Proyecto de Jurisdicción Agraria generó debate por la figura de la expropiación
La iniciativa fue radicada este martes con la presencia de los ministros de Justicia, Interior y Agricultura, quienes fueron enfáticos en que el articulado no posibilita la “expropiación exprés”. Congresistas de la oposición insisten en que sí se permitiría.
El proyecto de la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria generó polémica tras su radicación. Este martes, los ministros de Justicia, Ángela María Buitrago; el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, fueron al Congreso para presentar la iniciativa, acompañados de senadores y representantes de la bancada del Pacto Histórico.
En el proyecto anterior, que se hundió en la pasada legislatura, había sido cuestionado por la “expropiación exprés”. Sin embargo, en el texto actual, según lo explicaron los altos funcionarios, no se posibilita esta figura, sino que se mantiene la que ya ha sido establecida por la ley en el pasado, aplicada en casos de utilidad social.
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“La expropiación también está reglamentada en la ley, por utilidad social”, enfatizó la ministra de Justicia. “No posibilita [la expropiación exprés] y es una adjudicación judicial. La expropiación, léanse la Ley 160, esto es un tema desde el año 30, facilita una expropiación, pero una expropiación legal. Desde ese punto de vista, no hay una figura diferente y el tema del proyecto de ley no genera una figura exprés diferente a la regular de un proceso para que se le entreguen las tierras para los que tengan el derecho”, añadió.
No obstante, figuras de la oposición han cuestionado esto y han afirmado que sí se mantiene la “expropiación exprés” en el articulado.
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La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) señaló que el texto reviviría la figura al hacer que “los procesos agrarios sean resueltos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante actos administrativos, eliminando así la intervención de los jueces en estos casos”.
De igual forma, la representante de Alianza Verde Katherine Miranda apuntó que, si bien la expropiación es legal en situaciones en las que los predios serán utilizados en favor del interés social, el proyecto haría que cualquier terreno pueda ser calificado bajo utilidad pública. De acuerdo con la congresista, el numeral 4 del artículo 5 define que “las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social”, pero no establece cuál será “el racero que se usará para determinar que la tierra tiene estas características”.
“El proyecto de ley que [se] acaba de radicar quiere elevar a categoría de utilidad pública a cualquier predio susceptible de ser rural o agrario para ser expropiado”, aseveró la representante.
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Otra de las figuras que ha cuestionado la iniciativa es Cecilia López, exministra de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro. López reiteró ante La W lo mencionado por la senadora Valencia y subrayó que ella se opuso a que esta figura se presentara en el Plan Nacional de Desarrollo, razón por la cual luego habría sido despedida.
“La expropiación existe en la Constitución, pero para beneficio y uso de todos. Me preocupa que se haga sin debido proceso, por decisión de un funcionario público y para un privado”, expresó en sus redes sociales.
Al respecto, el ministro Cristo afirmó que este nuevo texto “recoge muchas de las inquietudes de distintas bancadas frente a este tema” y señaló que podría ser “uno de los puntos principales del acuerdo nacional del cual hemos estado hablando” con distintos partidos. Además, pidió a los congresistas leer el texto completo antes de dar su opinión.
“El Gobierno está abierto al debate, con transparencia, a buscar consensos. Seguramente hay vacíos, pero hagámoslo con seriedad y con responsabilidad frente al país, y no pretendiendo generar terrorismo mediático, que no le sirve a nadie”, apuntó.
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El proyecto de la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria generó polémica tras su radicación. Este martes, los ministros de Justicia, Ángela María Buitrago; el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, fueron al Congreso para presentar la iniciativa, acompañados de senadores y representantes de la bancada del Pacto Histórico.
En el proyecto anterior, que se hundió en la pasada legislatura, había sido cuestionado por la “expropiación exprés”. Sin embargo, en el texto actual, según lo explicaron los altos funcionarios, no se posibilita esta figura, sino que se mantiene la que ya ha sido establecida por la ley en el pasado, aplicada en casos de utilidad social.
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“La expropiación también está reglamentada en la ley, por utilidad social”, enfatizó la ministra de Justicia. “No posibilita [la expropiación exprés] y es una adjudicación judicial. La expropiación, léanse la Ley 160, esto es un tema desde el año 30, facilita una expropiación, pero una expropiación legal. Desde ese punto de vista, no hay una figura diferente y el tema del proyecto de ley no genera una figura exprés diferente a la regular de un proceso para que se le entreguen las tierras para los que tengan el derecho”, añadió.
No obstante, figuras de la oposición han cuestionado esto y han afirmado que sí se mantiene la “expropiación exprés” en el articulado.
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La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) señaló que el texto reviviría la figura al hacer que “los procesos agrarios sean resueltos por la Agencia Nacional de Tierras (ANT) mediante actos administrativos, eliminando así la intervención de los jueces en estos casos”.
De igual forma, la representante de Alianza Verde Katherine Miranda apuntó que, si bien la expropiación es legal en situaciones en las que los predios serán utilizados en favor del interés social, el proyecto haría que cualquier terreno pueda ser calificado bajo utilidad pública. De acuerdo con la congresista, el numeral 4 del artículo 5 define que “las actividades de reforma agraria y desarrollo rural son de utilidad pública e interés social”, pero no establece cuál será “el racero que se usará para determinar que la tierra tiene estas características”.
“El proyecto de ley que [se] acaba de radicar quiere elevar a categoría de utilidad pública a cualquier predio susceptible de ser rural o agrario para ser expropiado”, aseveró la representante.
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Otra de las figuras que ha cuestionado la iniciativa es Cecilia López, exministra de Agricultura del gobierno de Gustavo Petro. López reiteró ante La W lo mencionado por la senadora Valencia y subrayó que ella se opuso a que esta figura se presentara en el Plan Nacional de Desarrollo, razón por la cual luego habría sido despedida.
“La expropiación existe en la Constitución, pero para beneficio y uso de todos. Me preocupa que se haga sin debido proceso, por decisión de un funcionario público y para un privado”, expresó en sus redes sociales.
Al respecto, el ministro Cristo afirmó que este nuevo texto “recoge muchas de las inquietudes de distintas bancadas frente a este tema” y señaló que podría ser “uno de los puntos principales del acuerdo nacional del cual hemos estado hablando” con distintos partidos. Además, pidió a los congresistas leer el texto completo antes de dar su opinión.
“El Gobierno está abierto al debate, con transparencia, a buscar consensos. Seguramente hay vacíos, pero hagámoslo con seriedad y con responsabilidad frente al país, y no pretendiendo generar terrorismo mediático, que no le sirve a nadie”, apuntó.
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