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Anoche el presidente Gustavo Petro firmó la resolución que designa a siete jóvenes encarcelados, investigados por delitos relacionados con la protesta social, como voceros de paz. Se espera que salgan de los centros penitenciarios en los próximos días.
(Lea: Gestores de paz con salario “no tiene nada que ver con primeras líneas”: Prada)
Este viernes, a primera hora, los ministros del Interior, Alfonso Prada, Justicia, Néstor Osuna, y Defensa, Iván Velásquez, en compañía del director del DAPRE, Mauricio Lizcano, anunciaron al país los nombres y perfiles de estos jóvenes, como también el proceso de escogencia de los mismos para hacer tareas de paz.
En total, son cinco hombres y dos mujeres, la mayoría detenidos en centros penitenciarios y algunos en detención domiciliaria. Los ministros contaron que fueron elegidos después de analizar más de 200 perfiles y que dentro de los criterios de escogencia se tuvo en cuenta que hicieran parte de alguna organización social, como son, por ejemplo, las juntas de acción comunal, o que estuvieran relacionados con acciones humanitarias al interior de sus comunidades. Esto se hace bajo la ley de Orden Público (la 2272 de este año).
Entre sus características, destacaron los jefes de cartera, están ser estudiantes, o líderes indígenas o comunitarios o barriales, artistas o campesinos. Los voceros de paz cuyos nombres fueron revelados están siendo investigados por delitos como concierto para delinquir, tenencia de objetos y sustancias peligrosas y lanzamientos de las mismas, violencia contra servidor público, invasión de bien inmueble, perturbación del servicio de transporte público (público, colectivo u oficial), y obstrucción de vías públicas. Son delitos relacionados con la protesta social y ninguno ha sido condenado por los mismos.
Ellos son:
Santiago Márquez Charri: estudiante universitario en áreas de pedagogía en Bogotá. “Ha colaborado en jornadas de recolección y entrega de juguetes y ropa para los niños de Ciudad Bolívar. Ayudó a pintar y reparar un parque infantil público del sector, donde también apoyó la siembra de árboles”, señala el documento entregado por la Comisión Intersectorial para este tema, de la que hacen parte los tres ministros. Márquez Charri está recluido en centro penitenciario de alta y mediana seguridad de Girón, Santander. El estado de su proceso es sindicado.
(Más: Gobierno anuncia que serán 100.000 gestores de paz y recibirán un millón mensual)
Arles Andrés Bolaños Zemanate: líder indígena de 20 años, nacido en La Vega, Cauca. Su nivel de escolaridad llegó hasta sexto de bachillerato. Participó en actividades sociales en el centro comunitario La Colina, de Cali, según su familia. “Se vinculó al paro nacional en el punto de resistencia Meléndez, sitio de confluencia hacia el sur de Cali, Jamundi y el Cauca”, dice el documento. Bolaños se encuentra en detención domiciliaria a cargo del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cali, Villa hermosa como sindicado.
Adriana Esperanza Bermeo Súa: los ministros la describieron como “defensora de causas animalistas”. “Adriana es una líder comunitaria de nuestro territorio donde desarrolla hace cinco años, en niños niñas y adolescentes, formación en prácticas deportivas y artísticas en el marco de la metodología convivencial”, dice la certificación entregada por su junta de acción comunal, en Bogotá. En su perfil también dice que es defensora de derechos humanos y que en sus tiempos libres dibuja, pinta murales y hace maquillaje artístico. Está sindicada, no condenada, y mantiene recluida en Pedregal, en Medellín.
Laura Camila Ramírez Enciso: es oriunda de Medellín, tiene 25 años y es egresada de contaduría pública. “Ha acompañado diferentes movilizaciones sociales desde la misión médica brindando primeros auxilios. Laura es miembro activo de Procesos para la Gente por la Vida Digna. Se ha destacado por su liderazgo en la lucha contra el hambre de Medellín desde el arte”, indicó la Comisión Intersectorial que presentó su perfil al presidente de la República para su aprobación. Hasta ahora, Enciso ha sido sindicada en su proceso, y se encuentra en detención domiciliaria.
Juan Sebastian Galeano Correa: nació en Medellín, tiene 23 años y, antes de ser investigado, cursaba tercer semestre de informática musical y producción en el Instituto Metropolitano de Medellín. “Ha sido líder estudiantil en diferentes instituciones, artista de comparsas y miembro de la JAC de su barrio ‘Comuna Seis’. Ha participado en diferentes actividades de impacto ambiental, fue miembro de grupos scout y gestión de rescate animal”, dice su perfil. Galeano también se encuentra como sindicado en su proceso, que avanza, mientras se encuentra en detención domiciliaria.
