Expulsadas de la democracia: ¿Cómo la guerra afectó los liderazgos femeninos?

Apenas hasta este 2022, después de 65 años desde que las colombianas son consideradas ciudadanas con plenos derechos políticos (a elegir y ser elegidas), el Congreso de la República tendrá una representación de, aproximadamente, el 28 % de legisladoras (aún no terminan los escrutinios para tener un porcentaje consolidado). Desde 1958, cuando llegaron por primera vez al Capitolio, hasta 1986, la participación de las mujeres no superaba el 4 %. Tras la Constitución del 91, los porcentajes vinieron aumentando hasta un 13 %, pero las mujeres buscan una representación más equitativa. En 2014, ellas lograron ser el 20 % y eso se repitió en 2018.

Le puede interesar: Las cifras de las violencias en contra de las mujeres durante el conflicto armado.

La subrepresentación de las mujeres, que son el 52 % de la población colombiana, se explica por motivaciones acogidas en el concepto de violencia contra las mujeres en política. Esta reúne violencias, como las simbólicas, económicas, legislativas y culturales, entre otras, que les pone una carga más a aquellas que quieren abrirse un espacio en el poder. El capítulo de género del Informe final de la Comisión de la Verdad aporta una mirada que se tenía más como contexto y no como factor de subrepresentación.

“¿Cómo ha incidido el conflicto armado en esta subrepresentación de las mujeres en la vida política del país?”, se preguntó la Comisión, luego de recibir testimonios de políticas que decidieron dar un paso al costado por la violencia vivida en el marco del conflicto armado. Hoy, tras la firma del Acuerdo de Paz, mujeres como Ingrid Betancourt y Piedad Córdoba regresaron a la escena pública y participaron de las pasadas elecciones. La primera fue candidata presidencial hasta una semana antes de la primera vuelta, cuando decidió adherir a la campaña de Rodolfo Hernández. La segunda hizo parte de la lista del Pacto Histórico al Senado y el próximo 20 de julio se posesionará.

La violencia ejercida en la guerra la sufrieron en mayor medida las mujeres con cargos públicos y políticos en municipios afectados por el conflicto armado, pero, en el ámbito nacional, políticas como Ingrid Betancourt y Piedad Córdoba también lo vivieron por su liderazgo y defensa por la paz. “El sistema político y la dinámica local de descentralización política y administrativa hacen evidente cómo ‘la cultura patriarcal, que estructura ciertas relaciones de género y tiende a depositar en hombres el poder real de controlar recursos, conocimiento y la toma de decisión’, cultura que sigue imperando dentro de los partidos políticos, es una de las mayores fuentes de afectación a la participación política de las mujeres que han sido objeto de la violencia política proveniente de grupos armados ilegales, del Estado, de sus pares y de una sociedad que se resiste a la idea de tener mujeres en cargos de poder”, señala la Comisión en el Informe y a la enumeración que hace hay que agregar a los partidos políticos.

Más: Las resistencias de las mujeres en la guerra.

Los hombres fueron las principales víctimas de asesinatos, secuestros, desplazamientos y desapariciones en el conflicto; sin embargo, las poquitas mujeres que ejercían cargos públicos y políticos también fueron víctimas y eso incidió en que ellas y otras con aspiraciones renunciaran o no volvieran a participar en procesos democráticos. Sin contar, por supuesto, las otras violencias que ejercían sobre ellas actores como partidos políticos, colegas, la sociedad y el Estado. Ese fue el espejo para aquellas que querían ser poder. ¿Realmente si hubo condiciones de igualdad para aspirar en medio del conflicto armado y una sociedad machista y patriarcal?

La Comisión recogió 156 testimonios de violaciones de derechos humanos a mujeres que ocuparon cargos públicos y políticos. Las amenazas, los asesinatos y desplazamientos fueron las violencias que más coincidieron en las voces de ellas. “Fue duro, porque me tocó entrar a romper con una cantidad de cosas: primero, por el hecho de ser mujer. Alpujarra es un pueblo patriarcal, con herencia patriarcal, donde los hombres me decían: ‘Es que no estamos acostumbrados a que nos mande una mujer. ¿Cómo vamos a permitir eso?’. Yo les decía: ‘¿Cómo que no? ¿Acaso la que los manda en su casa no es su señora? ¿A usted no lo manda su mamá?’, y contestaban: ‘Bueno, sí’”, contó Aura Zulma Ospitia, exalcaldesa de Alpujarra (Tolima) entre 1998 y 2000.

A lo que se refiere Ospitia es a una violencia simbólica que opera bajo los estereotipos de género; es decir, el lugar de las mujeres es la casa y el de los hombres, el espacio público, donde se toman decisiones. Estas violencias se entrecruzaron con las del conflicto armado. “La guerrilla decía que yo era funcional a los paramilitares, y estos, que yo era funcional al Frente 5 de las Farc-Ep; los empresarios bananeros no pagaban impuestos porque decían que yo se los entregaba a la guerrilla”, recogió la Comisión del testimonio de Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó (Antioquia), entre 1995 y 1997.

También: La guerra contra las mujeres les tocó la puerta en las ciudades.

