Exactamente, ¿cuál es la responsabilidad y tareas específicas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en asuntos relacionados con los procesos de paz que adelanta el Gobierno con diferentes grupos armados?
En desarrollo del programa de Paz Total, se han expedido una serie de decretos a partir del segundo semestre del 2023. En el marco de esos decretos se han ido dictando resoluciones del Gobierno en que se nombran los negociadores. Por su parte, la Unidad Nacional de protección (UNP) atiende dos rutas de protección: la colectiva y la individual. En cuanto a esta, la UNP atiende a 30 agrupaciones por razón del riesgo que sufren, y a otras 16 por razón del cargo que tienen funcionarios que están en las diferentes ramas del poder público. Las personas y colectivos que participan en las mesas de diálogo, deben ser protegidas. Aunque la UNP no contaba con estos nuevos grupos dentro de las poblaciones que debía cubrir, por determinación del Gobierno estamos cumpliendo esta función misional.
¿Cómo se determina el número e identidad de protegidos, cantidad de escoltas, de vehículos y tipo de blindaje de esos vehículos cuando los custodiados son guerrilleros sublevados en contra el Estado que se encuentran en un proceso de negociación con el Gobierno?
El número e identidad de los protegidos en cada uno de los procesos es determinado por el Gobierno, fundamentalmente por la oficina del Alto Comisionado para la Paz. La cantidad de escoltas, vehículos y el blindaje de esos vehículos, dependen del número de protegidos y del riesgo que haya, aunque este es difícil de calcular; contrario a lo que sucede en los procesos ordinarios de protección, estas personas tienen una situación de peligro mayor porque se propician ataques entre quienes hoy están enfrentados entre sí. Como se sabe, el denominado “Estado Mayor Central (EMC)” presenta una división interna: los que se han avenido a participar en una mesa de negociación para buscar un proceso de suspensión de hostilidades, son catalogados por los otros como traidores y por eso pueden ser blanco de todo tipo de ataques. Tales particularidades son valoradas por la UNP, y de sus análisis surge el esquema que hay que implementar.
En el caso del delicado incidente de esta semana que casi enfrenta a un número importante de guerrilleros negociadores con soldados en un retén en una carretera de Antioquia, el número de los protegidos oficialmente por la UNP era muy inferior al de pasajeros transportados en los vehículos de protección ¿Qué sucedió con ese caso que indignó a muchos colombianos?
No hay esquemas individuales para cada guerrillero. Tratamos de que la protección, en estos casos, sea colectiva. El número de vehículos debe ser inferior al número de protegidos. En el caso por el que usted pregunta, el esquema colectivo asignado por la UNP, cubría a 8 personas y tenía dispuestos 5 vehículos. En la vía en donde se encontraba el retén militar, había dos carros más pero no pertenecían al mismo grupo. Uno era del esquema individual de alias Calarcá (Alexander Díaz Mendoza), negociador del EMC, y el otro estaba con un protegido firmante de paz del Acuerdo de 2016.
¿Con cuáles entidades y funcionarios del Gobierno debe coordinarse la UNP antes, durante y después de los desplazamientos de ciudadanos corrientes que tengan esquemas de protección?
Para las poblaciones habituales, la UNP autoriza los desplazamientos terrestres después de una solicitud inicial del protegido que debe suministrar la información requerida por los menos con dos días hábiles de antelación. Y, para esos desplazamientos, se coordina con las autoridades de Policía y con otras que estén en el territorio hacia donde se dirigen, o con las que se encuentren en los lugares por donde vayan a pasar durante el viaje.
Y en el caso de los alzados en armas, ¿a cuáles autoridades les avisa la UNP antes de iniciar el desplazamiento?
En el caso de los alzados en armas, una población especial como ya dije, porque no está en el listado de los grupos que habitualmente se protegen, la solicitud también parte de los protegidos y deben hacer la solicitud, con antelación, a la oficina del Alto Comisionado que le informa a la UNP para que prepare el desplazamiento y determine las medidas que se deben tomar. El Comisionado también informa a las autoridades de Policía y a las Fuerzas Militares de esos desplazamientos. Respecto a nuestros funcionarios, la entidad dispone de un grupo especial entre el grupo que se encarga de la coordinación, que es diferente al que atiende a la población convencional.