Álvaro Andrés Duque Ruiz: es estudiante de historia y líder social campesino. Ha coordinado trabajo social con los habitantes del barrio Sinaí, desde una organización llamada Los sin techo. Con ellos construyó la casa del pensamiento, con respaldo de la Pastoral Social. “Hace parte de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’, integrada por organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas que defienden derechos humanos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca”, dice su perfil. Como sindicado, atraviesa su proceso desde la Cárcel San Isidro, en Popayán.
Bremmen Hinestroza: se encuentra recluido en la misma cárcel que Álvaro Andrés Duque, en Popayán, y en su descripción también se le reconoce como líder social y campesino. Es tallerista de arte dramático y hace parte del movimiento Los sin techo, que trabaja por viviendas dignas para habitantes sin recursos para adquirir una. “Es miembro de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’, una red de organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas, que defienden los derechos humanos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca”, dice el papel. Es padre de una niña de ocho años.
A través de sus apoderados, los jóvenes manifestaron su voluntad de ejercer el rol de vocero de paz. Así las cosas, ahora que fueron designados para ejercer este papel, deberán declarar su lugar de residencia e iniciar una ruta de acompañamiento. Es decir, recibirán atención psicosocial, tendrán que rendir informes mensuales a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y realizar un diplomado virtual sobre construcción de paz y gestión de conflictos sociales y políticos. Este será posible gracias a la donación del curso que lo hará la Universidad del Valle.
¿Recibirán salario?
No. Desde el Gobierno se generó la confusión en este tema porque mientras la Comisión Intersectorial era creada y estudiaba los perfiles que le presentaría al presidente Gustavo Petro, el jefe de Estado hizo un polémico anuncio: “gestores de paz serán 100.000 y recibirán salario de un millón de pesos”. El primer mandatario utilizó esas palabras en la noticias que dio esta semana.
(Conozca: ¿De qué delitos acusan a jóvenes que serán liberados como voceros de paz?)
Horas después, el ministro del Interior, Alfonso Prada, salió a aclarar que Petro no estaba hablando de las personas que saldrán de las cárceles a ejercer tareas de paz, sino que se refería al programa que lidera su oficina y en el que estos 100.000 jóvenes ejercerán tareas comunitarias para bajar la conflictividad en zonas como Urabá, y barrios pobres de Cartagena, Montería, Barranquilla, entre otros. Harán parte del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida, del mininterior.
Este viernes, el Gobierno se mantuvo en esa postura: explicaron que una cosa son los gestores de paz, y otra los siete voceros de paz que saldrán de las cárceles para asumir este rol. En ese sentido, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que “no recibirán salario por parte del Estado”. “Es importante aclarar que el Estado no asignará salarios a los voceros de paz, ni generará contratos laborales”, reitera el documento que contiene los perfiles de los voceros.
¿Son integrantes de la primera línea?
Sobre esto, Osuna dijo que esa información no la tenían considerada, concretamente que “ese dato no aparece en el expediente ni en su perfil, no fue un dato que tuviéramos en consideración”. “El proceso fue revisar qué necesitamos, qué personas podían realizar esas tareas, y qué imputaciones tenían encima que, podríamos decir, son leves pues no son delitos de lesa humanidad ni homicidios, ni sexuales, ni torturas. Y por supuesto, que fueran certificadas como parte de una organización social o humanitaria”, agregó.
Ahora, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, señaló que la ley de Orden Público no considera que miembros de la Fuerza Pública ejerzan este rol, pero que podrá ser considerado por el Gobierno mediante otro mecanismo, si fuera necesario.
¿Qué sigue?
Finalmente, Osuna explicó que el proceso se surtirá en los próximos días. Anoche el presidente Petro firmó la resolución y hoy se espera que sea notificado el documento. Este debe llegar a la oficina del alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, para que lo remita a la autoridad judicial o Fiscalía. “En este caso es autoridad judicial”, expresó, recalcando que el proceso igual cuenta con apoyo y legitimidad de la Fiscalía General de la Nación.
Así las cosas, la autoridad judicial ejecutará la resolución para que los mencionados salgan de la cárcel una vez hayan suscrito la carta de compromiso en la oficina de Rueda.
Mauricio Lizcano, director del DAPRE, agregó que la figura de designar voceros de paz seguirá estando disponible para ser usada cuando el presidente lo considere.
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