Siguen las reacciones en contra de la Asamblea Nacional Constituyente que busca Gustavo Petro. Nueve exintegrantes de la asamblea que creó la Constitución de 1991 se pronunciaron en contra de la propuesta, asegurando que no se puede salir del debido proceso por los riesgos que supondría para la democracia colombiana.
La carta fue firmada por Gustavo Zafra Roldán, Hernando Herrera, Antonio Galán y Jaime Castro, que participaron en la Constituyente por el Partido Liberal; Juan Carlos Esguerra y Guillermo Guerrero, de Salvación Nacional; Angelino Garzón y Álvaro Echeverri de Alianza Democrática M-19, y Carlos Rodado del Partido Conservador.
En ella, los exconstituyentes recordaron que la Asamblea de 1991 “congregó al país entero para lograr un encuentro de interlocutores válidos de toda la realidad política”.
En ese sentido, recordaron que, cuando la aprobaron, también definieron los mecanismos para modificar la Constitución, siendo uno de ellos mediante un acto legislativo. Durante los pasados 33 años, agregaron, se han aprobado 60 de ellos, de los que tres han sido en el actual Gobierno, incluyendo para crear la jurisdicción agraria y rural, y el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección.
Según dijeron, es una “elocuente cifra que evidencia una flexibilidad, que algunos consideran criticable, pero a la vez desvanece cualquier apelación a la rigidez del texto como descripción o como diagnóstico, por reñir con la realidad”.
Sobre la Constituyente, explicaron que por sus implicaciones exige: una ley aprobada por mayorías absolutas en las dos cámaras, sentencia de la Corte Constitucional y votación ciudadana por el sí en una proporción superior a la tercera parte del censo electoral.
“Al residir exclusivamente la soberanía en el pueblo, de él emana el poder público. El pueblo la ejerce en los términos que la Constitución establece. Ningún servidor público puede pretender convertirse en el depositario de la soberanía, ni ejercer o suplantar las competencias que no le han sido expresamente asignadas”, escribieron.
Además, dijeron que, de no seguirse el debido proceso -como está definido en el artículo 376 de la Constitución- se configuraría “un golpe de Estado. Los servidores públicos son responsables por infringir la Constitución y las leyes, así como por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.
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Dando alcance a la carta, Carlos Rodado, en entrevista con Blu Radio, aseguró que “esa convocatoria la vemos no solo como inconstitucional, sino como inconveniente. Una Asamblea Nacional Constituyente debe convocar a un consenso ciudadano y aquí ninguna Constitución en la historia política de Colombia ha tenido un consenso más amplio que la de 1991″.
Y agregó: “La forma amañada y descontextualizada como el presidente propone reformar la Constitución nos parece tan descabellada que implica un asalto a la soberanía del pueblo”.
Otras voces en contra: costos económicos
Además de la carta de los exconstituyentes, 200 personalidades de la política nacional publicaron otro documento en el que advirtieron varios riesgos que ven respecto a un cambio a la Constitución de 1991.
Para empezar, indicaron que “los beneficios generados por la Constitución de 1991 han sido múltiples, desencadenando importantes y poderosas conquistas en materia de derechos civiles, políticos, ecológicos y sociales. Colombia no requiere de una nueva Constitución”.
Por otra parte, y tomando los argumentos de los exconstituyentes, señalaron que hay alternativas para impulsar las reformas constitucionales. Adicional a ello, alertaron que una asamblea de este tipo generaría inestabilidad política e institucional en el país, así como “abrir la puerta a cambios radicales en la estructura del Estado”.
Por último, advirtieron que una asamblea requeriría altos costos económicos para el estado. Algo que contrasta con la situación actual de las finanzas nacionales, teniendo en cuenta que el gobierno hizo un recorte de $20 billones al presupuesto nacional.
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