Pero entonces, ¿significa que, en la práctica, los guerrilleros negociadores que están protegidos por el Estado, determinan las características de sus medidas de protección? Y ¿para qué se movilizan de un territorio a otro?
No. Ellos plantean la necesidad de desplazarse para contactar a otros alzados en armas que podrían sumarse a las conversaciones de paz peo la oficina del Alto Comisionado autoriza esos movimientos y nos informa a nosotros y les informa también a las autoridades de Policía y al Ejército de la zona para evitar enfrentamientos en tanto se encuentren en proceso de diálogo. La UNP decide las personas y vehículos que viajarán. El esquema de protección colectivo que previamente ha sido asignado, es fijo: no se modifica con los viajes. Ahora, hay que tener en cuenta que el riesgo de los que permanecen en el proceso de diálogo, es muy alto, como dije antes: sus enemigos, antiguos compañeros, conocen y saben sobre ellos.
Usted y otros funcionarios ya han dado varias explicaciones sobre el incidente de la vía Anorí – Medellín pero las críticas persisten. La UNP ¿mantiene o pierde el control de lo hechos cuando esos esquemas se mueven por las carreteras?
Como dije, antes del desplazamiento se coordina con la oficina del Comisionado de Paz. La UNP se encarga del traslado. Se aclara que no hubo – y que no hay, habitualmente, contacto entre la UNP y los escoltas durante el trayecto porque cuando se está en pleno movimiento, si hay comunicaciones frecuentes, mediante las interceptaciones se pueden ubicar los vehículos y conocer la ubicación de la caravana lo que implicaría mayor riesgo para los protegidos.
De cualquier modo, ese incidente terminó mal…
Es bueno precisar que ese incidente no terminó tan mal desde el punto de vista de la UNP y de su misión. En primer lugar, las personas indicadas por el Comisionado de Paz fueron protegidas debidamente durante el viaje hacia territorio antioqueño. Segundo, cuando regresaban y llegaron al retén, se encontraban bien; en tercero, ante el control conjunto Ejército-Policía en ese sitio, el esquema observó el pare respectivo y luego procedió de la manera correcta: no se pueden abrir los vehículos o requisarlos en carretera. Las normas que rigen estos procedimientos indican que los vehículos se requisan y se identifica a sus ocupantes dentro de instalaciones militares o policiales como finalmente se hizo para la seguridad de las personas protegidas. Nuestros escoltas cumplieron con su deber.
Entonces, ¿qué salió mal y por qué parecía que las cosas se estaban saliendo de control?
Tenemos que reconocer que se presentaron hechos que no son deseables: los protegidos subieron a los vehículos a personas distintas de las que están en la lista de la resolución de protección; algunas de esas personas tenían órdenes de captura vigentes y, además, portaban elementos que no debieron ser llevados. Pero también hay que entender que son personas que no pertenecen a los grupos que habitualmente tienen esquemas de protección. Es decir, estamos ante unas circunstancias excepcionales.
Si las autoridades militares o de Policía de la zona estaban enteradas de que se trataba de un desplazamiento especial con un grupo de negociadores de una guerrilla, ¿por qué lo retuvieron?
Un pare en un retén no implica que no se pueda seguir circulando. Si todo hubiera estado en regla, no habría habido ningún problema. Pero la negativa de abrir las puertas de los vehículos, despertó algunas alertas. Después se supo que había elementos y personas que no estaban cubiertos por la resolución de la UNP.
¿cuáles fueron las irregularidades en que incurrieron los negociadores con medidas de protección?
Las personas protegidas abusaron del servicio prestado e incumplieron el manual de uso de las medidas de protección. Los escoltas llegaron con el grupo de protegidos a un territorio y cuando fueron a regresar, los protegidos subieron a otras personas en un lugar que tiene dificultades y en donde hacen presencia grupos irregulares ¿Cómo se reacciona cuando se llega a una zona en donde hay presencia de armados ilegales y los protegidos introducen elementos que no pueden ser revisados, requisados o señalados, puesto que los funcionarios de protección de la UNP no tienen autoridad judicial para imponerse? Estos interrogantes deben ser aclarados y valorados teniendo en cuenta las circunstancias dentro de un proceso novedoso y que no es rutinario.
