Estos son los precandidatos más cuestionados y “riesgosos”, según Pares
Mencionados en parapolítica, investigados por la Procuraduría o Contraloría, líderes de clanes políticos y sospechosos en casos de corrupción son algunos de los cuestionamientos que rodean a 88 precandidatos a las alcaldías y gobernaciones del país. Están involucrados los clanes políticos Char, Blel, Gnecco, Rey, Nueva Fuerza Guajira, Villamizar, Barreto y Dilian Francisca Toro.
La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) reveló su informe de precandidatos cuestionados, a cuatro meses de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. En un documento de 44 páginas mencionan a 88 precandidatos que podrían ser “riesgosos”, como los categoriza Pares, de volver a ganar un espacio en alcaldías o gobernaciones del país.
El informe explica que “en su mayoría, el 43% (38 precandidatos) son herederos y/o líderes de clanes políticos. El 36% cuentan con investigaciones disciplinarias; el 34% con investigaciones judiciales; 22% tienen relaciones con presuntos hechos de corrupción; 16% con presuntos nexos con grupos armados ilegales; el 10% son herederos de parapolítica y el 9% tienen investigación fiscal. Finalmente, solo el 1% tiene presuntos nexos con economías ilegales; el 1% investigación por parapolítica y el 1% es heredero de Odebrecht”.
Aunque la mayoría de los nombres mencionados son políticos que ya tienen un lugar en partidos tradicionales como el Liberal, el Partido de la U, los conservadores, el Centro Democrático, Cambio Radical, Alianza Verde, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), la Alianza Democrática Amplia (ADA), la Liga de Gobernantes Anticorrupción, La Fuerza de la Paz, Independientes, Fuerza Ciudadana, Creemos Colombia y la Alianza Social Independiente, otros de los cuestionados buscan legitimar su candidatura a través de firmas.
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El nombre que lidera el “top” de precandidatos cuestionados a gobernaciones es el de Nebio de Jesús Echeverry, exgobernador del Guaviare en dos ocasiones (2001 - 2003 y 2016 - 2019). Varias investigaciones lo han señalado como un hombre con posibles nexos con grupos paramilitares de los Llanos Orientales. Según Pares, “paramilitares de grueso calibre como “Otoniel” lo han mencionado en sus declaraciones asegurando cercanía entre ellos”. Además, en sentencias de Justicia y Paz su nombre aparece mencionado como uno de los ganaderos que participó de una reunión para crear la primera estructura del Frente Pedro Pablo González o el “Grupo Paratebueno”.
Los candidatos a gobernación “riesgosos”
Es uno de los políticos más tradicionales del departamento. El empresario, en 2019, aseguró que en sus planes como gobernador estaba el fortalecimiento de la industria de palma africana y de ganado en el Guaviare, lo que podría generar deforestación en esta región del Amazonas. Su primo Óscar López Cadavid fue condenado por paramilitarismo en 2011. Aunque todavía no se ha definido por qué partido o coalición lanzaría su candidatura, el informe de la Fundación lo catalogó con “riesgo muy alto”.
En segundo lugar, perfilaron a Franklin Del Cristo Lozano de la Ossa, exrepresentante a la Cámara, exdiputado y expresidente de la Asamblea de Magdalena. Ahora es aspirante a la gobernación de la Magdalena por el Movimiento Magdalena Libre.
En el departamento lo reconocen por ser el hijo y heredero de Franklin Lozano, un exdiputado del departamento condenado por concierto para delinquir agravado y constreñimiento al elector en connivencia con las exAuc. “Su padre fue del pacto de Chivolo, un acuerdo entre políticos y paramilitares en el Magdalena para apoyar campañas políticas a alcaldías, asambleas y concejos, que fue liderado por el paramilitar Jorge 40″, dice el documento.
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Aunque según Pares, en junio de este año Lozano de la Ossa comenzó a ser investigado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, entre otros, el precandidato lo desmintió y dijo que nunca ha tenido procesos ante la justicia. Sin embargo, el informe explica que cuando fue gerente de la ESE José Prudencio Padilla, “fue cuestionado por supuestamente haber desfalcado a la ESE para financiar el Bloque Norte de las Auc”. El Consejo Nacional Electoral, en 2021, lo multó a él y otros miembros del partido Opción Ciudadana por haber manejado una sola cuenta bancaria para administrar los recursos de su campaña.
