Estalla crisis en el CNE

Un enfrentamiento de talla mayor surgió en el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que la mesa directiva decidiera no abrir investigación a la campaña del excandidato a la Presidencia del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, basada en un informe del Fondo Nacional de Financiación Política de la entidad, que concluyó que no se excedieron los gastos de campaña y que los $230 millones que se habrían pagado a través de David Zuluaga (hijo del excandidato) al hermano del hacker Andrés Sepúlveda, sí fueron incluidos en los libros de cuentas.

Una decisión que no comparten seis de los nueve magistrados del CNE, quienes creen que sí se violaron las normas electorales, y advirtieron que harán valer su postura. Y es que según conoció El Espectador, la determinación tomada por el presidente Emiliano Rivera (Partido Liberal) y el vicepresidente Felipe García (Centro Democrático) fue tan controvertida, que generó reacciones en las altas esferas del Gobierno, donde consideran que archivar esta investigación sería poner en tela de juicio las acciones de la Fiscalía en el tema del hacker y hasta podría llevar a un nuevo choque de trenes, esta vez entre la organización electoral y el ente acusador.

De este modo, salió a flote un choque de fuerzas políticas en el CNE. De un lado están Rivera y García, apoyados por Ángela Hernández (conservadora y carta del procurador Alejandro Ordóñez), y en la otra orilla están los magistrados afines a los partidos de la coalición de Gobierno: Yolima Carrillo (Cambio Radical), Carlos Camargo (Conservador), Héctor Helí Rojas (Liberal), Luis Bernardo Franco y Alexánder Vega Rocha (la U), a quienes se suma Armando Novoa, (por las minorías Alianza Verde y el Polo). Este último bloque, basado en la reglamentación electoral, calificó de “ilegal e ilegítima” la decisión y hoy, en Sala Plena, votarán por abrir investigación.

“El reglamento establece en forma explícita que este tipo de decisiones no son competencia del presidente y vicepresidente del CNE, sino de la Sala Plena, integrada por nueve magistrados”, señaló el magistrado Novoa, explicando que el artículo 14, sobre decisiones irregulares, plantea que “no tendrán validez las determinaciones que se adopten en sesiones para las cuales los miembros del Consejo no hayan sido debidamente convocados, a menos que asista a la respectiva sesión la totalidad de ellos”.

Pero además hay argumentos de fondo que los magistrados consideran que deben ser tomados en cuenta en la investigación. Por ejemplo, según fuentes del CNE, ¿cómo se puede explicar que un joven de algo más de 20 años preste $230 millones a una campaña? ¿Por qué convenientemente se pone un informe del Fondo Nacional de Financiación Política por encima de la Sala Plena, que es la máxima instancia en el Consejo? Por último, se cree que es necesario identificar si el aporte efectivamente existió o simplemente es una cifra incluida en un libro de cuentas.

Desde la otra orilla —en voz baja— los magistrados que están de acuerdo con no avanzar en la investigación consideran que el CNE se está convirtiendo en un escenario de “retaliación política contra la oposición”, en este caso del Centro Democrático. Afirman que así sucedió con la aspiración presidencial de Marta Lucía Ramírez y con la polémica por el logo del uribismo en elecciones, y que este sería sólo otro episodio de esa “persecución”.

Argumentos de parte y parte, pero es claro que la polarización que se ha visto en escenarios políticos, como el Congreso, ya protagoniza en el máximo tribunal electoral, en el que las posiciones radicales han dejado sobre la mesa una puja en la que la Unidad Nacional va ganando por seis votos a tres.

fmorales@elespectador.com
 

Un enfrentamiento de talla mayor surgió en el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de que la mesa directiva decidiera no abrir investigación a la campaña del excandidato a la Presidencia del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, basada en un informe del Fondo Nacional de Financiación Política de la entidad, que concluyó que no se excedieron los gastos de campaña y que los $230 millones que se habrían pagado a través de David Zuluaga (hijo del excandidato) al hermano del hacker Andrés Sepúlveda, sí fueron incluidos en los libros de cuentas.

Una decisión que no comparten seis de los nueve magistrados del CNE, quienes creen que sí se violaron las normas electorales, y advirtieron que harán valer su postura. Y es que según conoció El Espectador, la determinación tomada por el presidente Emiliano Rivera (Partido Liberal) y el vicepresidente Felipe García (Centro Democrático) fue tan controvertida, que generó reacciones en las altas esferas del Gobierno, donde consideran que archivar esta investigación sería poner en tela de juicio las acciones de la Fiscalía en el tema del hacker y hasta podría llevar a un nuevo choque de trenes, esta vez entre la organización electoral y el ente acusador.

De este modo, salió a flote un choque de fuerzas políticas en el CNE. De un lado están Rivera y García, apoyados por Ángela Hernández (conservadora y carta del procurador Alejandro Ordóñez), y en la otra orilla están los magistrados afines a los partidos de la coalición de Gobierno: Yolima Carrillo (Cambio Radical), Carlos Camargo (Conservador), Héctor Helí Rojas (Liberal), Luis Bernardo Franco y Alexánder Vega Rocha (la U), a quienes se suma Armando Novoa, (por las minorías Alianza Verde y el Polo). Este último bloque, basado en la reglamentación electoral, calificó de “ilegal e ilegítima” la decisión y hoy, en Sala Plena, votarán por abrir investigación.

“El reglamento establece en forma explícita que este tipo de decisiones no son competencia del presidente y vicepresidente del CNE, sino de la Sala Plena, integrada por nueve magistrados”, señaló el magistrado Novoa, explicando que el artículo 14, sobre decisiones irregulares, plantea que “no tendrán validez las determinaciones que se adopten en sesiones para las cuales los miembros del Consejo no hayan sido debidamente convocados, a menos que asista a la respectiva sesión la totalidad de ellos”.

Pero además hay argumentos de fondo que los magistrados consideran que deben ser tomados en cuenta en la investigación. Por ejemplo, según fuentes del CNE, ¿cómo se puede explicar que un joven de algo más de 20 años preste $230 millones a una campaña? ¿Por qué convenientemente se pone un informe del Fondo Nacional de Financiación Política por encima de la Sala Plena, que es la máxima instancia en el Consejo? Por último, se cree que es necesario identificar si el aporte efectivamente existió o simplemente es una cifra incluida en un libro de cuentas.

Desde la otra orilla —en voz baja— los magistrados que están de acuerdo con no avanzar en la investigación consideran que el CNE se está convirtiendo en un escenario de “retaliación política contra la oposición”, en este caso del Centro Democrático. Afirman que así sucedió con la aspiración presidencial de Marta Lucía Ramírez y con la polémica por el logo del uribismo en elecciones, y que este sería sólo otro episodio de esa “persecución”.

Argumentos de parte y parte, pero es claro que la polarización que se ha visto en escenarios políticos, como el Congreso, ya protagoniza en el máximo tribunal electoral, en el que las posiciones radicales han dejado sobre la mesa una puja en la que la Unidad Nacional va ganando por seis votos a tres.

fmorales@elespectador.com