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En medio del proceso de elección de fiscal y tras las manifestaciones del pasado 8 de febrero frente a la Corte Suprema por la pronta selección de una de las ternadas por Petro, tanto el Centro Democrático como el Pacto Histórico viajaron a Washington, Estados Unidos, para lograr el respaldo internacional frente a sus versiones sobre una supuesta ruptura institucional en Colombia.
Este 15 de febrero cinco congresistas de la oposición se reunirán con Luis Almagro, secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), para contar su versión sobre el supuesto intento de desestabilización del gobierno de Petro, denunciado por el mismo jefe de Estado.
El senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, anunció que los organismos internacionales y el gobierno de Estados Unidos les abrió las puertas “para denunciar lo que realmente sucede en Colombia”, que según su punto de vista está “lejos del relato falso y peligroso de Petro fingiendo ser la víctima (...) estamos exponiendo las constantes violaciones y ataques a las instituciones por parte de su gobierno”.
(Lea: “Petro respondió a la posible desfinanciación de proyectos en el presupuesto de 2024″)
En la misma intervención, el senador se refirió al debate reciente por las sugerencias realizadas por los organismos internacionales y si con sus recomendaciones están o no interviniendo en asuntos internos y pasando sobre la soberanía colombiana.
Uribe Turbay advirtió que los organismos internacionales “deben recordar el principio de no intervención y de subsidiariedad, teniendo en cuenta que las instituciones colombianas y en especial la Corte Suprema están actuando dentro de la ley”.
Y es que varios miembros de la oposición han señalado que organismos internaciones, que se han pronunciado sobre la elección de fiscal y el panorama interno, estarían interviniendo en asuntos internos. Incluso, el Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (CORI) habló de “injerencia externa de organismos o de sus dirigentes en los procesos del país, especialmente en lo relacionado con la elección del fiscal”.
El comunicado, firmado por varios excancilleres, entre los que están Guillermo Fernández de Soto, Carolina Barco, Julio Londoño Paredes, entre otros, fue publicado después de los llamados de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, representada en Colombia por Juliette de Rivero.
¿Qué dijeron los organismos internacionales?
Por un lado, el organismo liderado por Luis Almagro anotó que “considera imprescindible garantizar que el presidente Gustavo Petro, quien fue debidamente elegido el 19 de junio de 2022, complete su mandato presidencial, que comenzó el 7 de agosto de 2022″.
Por su parte, la CIDH expresó su preocupación por el proceso de selección del nuevo fiscal general, destacando que “la ausencia de una persona titular y la designación de personas interinas puede afectar a su independencia y autonomía”, frente a la interinidad de Martha Mancera. Y señaló que el proceso a cargo de la Corte Suprema de Justicia concluir el pasado 7 de diciembre.
Hay quienes señalaron que con ese llamado, la CIDH interfirió en el calendario de la Corte y que además que es falso que tenga que terminar el proceso en esa fecha, pues según la ley colombiana no existe un plazo máximo una vez presentada la terna.
De otro lado, este 14 de febrero la ONU solicitó avanzar en la selección, para “asegurar la independencia, la autonomía y la transición oportuna en esta entidad, y prevenir el debilitamiento de la justicia”.
El Espectador consultó a expertos, quienes aseguraron que aunque hay puntos en los que se equivocan los organismos internacionales, hay mucho trecho para que las sugerencias de la corte constituyan una injerencia sobre el estado Colombiano o una violación a la soberanía, pues sus comentarios no están hechos “con base en chantajes”.
“Si no queremos las sugerencias de la ONU, entonces hay que salirnos”, dijo el experto, pues el artículo 93 de la Constitución Política consagró que “los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, prevalecen en el orden interno”.
Precisamente, Yván Gil, el canciller de Venezuela, anunció este 15 de febrero la decisión del régimen de Nicolás Maduro de suspender las actividades de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos en ese país. De acuerdo con la publicación, el personal deberá abandonar el país en las próximas 72 horas.
Colombia ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos desde 1973 y desde 1948 hace parte de la OEA, que incluso fue creada en Bogotá. De modo que, sí hay mandato de la CIDH en el territorio colombiano, aunque bajo la “objetividad e imparcialidad”, como lo pidió la CORI.
Igualmente, el senador Humberto de la Calle ya envió una carta a Almagro, en la que le expresó su disgusto por las afirmaciones contenidas en el comunicado, pues las consideró “absolutamente inaceptables” y “ajenas por completo a la realidad” colombiana.
“Lo invito no solo a mirar la realidad actual, sino a repasar la historia de Colombia. Colombia padece mil dolencias y está afectada por serias deficiencias. Pero no ha sido ni será un país de golpistas”, dijo el senador frente a la petición de la OEA de no interrumpir el periodo presidencial, ante el llamado de Petro.
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