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En un comunicado público, el exjefe negociador de paz del gobierno Santos, Humberto de la Calle y el excomisionado de Paz, Sergio Jaramillo, rechazaron la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de una amnistía general para lograr la paz en el país. Los dos exfuncionarios recalcaron que la base de la negociación con la hoy desmovilizada guerrilla de las Farc fue la priorización de los derechos de todas las víctimas en el marco del fin del conflicto. “Desde la firma del Acuerdo General, en agosto de 2012, se dijo que las víctimas estarían en el centro del Acuerdo y esa ha sido hasta hoy nuestra estrella polar. Una amnistía general, como propone Álvaro Uribe, daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones y con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, señalan.
En el escrito, de 12 puntos, reafirman que el gobierno Santos negoció en La Habana partiendo del marco constitucional que se definió hace al menos nueve años, cuando además de la jurisprudencia de las cortes, el Congreso de la República aprobó el acto legislativo 01 de 2012, llamado “Marco Jurídico para la Paz”, el cual estableció un equilibrio entre la necesidad de facilitar la terminación del conflicto y la mayor garantía posible de los derechos de las víctimas. Esta reforma incluyó una combinación de instrumentos de carácter judicial y extrajudicial para permitir garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. Asimismo, recuerdan, permite la selección de los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, para que sean investigados y juzgados, y autoriza la renuncia condicionada a la acción penal para quienes no sean seleccionados, entre otros aspectos.
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Pero además, de la Calle y Jaramillo revelan que en enero de 2015, en uno de los momentos más difíciles en los casi cinco años de negociaciones, le explicaron a puerta cerrada al Secretariado de las Farc que definitivamente no podría darse una amnistía general, ante las exigencias de la realidad política y jurídica del siglo XXI. Enumerando una a una las restricciones, entre ellas, que Colombia había suscrito el Estatuto de Roma y desde 2002 está obligada a investigar y sancionar los crímenes de guerra y lesa humanidad, a riesgo de que intervenga directamente la Corte Penal Internacional. De hecho, advierten, el país está aún en un “examen preliminar”, que pende sobre los resultados del proceso actual.
Por otra parte, refieren que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado la derogación de las leyes de amnistía en América Latina, de Uruguay a El Salvador. Y señalan que tanto la Constitución, como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, exigen la investigación y sanción de estos crímenes. “Y, ante todo, los colombianos y las víctimas en particular, esperan que el fin del conflicto se logre con justicia y verdad. En lo posible, tenemos que estar a la altura de sus expectativas”, dice el comunicado. Y recuerdan también que en dicha reunión se propuso que esos crímenes fueran investigados y sancionados por un tribunal especial, ante el cual las Farc tendrían que comparecer, lo cual concluyó más tarde en la creación del JEP.
En este sentido, siendo la JEP parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, los dos exfuncionarios hacen una especie de balance de los resultados alcanzados hasta el momento, los cuales califican como “promisorios”. Señalan, por ejemplo, que a lo largo del país se han hecho importantes actos de reconocimiento de responsabilidad y de verdad entre los perpetradores y las comunidades; y que la misma JEP ha logrado, en un tiempo razonable, en comparación con tribunales similares, imputar a guerrilleros y agentes del Estado por gravísimos crímenes de lesa humanidad que convulsionaron a Colombia, y hacer a la vez una contribución definitiva a la verdad.
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“Nunca antes una guerrilla había aceptado comparecer ante un tribunal y reconocer su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, ni tampoco habían aparecido miembros de Fuerzas Militares, luego de un conflicto, dispuestos a contarles a los jueces la verdad de lo que pasó y a someterse a penas alternativas. No pasó en Sur África, ni en ninguna otra parte. La (hasta hace poco) fiscal de la Corte Penal Internacional ha dicho que Colombia demuestra que es posible hacer un proceso de paz bajo los parámetros del Estatuto de Roma, mientras que especialistas en negociación afirman que Colombia resolvió el problema que los aquejaba desde hace treinta años: cómo superar el dilema entre la justicia y la paz”, reafirman.
Con estos argumentos, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo concluyen que la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de una amnistía general “pretende derrumbar este edificio, que Colombia ha construido con tanta dificultad”. Advirtiendo que los primeros damnificados, además de las víctimas, serán los miembros de las Fuerzas Militares y otros agentes del Estado, que participan hoy en el proceso transicional y que verán cómo se esfuma su seguridad jurídica. “No hay doctrina más sólida en el derecho internacional en materia de amnistías que la prohibición de la autoamnistía, que es lo que conlleva cualquier amnistía general”, escriben.
Y en lo que puede considerarse como una respuesta a los sectores que afirman que el Acuerdo de Paz puso a las Fuerzas Armadas al nivel de la guerrilla, aseguran que, por el contrario, el Marco Jurídico para la Paz logró un equilibrio, permitiendo la suspensión condicionada para los agentes del Estado de la acción penal en los casos de menor responsabilidad. “Esa posibilidad no existía para agentes del Estado, como sí para las guerrillas, que podían beneficiarse de una amnistía por el delito político de rebelión y delitos menores asociados al conflicto. Y el Acuerdo Final extendió, en razón del fin del conflicto, un tratamiento simétrico, pero diferenciado a los agentes del Estado en la JEP, cuando en circunstancias ordinarias la responsabilidad de quienes portaron las armas en defensa de los ciudadanos y la Constitución es mayor. Este tratamiento está condicionado a la satisfacción de los derechos de las víctimas y al cumplimiento de una sanción”.
Al final, incluso abordan el caso en particular de Uribe. Recalcan que en La Habana se tomó la decisión de dejar explicito que la JEP no podía obligar a los expresidentes a comparecer. Aclarando que eso no quiere decir que el exmandatario no pueda ni deba contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, acudiendo a las instituciones del Sistema Integral, dentro del respeto que merecen. Con una propuesta directa: “Lo invitamos a elevar el ancla de la polarización, que tiene a Colombia atrapada en el pasado, y a moverse de manera genuina hacia la reconciliación. Por ejemplo, aceptando la participación en política de los miembros de las Farc, según los lineamientos de la Corte Constitucional, así como ha apoyado la participación en su propio partido de líderes guerrilleros como Ever Bustamante o Rosemberg Pabón, parte de la cúpula del M-19 y responsables por tanto de crímenes atroces por los que nunca han respondido”.
Y conminan igualmente a la izquierda a asumir una posición de defensa del camino avanzado, teniendo en cuenta que el hoy senador Gustavo Petro, líder de Colombia Humana, ha expresado su apoyo a esa amnistía general puesta sobre la mesa por Uribe. “En lugar de estar promoviendo la impunidad, deberían estar acudiendo a la Comisión de la Verdad o, si es el caso, a la JEP, a explicar por ejemplo la relación entre le Partido Comunista Colombiano y los crímenes cometidos por las Farc. Es la hora de la responsabilidad. No hay otro camino para Colombia que avanzar hacia la reconciliación sobre la base de la justicia y la verdad”, concluye el comunicado.