Este era el prontuario del condenado exsenador Mario Castaño, fallecido en La Picota

Mario Alberto Castaño Pérez, exsenador de la República por el Partido Liberal, quedó en el radar de la opinión pública y de la justicia cuando en junio de 2022 la Fiscalía lo capturó en medio de una investigación por corrupción que, en su momento, la justicia denominó como “las marionetas”. Para ese momento, Castaño ocupaba una curul en el Congreso tras haber sido reelegido en las elecciones del 13 de marzo de 2022.

Este sábado, Castaño murió en la cárcel La Picota, donde permanecía recluido pagando una condena de 15 años y 11 meses a la que había sido sentenciado por la Corte Suprema de Justicia apenas en junio de este año, luego de aceptar cargos y confesar que lideró una estructura criminal que, en complicidad con alcaldes, gobernadores, funcionarios públicos y empresarios, saquearon recursos públicos por más de $112 mil millones a través de contrataciones públicas.

Su captura fue un hecho sin precedentes en los años recientes del Congreso. De hecho, causó asombró la escena, pues desde la época de los congresistas investigados por parapolítica no apresaban a un parlamentario a la salida de su lugar de trabajo. De acuerdo con la Fiscalía, semanas antes de elecciones el nombre de Castaño empezó a sonar en los estrados judiciales.

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Durante una audiencia contra nueve personas, fue mencionado como “lobbista” de un grupo de particulares que estarían inmersas en hechos de corrupción. Parte del modus operandi era, primero, definir qué alcaldes ejecutarían los proyectos y después permitirles proponer contratistas e interventores para cada obra; es decir, direccionan de principio a fin los dineros. En el caso del exsenador liberal, estos cupos estaban hablados y acordados con alcaldes y contratistas para que, por cada contrato adjudicado, al entonces senador se le diera el 10% de cada uno.

Las investigaciones, que no fueron únicamente en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia sino que también se desarrollaron en la Procuraduría, encontraron que, a través de terceros, Castaño lideraba una red encargada de desviar contratos públicos en municipios de todo el país, empezando por Risaralda, de donde es oriundo, hasta en el Cauca, Caldas, Chocó, Valle del Cauca y Tolima, departamentos hasta donde llegó su incidencia política.

En su momento, la Fiscalía aseguró que las investigaciones arrojaban que empresarios y contratistas visitaban a Castaño constantemente par resultar beneficiados con contratos en entidades públicas como el Ministerio del Deporte, el Departamento de Prosperidad Social o la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Funcionarios públicos al parecer ajustaban los pliegos de condiciones de las licitaciones para que quedaran en manos de los oferentes propuestos por Castaño. Es decir, se direccionaban contratos para que el congresista pudiera tomar una tajada de esos convenios suscritos con dineros del Estado.

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Cuando Fiscalía comenzó a investigar las “marionetas”, junto a él fueron procesados otros familiares o políticos que participaban de la red de corrupción nacional. Dentro de los capturados por hacer parte de la red de marionetas están la relacionista pública Nova Lorena Cañón, y Daniela Ospina, quien era pareja sentimental de Mario Castaño.

Asimismo, fueron capturados Gloria Raigoza, alcaldesa de Alcalá (Valle del Cauca); Jhonattan Manuel Vásquez, alcalde de La Merced (Caldas); Diego González, de Aguadas (Caldas) y Andrés Felipe Aristizabal de Villa María (Caldas). Por otra parte, también fueron capturados Ronald Villegas, alcalde de Suárez (Cauca); y Victor Hugo Franco, alcalde de Piendamó (Cauca); y el alcalde de Armero Guayabal (Tolima), Medardo Ortega Fonseca. Aún así, el asistente y mano derecha de Castaño en la red de corrupción, el odontólogo Juan Carlos Martínez, sigue prófugo de la justicia.

A los pocos días que se adelantaron estas audiencias, la Corte Suprema abrió investigación contra el senador liberal y en el documento que sustentó la apertura de investigación indicó que “Dentro de las pruebas recaudadas por la Fiscalía se encuentran las interceptaciones telefónicas realizadas a varios de los implicados en estos hechos, incluido, desde luego, el senador Castaño”.

Durante la imputación de cargos, el ente investigador lo responsabilizó de cometer 19 delitos que incluyen concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada, extorsión y concusión.

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Según Fiscalía, durante enero y marzo de 2021 “constriñeron a varias personas para que les entregaran una utilidad ilícita, es decir, una suma equivalente al mes de salario o de honorarios a cambio de lograr la vinculación como funcionarios o contratistas en varias entidades”. Las entidades donde se habrían feriado los contratos, según Fiscalía, fueron el SENA Caldas, Procuraduría, Contraloría, Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Lo cierto es que todavía había una investigación en curso en contra de Castaño por enriquecimiento ilícito durante 2018, cuando fungía como congresista. Sin embargo, sus procesos judiciales culminaron con su fallecimiento este sábado, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) diera a conocer a la opinión pública que Mario Castaño falleció, al parecer, de un infarto, mientras permanecía recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanecía privado de su libertad por delitos de corrupción.