En el radar de Pares también está Dilian Francisca Toro, la presidenta del Partido de la U y exgobernadora del Valle del Cauca, que aspira a repetir mandato en ese departamento. Dilian Francisca es una de las políticas más poderosas de la región. De hecho, actual gobernadora Clara Luz Roldán, una de sus más íntimas amigas, fue su sucesora. En 2008, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación preliminar a Toro, por presuntamente por haberse beneficiado de la presión de grupos paramilitares para las elecciones en el departamento. Diez años después, el mismo tribunal le archivó la investigación por falta de pruebas.
De acuerdo con Pares, el episodio más “lesivo” en su vida política fue la investigación que le abrió la Corte Suprema en 2012, por lavado de activos, “al haber adquirido unos predios que resultaron siendo de Víctor Patiño Fómeque, líder del cartel del Valle”, dice el documento. Meses después, la Sala Penal de la Corte ordenó medida de aseguramiento en su contra y un año más tarde, en 2013, renunció a su curul como Senadora de la República. Quedó en libertad tras pagar una fianza.
Los cuestionados por las gobernaciones también están William Villamizar en Norte de Santander; Jorge Rey, que va por Cundinamarca; Yamil Arana, en Bolívar; Jorge Barros Gnecco, en el Cesar, Erasmo Zuleta y Gabriel Calle, por Córdoba; y el ingeniero y excandidato presidencial Rodolfo Hernández, por la gobernación de Santander. Hernández ha tenido problemas con la personería jurídica del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción porque algunos excoordinadores de ese movimiento político han pedido que sea Marelen Castillo, su fórmula vicepresidencial, quien asumiera el liderazgo. La candidatura de Rodolfo Hernández no se ha definido porque tiene una inhabilidad que profirió la Procuraduría en primera instancia, y por su diagnóstico de tumor en el colon.
Vea: “Alejandro Char, nostálgico de Aida Merlano”: La Candidata
Los cuestionados a las alcaldías
El primer nombre de candidatos cuestionados a las alcaldías es el de Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El hombre Malboro”, extraditado a Estados Unidos en 2003 bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez por narcotráfico. En varias de las versiones que ha entregado Salvatore Mancuso a la justicia lo ha señalado de ser uno de los creadores de los primeros bloques paramilitares en La Guajira.
Su nombre volvió a relucir en la política cuando la exesposa de Nicolás Petro lo acusó de haberle entregado más de $600.000 millones para la campaña del presidente Gustavo Petro. “Es importante resaltar que, durante la última campaña presidencial se conoció el apoyo de Santander Lopesierra a Gustavo Petro, pues participó activamente, vistiendo gorras y camisetas para promover el voto a favor de Petro”, dice el informe de Pares.
También está el nombre de Cielo Redondo, que aspira nuevamente llegar a la alcaldía de Uribia, en La Guajira. En mayo de 2016, tras estar prófuga de la justicia, se entregó ante la Sijin de la Policía porque era requerida por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento privado porque, supuestamente, incurrió en irregularidades al comprar unos materiales de construcción cuando fue alcaldesa de su pueblo por segunda vez, entre 2007 y 2011. En ese entonces, alegó supuestos problemas de salud cuando iba a ser trasladada a Bogotá, por lo que terminó siendo judicializada en Riohacha y enviada a su lugar de residencia.
Uno de los personajes políticos más conocidos en la lista es Alejandro Char, que quiere llegar a la alcaldía de Barranquilla por el partido Cambio Radical. Aída Merlano ha involucrado a Char con el esquema de corrupción electoral en la costa Caribe y por la que fue condenada. La Corte Suprema de Justicia compulsó copias para investigarlo en 2022.
Dos años antes, en 2020, la Procuraduría le había abierto una indagación preliminar a Char por “presuntamente recibir coimas que habría pagado el empresario Luis Enrique Guzmán Chams para quedarse con un contrato millonario para la construcción de un hidrotanque en el barrio Siete de Abril, que queda en el sur de Barranquilla, cuando Char era alcalde”, como menciona el documento.
Otros nombres de políticos tradicionales que aparecen en el análisis son los de Yahír Acuña, para la alcaldía de Sincelejo; Roberto Jiménez Naranjo, en Dosquebradas (Risaralda); Luis Pérez, exgobernador de Antioquia y quien aspira a la alcaldía de Medellín; Gabriel Calle Demoya, que va por Montelíbano (Córdoba); Raimundo Duarte, en Piedecuesta (Santander); Juana Gómez Bacci, que aspira a la alcaldía de Barrancas en La Guajira y Marco Tulio Ruiz, en Yopal (Casanare).
