Cuatro exministros de Defensa de gobiernos anteriores manifestaron a través de una carta enviada al presidente Gustavo Petro su preocupación por la “coyuntura difícil para nuestra fuerza pública y por ende para nuestro país”.
De acuerdo con los exministros, el Gobierno no ha adquirido un compromiso real por la eliminación del negocio del narcotráfico, lo estaría conduciendo al país a “un recrudecimiento de la inseguridad y la violencia (...) han regresado delitos que creíamos cosa del pasado como el secuestro y el aumento exponencial de la extorsión que se da en cada esquina de nuestras ciudades”, señalaron.
La carta fue firmada por Juan Carlos Esguerra, ministro en el gobierno del expresidente Ernesto Samper; por Marta Lucía Ramírez y Jorge Alberto Uribe, ministros durante la administración de Álvaro Uribe; y por Guillermo Botero, exministro en el gobierno de Iván Duque.
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Según lo expusieron, no solo se está experimentando inseguridad ciudadana, sino también el recrudecimiento de la guerra en zonas rurales, especialmente en los departamentos de Cauca, Nariño, Huila y el sur del Tolima.
Los exministros señalaron que han sido “testigos de la crueldad de la guerra en Argelia, Cauca; combates entre estructuras criminales en inmediaciones de Ciénaga, Magdalena y en la Guajira, han afectado comunidades enteras en medio del fuego cruzado. Y el confinamiento de tres comunidades Kogui de la sierra nevada y el desplazamiento de 80 familias Wiwa de zona rural de Riohacha”, fueron algunos de los hechos que enumeraron los exministros.
Para los firmantes de la carta, la situación de inseguridad sería resultado del “debilitamiento de la fuerza pública, con la reducción del pie de fuerza tanto de las fuerzas militares, cómo de la policía; el retiro por decisión gubernamental de buena parte del personal de mayor experiencia y reconocimiento; la muy baja incorporación de suboficiales y soldados”.
Hay que decir que varios de los exministros que firmaron la misiva fueron blanco de críticas en el pasado por parte de algunos sectores. De hecho, Jorge Alberto Uribe, fue ministro entre 2003 al 2005, periodo en el que según la JEP, se registraron al rededor mil víctimas de “falsos positivos”. Mientras que Guillermo Botero salió de la cartera en noviembre de 2019 por el bombardeo a un campamento guerrillero en el que fallecieron menores de edad. No obstante, ambos han negado su participación en los hechos en distintos escenarios.
En todo caso, se refirieron al presunto deterioro de las capacidades operativas: “hay una gran cantidad de aeronaves sin volar debido a diversas circunstancias (...) Lamentablemente, son ya varios los accidentes ocurridos en los últimos meses, con la consiguiente pérdida de vidas de nuestros soldados y policías, con la pérdida de 9 vidas irreparables”.
De otro lado, indicaron que recibieron con sorpresa la noticia sobre la perdida de un millón de armas en la base de Tolemaida. “Compartimos el rechazo contundente a cualquier caso de corrupción, pero una cosa es anunciar la pérdida y otra diferente, que con ella se esté enlodando con un manto de sospecha indiscriminado a toda la institución”.
Por último, pidieron al jefe de Estado, una estrategia “clara y contundente” contra los grupos armados. “Igualmente, importante para el adecuado liderazgo frente a las instituciones militares y de policía, es el respeto y apoyo hacia las mismas, así como la solidaridad y motivación que se debe a cada uno de sus miembros y sus familias”.
Y pidieron informar claramente la verdadera situación en materia de pérdida de armas y municiones, igualmente medidas de tipo penal y correctivos. “Sugerimos que el Gobierno conforme de inmediato una comisión de auditoría integrada por oficiales en servicio activo y de la reserva de las diferentes fuerzas, con el apoyo de expertos civiles y empresas de auditoría”.
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