¿Ellos desobedecieron las órdenes militares en el retén?
En ningún momento. Los conductores escoltas de la UNP pararon ante el requerimiento de los soldados y procedieron a solicitar, como dice el reglamento, que las requisas se hicieran en una instalación de Policía o Ejército y no en carretera. La UNP dio la orden de traslado. Sin embargo, las personas protegidas insistieron en pedir la presencia de funcionarios de la veeduría internacional del proceso, o sea, los de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP- OEA) y los de Naciones Unidas. Cuando llegaron, se procedió.
Los protegidos, ¿pueden negarse a obedecer a las autoridades?
Los protegidos no pueden negarse a ser requisados e identificados por las autoridades competentes. Es una norma muy clara. Repito, cuando un vehículo es detenido en carretera el conductor escolta no está obligado a abrir sus puertas porque es peligroso, pero sí debe trasladarse a las instalaciones militares o policiales más cercanas, tal como se hizo el día del impasse en Antioquia.
A los negociadores de la guerrilla, ¿se les permite ir armados y decidir el número y edad de las personas que van en los vehículos oficiales?
Está prohibido que las personas protegidas porten cualquier tipo de arma. Los únicos que pueden estar armados dentro de los vehículos, son los escoltas de la UNP y, eventualmente, las unidades de Policía en el caso de esquemas mixtos. En los vehículos de la UNP solo se deben transportar los protegidos autorizados y los escoltas; y, en algunos casos, familiares de los protegidos.
¿Justifica, usted, el sentimiento de indignación que produjo ese incidente por la aparente benevolencia estatal con personas que están por fuera de la ley, o está en desacuerdo?
Justifico, de alguna manera, la indignación que sienten unos colombianos porque no conocen, con más profundidad, la situación. Los grupos de alzados en armas que causan muertes en los territorios, los desplazamientos de civiles de sus lugares de vivienda y otras graves agresiones, naturalmente producen indignación. Es comprensible. Pero sí estas personas de proceder irregular, entran en un proceso de cese al fuego y finalmente se desmovilizan, los beneficios generales serán superiores a las molestias. Ese es el objetivo del proceso de paz aunque, a veces, no se comprenda.
Para nadie en el país político es un secreto que el gobernador de Antioquia es un contradictor del presidente Petro y su gobierno. De todos modos, siendo él, el mandatario local, ¿la UNP o el Comisionado de Paz, le informa sobre de estos movimientos? Y, cuando corresponda, ¿a todos los demás gobernadores y alcaldes?
Los temas concernientes a los diálogos y negociaciones de paz son del resorte exclusivo de la Presidencia de la República; y el Comisionado de Paz es quien funge como responsable de esa actividad. Por razones de seguridad, los desplazamientos que se hacen en búsqueda de extender el proceso de diálogo, son compartidos con las autoridades militares y policiales por parte de los funcionarios de Presidencia.
Los gobernantes locales que son opositores políticos del gobierno central, ¿han obstaculizado, en alguna oportunidad, las órdenes de desplazamientos u otras de la UNP por provenir de la administración nacional?
No se ha presentado esa situación. Hemos recibido críticas y todo tipo de manifestaciones de molestia de algunos de ellos pero no hemos detectado que haya habido algún tipo de acción tendiente a oponerse al desarrollo del programa de protección de los que intervienen en las conversaciones de paz.
¿Cuántas personas protege la UNP en el país? ¿Cuántos vehículos tiene asignados a esas personas, cuántos escoltas protegen a esos ciudadanos y cuántos esquemas existen?
A corte del 31 de marzo del 2024, la UNP brinda protección a 12.831 personas en la ruta individual, y aproximadamente a 500 mil personas en la ruta colectiva: Estas son comunidades que están asentadas en los territorios y se encuentran expuestas a riesgos extraordinarios. En total, se emplean 11.548 personas de protección y 5.392 vehículos, de los cuales 3.196 son blindados y 2.196 son convencionales.
Con las cifras reportadas sobre las tareas de la UNP en campo, ¿es posible mantener un serio control sobre lo que ocurre diariamente en la calle y en cada esquema de seguridad?
