“Estrategias de seguridad”: lo que le piden a Petro políticos del Valle para Tuluá

Desde la noche del pasado 10 de febrero, Tuluá, en el Valle del Cauca, está sometida a los grupos criminales. Luego de que se llevara a cabo la “Operación Tuluá”, en medio de la cual la Policía capturó a Mauricio Marín Silva, alias “Nacho”, quien sería el máximo cabecilla de la red criminal “La Inmaculada”, han incrementado los atentados en el municipio.

Ante la oleada de violencia, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, decretó toque de queda desde las 11 de la noche y ordenó la militarización de la ciudad. Además, aseguró que “es necesario que haya una decisión del Gobierno Nacional, pero que sea efectiva. Nosotros vemos que a veces las decisiones son lentas, no avanzamos a la misma velocidad a nivel local”.

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Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que el toque de queda que se va a extender hasta mañana, 13 de febrero. Así lo aseguró tras la reunión del Bloque Parlamentario del Valle del Cauca, que también reunió al alcalde de Cali, Alejandro Eder, y a congresistas y diputados.

De acuerdo con la gobernadora, los atentados fueron retaliaciones tras la captura del máximo cabecilla que estaba en Tuluá, “en el territorio en el que estaba generando las acciones delictivas de extorsión y la muerte de muchas de las personas”.

Al tiempo, pidió el apoyo del Gobierno, especialmente para controlar la comunicación entre las personas que están dando órdenes desde las cárceles y las bandas criminales. “Nosotros acá hacemos nuestro trabajo, pero por supuesto necesitamos apoyo: más contundencia y que haya incomunicación para que de esa manera podamos tener más tranquilidad y poder desarticular todas las personas que están ayudando y apoyando a esta banda delincuencial”.

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Igualmente, en el Bloque Parlamentario participó la senadora Norma Hurtado (Partido de la U), quien señaló que la militarización y demás medidas “requieren un apoyo constante desde el nivel nacional para restablecer la tranquilidad. Ante la grave situación de orden público, la ciudad necesita estrategias de seguridad efectivas, articuladas y coordinadas de la Policía”.

De otro lado, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien también estuvo en el encuentro, aseveró que el gobierno del presidente Petro no ha sido contundente con la erradicación de cultivos ilícitos y que la “coca es gasolina para la violencia (...) Los grupos criminales se han dispersado por todo el territorio nacional, porque la coca no se ataca. Usted tiene que atacar el origen”, opinó.

Sobre la dura crisis que estalló el fin de semana, el Partido Conservador rechazó la escalada de la violencia y reiteraron su respaldo a las medidas adoptadas por el alcalde de Tuluá. “Solicitamos formalmente a las autoridades desplegar toda su capacidad administrativa defender la institucionalidad y no dejar que los violentos sigan aterrorizando a la población”, agregaron.

Finalmente, la colectividad pidió medidas protección al alcalde, “para que pueda cumplir con el mandato popular para el que fue elegido”.

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Desde la noche del pasado 10 de febrero, Tuluá, en el Valle del Cauca, está sometida a los grupos criminales. Luego de que se llevara a cabo la “Operación Tuluá”, en medio de la cual la Policía capturó a Mauricio Marín Silva, alias “Nacho”, quien sería el máximo cabecilla de la red criminal “La Inmaculada”, han incrementado los atentados en el municipio.

Ante la oleada de violencia, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, decretó toque de queda desde las 11 de la noche y ordenó la militarización de la ciudad. Además, aseguró que “es necesario que haya una decisión del Gobierno Nacional, pero que sea efectiva. Nosotros vemos que a veces las decisiones son lentas, no avanzamos a la misma velocidad a nivel local”.

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Por su parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, señaló que el toque de queda que se va a extender hasta mañana, 13 de febrero. Así lo aseguró tras la reunión del Bloque Parlamentario del Valle del Cauca, que también reunió al alcalde de Cali, Alejandro Eder, y a congresistas y diputados.

De acuerdo con la gobernadora, los atentados fueron retaliaciones tras la captura del máximo cabecilla que estaba en Tuluá, “en el territorio en el que estaba generando las acciones delictivas de extorsión y la muerte de muchas de las personas”.

Al tiempo, pidió el apoyo del Gobierno, especialmente para controlar la comunicación entre las personas que están dando órdenes desde las cárceles y las bandas criminales. “Nosotros acá hacemos nuestro trabajo, pero por supuesto necesitamos apoyo: más contundencia y que haya incomunicación para que de esa manera podamos tener más tranquilidad y poder desarticular todas las personas que están ayudando y apoyando a esta banda delincuencial”.

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De otro lado, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien también estuvo en el encuentro, aseveró que el gobierno del presidente Petro no ha sido contundente con la erradicación de cultivos ilícitos y que la “coca es gasolina para la violencia (...) Los grupos criminales se han dispersado por todo el territorio nacional, porque la coca no se ataca. Usted tiene que atacar el origen”, opinó.

Sobre la dura crisis que estalló el fin de semana, el Partido Conservador rechazó la escalada de la violencia y reiteraron su respaldo a las medidas adoptadas por el alcalde de Tuluá. “Solicitamos formalmente a las autoridades desplegar toda su capacidad administrativa defender la institucionalidad y no dejar que los violentos sigan aterrorizando a la población”, agregaron.

Finalmente, la colectividad pidió medidas protección al alcalde, “para que pueda cumplir con el mandato popular para el que fue elegido”.

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