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Mario Alberto Castaño Pérez, exsenador de la República por el Partido Liberal, quedó en el radar de la opinión pública y de la justicia cuando en junio de 2022 la Fiscalía lo capturó en medio de una investigación por corrupción que, en su momento, la justicia denominó como “las marionetas”. Para ese momento, Castaño ocupaba una curul en el Congreso tras haber sido reelegido en las elecciones del 13 de marzo de 2022.

Este sábado, Castaño murió en la cárcel La Picota, donde permanecía recluido pagando una condena de 15 años y 11 meses a la que había sido sentenciado por la Corte Suprema de Justicia apenas en junio de este año, luego de aceptar cargos y confesar que lideró una estructura criminal que, en complicidad con alcaldes, gobernadores, funcionarios públicos y empresarios, saquearon recursos públicos por más de $112 mil millones a través de contrataciones públicas.

Su captura fue un hecho sin precedentes en los años recientes del Congreso. De hecho, causó asombró la escena, pues desde la época de los congresistas investigados por parapolítica no apresaban a un parlamentario a la salida de su lugar de trabajo. De acuerdo con la Fiscalía, semanas antes de elecciones el nombre de Castaño empezó a sonar en los estrados judiciales.

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Durante una audiencia contra nueve personas, fue mencionado como “lobbista” de un grupo de particulares que estarían inmersas en hechos de corrupción. Parte del modus operandi era, primero, definir qué alcaldes ejecutarían los proyectos y después permitirles proponer contratistas e interventores para cada obra; es decir, direccionan de principio a fin los dineros. En el caso del exsenador liberal, estos cupos estaban hablados y acordados con alcaldes y contratistas para que, por cada contrato adjudicado, al entonces senador se le diera el 10% de cada uno.

Las investigaciones, que no fueron únicamente en la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia sino que también se desarrollaron en la Procuraduría, encontraron que, a través de terceros, Castaño lideraba una red encargada de desviar contratos públicos en municipios de todo el país, empezando por Risaralda, de donde es oriundo, hasta en el Cauca, Caldas, Chocó, Valle del Cauca y Tolima, departamentos hasta donde llegó su incidencia política.

En su momento, la Fiscalía aseguró que las investigaciones arrojaban que empresarios y contratistas visitaban a Castaño constantemente par resultar beneficiados con contratos en entidades públicas como el Ministerio del Deporte, el Departamento de Prosperidad Social o la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Funcionarios públicos al parecer ajustaban los pliegos de condiciones de las licitaciones para que quedaran en manos de los oferentes propuestos por Castaño. Es decir, se direccionaban contratos para que el congresista pudiera tomar una tajada de esos convenios suscritos con dineros del Estado.

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Asimismo, fueron capturados Gloria Raigoza, alcaldesa de Alcalá (Valle del Cauca); Jhonattan Manuel Vásquez, alcalde de La Merced (Caldas); Diego González, de Aguadas (Caldas) y Andrés Felipe Aristizabal de Villa María (Caldas). Por otra parte, también fueron capturados Ronald Villegas, alcalde de Suárez (Cauca); y Victor Hugo Franco, alcalde de Piendamó (Cauca); y el alcalde de Armero Guayabal (Tolima), Medardo Ortega Fonseca. Aún así, el asistente y mano derecha de Castaño en la red de corrupción, el odontólogo Juan Carlos Martínez, sigue prófugo de la justicia.

A los pocos días que se adelantaron estas audiencias, la Corte Suprema abrió investigación contra el senador liberal y en el documento que sustentó la apertura de investigación indicó que “Dentro de las pruebas recaudadas por la Fiscalía se encuentran las interceptaciones telefónicas realizadas a varios de los implicados en estos hechos, incluido, desde luego, el senador Castaño”.

Durante la imputación de cargos, el ente investigador lo responsabilizó de cometer 19 delitos que incluyen concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, tentativa de peculado por apropiación, estafa agravada, extorsión y concusión.

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Según Fiscalía, durante enero y marzo de 2021 “constriñeron a varias personas para que les entregaran una utilidad ilícita, es decir, una suma equivalente al mes de salario o de honorarios a cambio de lograr la vinculación como funcionarios o contratistas en varias entidades”. Las entidades donde se habrían feriado los contratos, según Fiscalía, fueron el SENA Caldas, Procuraduría, Contraloría, Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Lo cierto es que todavía había una investigación en curso en contra de Castaño por enriquecimiento ilícito durante 2018, cuando fungía como congresista. Sin embargo, sus procesos judiciales culminaron con su fallecimiento este sábado, luego de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) diera a conocer a la opinión pública que Mario Castaño falleció, al parecer, de un infarto, mientras permanecía recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, donde permanecía privado de su libertad por delitos de corrupción.

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