Tener un control estricto, es muy difícil. Sin embargo, la UNP ha avanzado en el manejo de situaciones imprevistas; hemos lanzado la línea nacional Emergencia Vida 103 a la cual se puede marcar desde cualquier teléfono celular para reportar un caso de emergencia, riesgo o ataque que esté enfrentando un esquema, un escolta o un protegido; la llamada se traslada a un centro de despacho de la entidad que, mediante una plataforma, envía un enlace para que quien esté en riesgo autorice a que se encienda la cámara de su celular y el geoposicionador de manera remota, de tal manera que desde ese instante se empiece a filmar la emergencia que se está presentando. Con el GPS se ubica el punto donde ocurre el hecho. Entre tanto, la UNP se comunica con la autoridad más cercana para que concurra, apoye y enfrente la circunstancia.
En el periodo en que usted ha estado al frente de la UNP, ¿cuántos ilícitos cometidos con implementos oficiales se han descubierto?
En estos dos años que estoy próximo a completar, hemos encontrado toda una serie de delitos cometidos en desarrollo del programa de protección. Hay que precisar que estas prácticas venían desde mucho tiempo atrás. De hecho, la hija de uno de los directores anteriores, fue secuestrada. Parece repetitivo que la UNP sea motivo de noticias porque luchamos contra la corrupción y la principal herramienta que estamos utilizando es la denuncia. No nos callamos: hemos denunciado a las mafias de renta de vehículos, a las mafias de suministro de personal, la utilización de vehículos de la UNP para el transporte de estupefacientes, el transporte de munición y de armas, de dinero en campañas políticas, de turistas, de cantantes que llegan al país, de combatientes con menores reclutados; el alquiler de esquemas de seguridad. También hemos descubierto otras actividades delictivas como el cobro por ingresar escoltas a las empresas que suministran el personal a la entidad, la falsificación de documentos. En fin, un largo etc...
Comisión para revisar lo ocurrido y evitar su repetición
A raíz del incidente entre guerrilleros protegidos y soldados, y de las consecuencias políticas negativas que pueden derivarse del mismo, ¿habrá cambios en los procedimientos para las movilizaciones de miembros de organizaciones armadas que estén adelantando diálogos con el Estado?
La oficina del Comisionado, Otty Patiño, conformó una comisión que él mismo encabezó y se reunió con nuestro equipo técnico de la UNP. A esa reunión también asistió un oficial de la Unidad Especial para la Edificación de la Paz, UNIPEP. Allí se analizó lo que sucedió y se propusieron algunas modificaciones en los procedimientos que todavía están en estudio. Entre otras cosas, se planteó que, en vista de que los miembros de la UNP deben aplicar las medidas pero no tienen funciones de policía judicial, se puedan incluir, en los esquemas, a servidores de la UNIPEP, y de esta manera podamos tener una coordinación más estrecha y facilitar una comunicación efectiva. Igualmente, se planteó que la policía registre a las personas que van a subir a los vehículos de la UNP, que constaten que no vayan quienes no estén en las listas y que verifiquen que no tengan armas u otros elementos extraños.
Exsubdirector de la UNP vinculado con banda La Terraza.
El caso del transporte de droga en un vehículo de la UNP es uno de los más graves escándalos ¿Qué pasó con esa investigación?
Está relacionada con el señor Manuel Antonio Castañeda que se acercó a la UNP el 5 de diciembre del 2022 y denunció al líder sindicalista Wilson Devia por alquilar vehículos y vender esquemas. Después de hacer esa denuncia, Castañeda fue capturado en Totoró, Cauca, con un vehículo de la UNP en que transportaba más de 200 kilos de cocaína. El vehículo estaba asignado al exsubdirector de Protección de esta entidad, Ronald Rodríguez Rozo. Luego verificamos que había un entramado mafioso dentro de la entidad justo antes de la llegada de esta administración.
El exsubdirector Rodríguez Rozo ¿no salió en libertad hace poco por vencimiento de términos?
Sí. En el tiempo que él estuvo al frente de la subdirección, Castañeda asegura que le hizo 6 visitas al despacho para entregarle grandes sumas de dinero. Y se descubrió que ese subdirector estaba vinculado con alias Douglas, jefe de la Banda La Terraza, de la llamada Oficina de Envigado. También se supo que Rodríguez tenía vínculo familiar civil con alias Douglas.