Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Pasados cinco días desde su captura, una jueza de control de garantías de Pasto ordenó este lunes la libertad de Teófilo Acuña Ribon, Adelso Gallo Toscano y Robert Daza Guevara, quienes fueron señalados por la Fiscalía de tener vínculos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Desde el momento de la detención, congresistas alegaron que se trataba de un “falso positivo judicial” y, de hecho, Daza Guevara fue hasta hace seis meses miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del senador del Polo Democrático, Alberto Castilla.
Según determinó la jueza, la Fiscalía General de la Nación no logró acreditar la necesidad de mantener privados de su libertad a los tres individuos e incluso, ordenó al propio ente investigar los presuntos actos de intimidación de los que vendrían siendo objeto los abogados defensores.
En contexto: Capturan a exasesor de un congresista por presuntos vínculos con el Eln
El pasado 17 de diciembre, a través de un operativo en los departamentos de Meta, Bolívar y Nariño, la Policía capturó a Robert Daza Guevara, sindicándolo de ser un apoyo fundamental para el Comando Central y Conducción de Masas Nacional de la guerrilla del Eln. De acuerdo con las autoridades, Daza recibía órdenes directas de alias Pablo Beltrán, jefe del Comando Central de Eln.
En compañía de Daza Guevara, tras completarse la Operación Santa Marta, fueron capturados Teófilo Acuña y Adelso Gallo, señalados de pertenecer a un equipo clandestino que buscaba “instrumentalizar a integrantes de organizaciones sociales”.
La Policía aseguró que Daza Guevara asistía constantemente a los congresos del Eln, reuniones en las cuales lo delegaban como vocero del movimiento de masas desde el sector campesino en Nariño. Es “responsable de articular negociaciones a favor de la guerrilla, aprovechando su posición como líder social durante las jornadas de protesta presentadas desde el año 2012”, dijo el ente investigador.
#LibertadALideresCampesinos Declaraciones de Teófilo Acuña, líder social víctima de una detención arbitraria de la @FiscaliaCol .#SerLiderSocialNoEsDelito pic.twitter.com/7w0setHWV0
— Congreso de los Pueblos (@C_Pueblos) December 22, 2020
Robert Daza Guevara participó, en junio de 2017, en un plantón frente a la Fiscalía contra la “estigmatización y persecución del Estado” hacía los líderes sociales. Tomando la vocería por la ONG Cumbre Agraria, aseguró que el motivo de la protesta, que concentró a más de mil personas, era exigir mayores garantías sociales y políticas para pueblos indígenas, afros, estudiantes y sindicalistas.
“Hemos venido enfrentando esta política criminal del Estado, de hacer de la miseria una práctica de acumulación (…) Toda la vida hemos sido acusados de ser subversivos, pero no tienen pruebas”, dijo Daza Guevara en su momento.
Conocida la captura, el senador Alberto Castilla aseguró que se trataba de un “falso positivo judicial”. A través de un comunicado a la opinión pública, el político explicó que los tres capturados no son criminales, al contrario, son líderes sociales que han dedicado sus vidas a defender los territorios contra el extractivismo y la gran minería. En compañía de senadores como Iván Cepeda, Ángela María Robledo, Julián Gallo y Aída Avella, Castilla rechazó lo que considera una captura injusta.
#LideresCampesinosEnLibertad | En audiencia contra lideres del @CNA_Colombia determinan qué medida intramural NO es proporcional frente a lo que se les acusa.
— Alberto Castilla Salazar (@CastillaSenador) December 22, 2020
Los tres lideres enfrentarán este nuevo falso positivo judicial en libertad. pic.twitter.com/jLI2zacouK
Así mismo, el Coordinador Nacional Agrario de Colombia, del cual hace parte la ONG Cumbre Agraria, también rechazó la captura de los tres vinculados con el Eln. “Estas acciones persecutorias se suman a las acontecidas en los últimos mes y años contra nuestra organización campesina, donde las fuerzas paramilitares, las disidencias de las Farc y el Estado colombiano, han asesinado a compañeros en Cauca, Chocó y Putumayo (…) en lo que se configura como terrorismo de Estado y guerra sucia contra las organizaciones sociales”, explicaron sobre el operativo Santa Marta.