, quien cuenta con gran bagaje académico y diplomático. Antes de que Leyva se apartara del cargo como jefe de cartera, transfirió al embajador de Colombia en Uruguay, Juan José Quintana, a la sede ante Naciones Unidas, para reemplazar a Tickner. Sin embargo, como sus otros decretos, aún no es clara la viabilidad jurídica de esa decisión.

Dicen que el mismo Leyva ha chocado con algunos embajadores, como sería el caso de Laura Gil, quien dirige la misión en Austria, o con Margarita Manjarrez, embajadora en Israel. Pero también hay voces que argumentan desde hace meses que no hay lineamientos claros, de hecho, la pestaña de “Principios y lineamientos de la política exterior colombiana” en su página web está en blanco. La Cancillería le dijo a este diario que este vacío responde a que están en el proceso de unificar algunas secciones y documentos para no duplicar información y que los planes estratégicos están cargados en otro enlace.

Más allá de la página web, se dice que hasta antes de que llegara Murillo había una falta de línea por parte de Leyva y que Danna Ramírez, su asesora, y el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy, quienes se encargaban de delinear el camino. Esto llevó también a que el vicecanciller recibiera una serie de dardos. Mientras tanto, su homóloga de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor Jay, tendría otros intereses más allá de la Cancillería, los cuales llegarían a incluir la Gobernación del archipiélago de San Andrés.

Al día siguiente de que aceptara su suspensión, a Leyva se le vio por el Palacio de San Carlos. Ese 12 de febrero, Murillo estaba dejando sus asuntos en Washington en orden para poder venir a la capital a reemplazar al canciller durante un trimestre. Cuando se empezó a rumorear en el ministerio que su estancia podría llegar a ser permanente, Murillo no tardó en desmentirlos. En el desayuno que sostuvo con los representantes a la Cámara horas antes de su debate de control político en la Comisión Segunda, aclaró que su intención no era quedarse. Aunque parece que sus movimientos con el personal de la Cancillería indicarían una vocación de permanencia, algunas voces señalan que ser un ministro en propiedad del gobierno Petro entorpecería sus aspiraciones presidenciales, razón por la que preferiría regresar a Washington.

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