Consulte el informe completo de Pares aquí:
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La Fundación Paz y Reconciliación (Pares) reveló su informe de precandidatos cuestionados, a cuatro meses de las elecciones regionales del próximo 29 de octubre. En un documento de 44 páginas mencionan a 88 precandidatos que podrían ser “riesgosos”, como los categoriza Pares, de volver a ganar un espacio en alcaldías o gobernaciones del país.
El informe explica que “en su mayoría, el 43% (38 precandidatos) son herederos y/o líderes de clanes políticos. El 36% cuentan con investigaciones disciplinarias; el 34% con investigaciones judiciales; 22% tienen relaciones con presuntos hechos de corrupción; 16% con presuntos nexos con grupos armados ilegales; el 10% son herederos de parapolítica y el 9% tienen investigación fiscal. Finalmente, solo el 1% tiene presuntos nexos con economías ilegales; el 1% investigación por parapolítica y el 1% es heredero de Odebrecht”.
Aunque la mayoría de los nombres mencionados son políticos que ya tienen un lugar en partidos tradicionales como el Liberal, el Partido de la U, los conservadores, el Centro Democrático, Cambio Radical, Alianza Verde, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), la Alianza Democrática Amplia (ADA), la Liga de Gobernantes Anticorrupción, La Fuerza de la Paz, Independientes, Fuerza Ciudadana, Creemos Colombia y la Alianza Social Independiente, otros de los cuestionados buscan legitimar su candidatura a través de firmas.
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El nombre que lidera el “top” de precandidatos cuestionados a gobernaciones es el de Nebio de Jesús Echeverry, exgobernador del Guaviare en dos ocasiones (2001 - 2003 y 2016 - 2019). Varias investigaciones lo han señalado como un hombre con posibles nexos con grupos paramilitares de los Llanos Orientales. Según Pares, “paramilitares de grueso calibre como “Otoniel” lo han mencionado en sus declaraciones asegurando cercanía entre ellos”. Además, en sentencias de Justicia y Paz su nombre aparece mencionado como uno de los ganaderos que participó de una reunión para crear la primera estructura del Frente Pedro Pablo González o el “Grupo Paratebueno”.
Los candidatos a gobernación “riesgosos”
Es uno de los políticos más tradicionales del departamento. El empresario, en 2019, aseguró que en sus planes como gobernador estaba el fortalecimiento de la industria de palma africana y de ganado en el Guaviare, lo que podría generar deforestación en esta región del Amazonas. Su primo Óscar López Cadavid fue condenado por paramilitarismo en 2011. Aunque todavía no se ha definido por qué partido o coalición lanzaría su candidatura, el informe de la Fundación lo catalogó con “riesgo muy alto”.
En segundo lugar, perfilaron a Franklin Del Cristo Lozano de la Ossa, exrepresentante a la Cámara, exdiputado y expresidente de la Asamblea de Magdalena. Ahora es aspirante a la gobernación de la Magdalena por el Movimiento Magdalena Libre.
En el departamento lo reconocen por ser el hijo y heredero de Franklin Lozano, un exdiputado del departamento condenado por concierto para delinquir agravado y constreñimiento al elector en connivencia con las exAuc. “Su padre fue del pacto de Chivolo, un acuerdo entre políticos y paramilitares en el Magdalena para apoyar campañas políticas a alcaldías, asambleas y concejos, que fue liderado por el paramilitar Jorge 40″, dice el documento.
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Aunque según Pares, en junio de este año Lozano de la Ossa comenzó a ser investigado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, enriquecimiento ilícito, entre otros, el precandidato lo desmintió y dijo que nunca ha tenido procesos ante la justicia. Sin embargo, el informe explica que cuando fue gerente de la ESE José Prudencio Padilla, “fue cuestionado por supuestamente haber desfalcado a la ESE para financiar el Bloque Norte de las Auc”. El Consejo Nacional Electoral, en 2021, lo multó a él y otros miembros del partido Opción Ciudadana por haber manejado una sola cuenta bancaria para administrar los recursos de su campaña.
