Expertos en DD.HH. de ONU y OEA exhortan al Gobierno a investigar represiones durante el paro

Este viernes, se conoció de un comunicado conjunto de 18 funcionarios de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), que trabajan en diferentes frentes para la protección de los DD.HH., rechazaran los actos de violencia y represión que se han presentado en el marco de las protestas pacíficas e instaron al Gobierno a abrir una investigación “exhaustiva e independiente” para esclarecer los hechos con relación a las muertes, violencia sexual, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y tortura.

“Estamos profundamente consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la Policía y los miembros del Esmad contra manifestantes pacíficas, defensores de los derechos humanos y periodistas en varios lugares del país”, expresaron los expertos.

Y no solo por esto expresaron su preocupación, sino por la asistencia militar que ordenó el presidente Iván Duque para las ciudades con más desorden público, como Cali, Medellín y Bogotá el primer fin de semana de mayo. “El personal militar se forma y entrena, principalmente, para defender contra las amenazas de carácter militar y no debería ser utilizado para vigilar las manifestaciones”, subrayaron los expertos.

Así pues, recordaron que la fuerza letal es la última instancia a la que se acude, en escenarios extremos y estrictamente necesarios, a la vez que es necesario tener en cuenta los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad. “Las armas menos letales, por el contrario, deben emplearse únicamente sujetas a requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad, cuando las medidas menos dañinas resulten ineficaces”, recordaron.

Desde otro frente, los expertos alertaron sobre los riesgos en los que se encuentra la minga indígena. “Rechazamos cualquier intento de acusar a los pueblos indígenas de participar con armas en las protestas pacíficas. Además, pedimos a las autoridades que tomen medidas para evitar que se extienda la estigmatización contra los manifestantes”.

Igualmente, insistieron en la necesidad de proteger a los periodistas y comunicadores, y a la ciudadanía en general que, recogieron los expertos, han reportado restricciones en el internet. “Las autoridades colombianas deben respetar la libertad de expresión y de prensa, y garantizar que los periodistas puedan cubrir las noticias en condiciones de seguridad”, enfatizaron.

Los expertos tienen documentados 26 casos de muerte, 1.876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones personas (incluyendo a policías), 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, 12 casos de violencia sexual y testimonios de tortura. Al concluir, los firmantes exhortan al Gobierno a abrir investigaciones independientes para esclarecer dichos hechos, a la vez de que respeten el derecho a la protesta. “Seguiremos vigilando de cerca la evolución de la situación”, comunicaron.

Entre los firmantes que hacen parte de Naciones Unidas están Clément Voule, relator sobre derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación; Mary Lawlor, relatora sobre situación de las personas defensoras de derechos humanos; Nils Melzer, relator sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Francisco Cali Tzay, relatos sobre los derechos de los pueblos indígenas; integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntaria; Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

De la OEA, firmaron Pedro Vaca, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien además es colombiano; y Soledad García, relatora sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Este viernes, se conoció de un comunicado conjunto de 18 funcionarios de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA), que trabajan en diferentes frentes para la protección de los DD.HH., rechazaran los actos de violencia y represión que se han presentado en el marco de las protestas pacíficas e instaron al Gobierno a abrir una investigación “exhaustiva e independiente” para esclarecer los hechos con relación a las muertes, violencia sexual, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias y tortura.

“Estamos profundamente consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la Policía y los miembros del Esmad contra manifestantes pacíficas, defensores de los derechos humanos y periodistas en varios lugares del país”, expresaron los expertos.

Y no solo por esto expresaron su preocupación, sino por la asistencia militar que ordenó el presidente Iván Duque para las ciudades con más desorden público, como Cali, Medellín y Bogotá el primer fin de semana de mayo. “El personal militar se forma y entrena, principalmente, para defender contra las amenazas de carácter militar y no debería ser utilizado para vigilar las manifestaciones”, subrayaron los expertos.

Así pues, recordaron que la fuerza letal es la última instancia a la que se acude, en escenarios extremos y estrictamente necesarios, a la vez que es necesario tener en cuenta los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad. “Las armas menos letales, por el contrario, deben emplearse únicamente sujetas a requisitos estrictos de necesidad y proporcionalidad, cuando las medidas menos dañinas resulten ineficaces”, recordaron.

Desde otro frente, los expertos alertaron sobre los riesgos en los que se encuentra la minga indígena. “Rechazamos cualquier intento de acusar a los pueblos indígenas de participar con armas en las protestas pacíficas. Además, pedimos a las autoridades que tomen medidas para evitar que se extienda la estigmatización contra los manifestantes”.

Igualmente, insistieron en la necesidad de proteger a los periodistas y comunicadores, y a la ciudadanía en general que, recogieron los expertos, han reportado restricciones en el internet. “Las autoridades colombianas deben respetar la libertad de expresión y de prensa, y garantizar que los periodistas puedan cubrir las noticias en condiciones de seguridad”, enfatizaron.

Los expertos tienen documentados 26 casos de muerte, 1.876 casos de violencia policial, 216 casos de lesiones personas (incluyendo a policías), 168 desapariciones, 963 detenciones presuntamente arbitrarias, 12 casos de violencia sexual y testimonios de tortura. Al concluir, los firmantes exhortan al Gobierno a abrir investigaciones independientes para esclarecer dichos hechos, a la vez de que respeten el derecho a la protesta. “Seguiremos vigilando de cerca la evolución de la situación”, comunicaron.

Entre los firmantes que hacen parte de Naciones Unidas están Clément Voule, relator sobre derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación; Mary Lawlor, relatora sobre situación de las personas defensoras de derechos humanos; Nils Melzer, relator sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Francisco Cali Tzay, relatos sobre los derechos de los pueblos indígenas; integrantes del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntaria; Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria.

De la OEA, firmaron Pedro Vaca, relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien además es colombiano; y Soledad García, relatora sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.