En el radar de Pares también está Dilian Francisca Toro, la presidenta del Partido de la U y exgobernadora del Valle del Cauca, que aspira a repetir mandato en ese departamento. Dilian Francisca es una de las políticas más poderosas de la región. De hecho, actual gobernadora Clara Luz Roldán, una de sus más íntimas amigas, fue su sucesora. En 2008, la Corte Suprema de Justicia le abrió una investigación preliminar a Toro, por presuntamente por haberse beneficiado de la presión de grupos paramilitares para las elecciones en el departamento. Diez años después, el mismo tribunal le archivó la investigación por falta de pruebas.
De acuerdo con Pares, el episodio más “lesivo” en su vida política fue la investigación que le abrió la Corte Suprema en 2012, por lavado de activos, “al haber adquirido unos predios que resultaron siendo de Víctor Patiño Fómeque, líder del cartel del Valle”, dice el documento. Meses después, la Sala Penal de la Corte ordenó medida de aseguramiento en su contra y un año más tarde, en 2013, renunció a su curul como Senadora de la República. Quedó en libertad tras pagar una fianza.
Los cuestionados por las gobernaciones también están William Villamizar en Norte de Santander; Jorge Rey, que va por Cundinamarca; Yamil Arana, en Bolívar; Jorge Barros Gnecco, en el Cesar, Erasmo Zuleta y Gabriel Calle, por Córdoba; y el ingeniero y excandidato presidencial Rodolfo Hernández, por la gobernación de Santander. Hernández ha tenido problemas con la personería jurídica del movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción porque algunos excoordinadores de ese movimiento político han pedido que sea Marelen Castillo, su fórmula vicepresidencial, quien asumiera el liderazgo. La candidatura de Rodolfo Hernández no se ha definido porque tiene una inhabilidad que profirió la Procuraduría en primera instancia, y por su diagnóstico de tumor en el colon.
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Los cuestionados a las alcaldías
El primer nombre de candidatos cuestionados a las alcaldías es el de Samuel Santander Lopesierra, conocido como “El hombre Malboro”, extraditado a Estados Unidos en 2003 bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez por narcotráfico. En varias de las versiones que ha entregado Salvatore Mancuso a la justicia lo ha señalado de ser uno de los creadores de los primeros bloques paramilitares en La Guajira.
Su nombre volvió a relucir en la política cuando la exesposa de Nicolás Petro lo acusó de haberle entregado más de $600.000 millones para la campaña del presidente Gustavo Petro. “Es importante resaltar que, durante la última campaña presidencial se conoció el apoyo de Santander Lopesierra a Gustavo Petro, pues participó activamente, vistiendo gorras y camisetas para promover el voto a favor de Petro”, dice el informe de Pares.
También está el nombre de Cielo Redondo, que aspira nuevamente llegar a la alcaldía de Uribia, en La Guajira. En mayo de 2016, tras estar prófuga de la justicia, se entregó ante la Sijin de la Policía porque era requerida por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y falsedad en documento privado porque, supuestamente, incurrió en irregularidades al comprar unos materiales de construcción cuando fue alcaldesa de su pueblo por segunda vez, entre 2007 y 2011. En ese entonces, alegó supuestos problemas de salud cuando iba a ser trasladada a Bogotá, por lo que terminó siendo judicializada en Riohacha y enviada a su lugar de residencia.
Uno de los personajes políticos más conocidos en la lista es Alejandro Char, que quiere llegar a la alcaldía de Barranquilla por el partido Cambio Radical. Aída Merlano ha involucrado a Char con el esquema de corrupción electoral en la costa Caribe y por la que fue condenada. La Corte Suprema de Justicia compulsó copias para investigarlo en 2022.
Dos años antes, en 2020, la Procuraduría le había abierto una indagación preliminar a Char por “presuntamente recibir coimas que habría pagado el empresario Luis Enrique Guzmán Chams para quedarse con un contrato millonario para la construcción de un hidrotanque en el barrio Siete de Abril, que queda en el sur de Barranquilla, cuando Char era alcalde”, como menciona el documento.
Otros nombres de políticos tradicionales que aparecen en el análisis son los de Yahír Acuña, para la alcaldía de Sincelejo; Roberto Jiménez Naranjo, en Dosquebradas (Risaralda); Luis Pérez, exgobernador de Antioquia y quien aspira a la alcaldía de Medellín; Gabriel Calle Demoya, que va por Montelíbano (Córdoba); Raimundo Duarte, en Piedecuesta (Santander); Juana Gómez Bacci, que aspira a la alcaldía de Barrancas en La Guajira y Marco Tulio Ruiz, en Yopal (Casanare).
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