También la procedencia partidaria fue elemento para ejercer más violencia. Cuando se posesionó de alcaldesa de La Montañita (Caquetá), en 1998, Ana Carlina Bohórquez narró que el comandante de la Policía de ese entonces le manifestó: “No me voy a dejar mandar por una mujer y menos de la UP. A nosotros nos han dicho que ustedes son guerrilleros”. Bohórquez fue víctima de cuatro atentados, uno de ellos ocurrió cuando estaba embarazada. Otras mujeres de la UP, como Imelda Daza y Aída Avella, tuvieron que exiliarse y suspender sus actividades políticas para cuidar sus vidas y las de sus seres queridos. La opción de irse del país la encontraron otras políticas de otros partidos o funcionarias públicas que, por su trabajo, estuvieron bajo amenaza, como la fiscal Ángela Buitrago, una de las investigadoras del Palacio de Justicia.

El secuestro fue otra implicación para las mujeres en política. Los testimonios de Betancourt y Consuelo González de Perdomo, a manos de la guerrilla, y Córdoba, a manos de los paramilitares, constatan las dificultades personales y profesionales que vivieron tras el suceso, así como la falta de seguridad y el riesgo en el que estaban. “Yo le pedí al jefe —al enlace del Congreso, que es un teniente de quien no sé el nombre— que me hiciera un estudio de seguridad; lo pedí en junio de 2001 y me secuestraron en septiembre de 2001. El estudio lo recibieron mis hijas en diciembre y decía que era de bajo riesgo, y yo ya llevaba cuatro meses secuestrada”, contó González de Perdomo, quien estuvo en cautiverio más de siete años.

Las amenazas, las estigmatizaciones, las burlas, los desplazamientos, los secuestros y hasta asesinatos de mujeres en la política en municipios pequeños afectó la precaria participación de las colombianas en una esfera en la que ya encontraban desigualdades y dificultades por parte del sistema político, los partidos, el Estado, la sociedad y las redes clientelares. “La Comisión de la Verdad afirma que la salida acelerada del escenario político, sobre todo electoral, de las mujeres entrevistadas y de casos documentados tiene una relación directa con las violencias ejercidas por los actores armados y la fuerza pública, especialmente por la persecución política que vivieron durante sus mandatos. De esta manera, la violencia política ejercida contra mujeres constituye una afectación en la calidad de la democracia, pues impacta los procesos de democratización”, concluye la entidad. Los retos persisten hoy, en una constante reconfiguración del poder legal e ilegal, especialmente en zonas afectadas. Aunque para estas elecciones aumentó la participación efectiva de las mujeres en el Congreso, aún persiste una estructura patriarcal en el orden político que les sigue poniendo trabas y talanqueras y se resiste a ceder el poder.

Apenas hasta este 2022, después de 65 años desde que las colombianas son consideradas ciudadanas con plenos derechos políticos (a elegir y ser elegidas), el Congreso de la República tendrá una representación de, aproximadamente, el 28 % de legisladoras (aún no terminan los escrutinios para tener un porcentaje consolidado). Desde 1958, cuando llegaron por primera vez al Capitolio, hasta 1986, la participación de las mujeres no superaba el 4 %. Tras la Constitución del 91, los porcentajes vinieron aumentando hasta un 13 %, pero las mujeres buscan una representación más equitativa. En 2014, ellas lograron ser el 20 % y eso se repitió en 2018.

Le puede interesar: Las cifras de las violencias en contra de las mujeres durante el conflicto armado.

La subrepresentación de las mujeres, que son el 52 % de la población colombiana, se explica por motivaciones acogidas en el concepto de violencia contra las mujeres en política. Esta reúne violencias, como las simbólicas, económicas, legislativas y culturales, entre otras, que les pone una carga más a aquellas que quieren abrirse un espacio en el poder. El capítulo de género del Informe final de la Comisión de la Verdad aporta una mirada que se tenía más como contexto y no como factor de subrepresentación.

“¿Cómo ha incidido el conflicto armado en esta subrepresentación de las mujeres en la vida política del país?”, se preguntó la Comisión, luego de recibir testimonios de políticas que decidieron dar un paso al costado por la violencia vivida en el marco del conflicto armado. Hoy, tras la firma del Acuerdo de Paz, mujeres como Ingrid Betancourt y Piedad Córdoba regresaron a la escena pública y participaron de las pasadas elecciones. La primera fue candidata presidencial hasta una semana antes de la primera vuelta, cuando decidió adherir a la campaña de Rodolfo Hernández. La segunda hizo parte de la lista del Pacto Histórico al Senado y el próximo 20 de julio se posesionará.

La violencia ejercida en la guerra la sufrieron en mayor medida las mujeres con cargos públicos y políticos en municipios afectados por el conflicto armado, pero, en el ámbito nacional, políticas como Ingrid Betancourt y Piedad Córdoba también lo vivieron por su liderazgo y defensa por la paz. “El sistema político y la dinámica local de descentralización política y administrativa hacen evidente cómo ‘la cultura patriarcal, que estructura ciertas relaciones de género y tiende a depositar en hombres el poder real de controlar recursos, conocimiento y la toma de decisión’, cultura que sigue imperando dentro de los partidos políticos, es una de las mayores fuentes de afectación a la participación política de las mujeres que han sido objeto de la violencia política proveniente de grupos armados ilegales, del Estado, de sus pares y de una sociedad que se resiste a la idea de tener mujeres en cargos de poder”, señala la Comisión en el Informe y a la enumeración que hace hay que agregar a los partidos políticos.

Más: Las resistencias de las mujeres en la guerra.

Los hombres fueron las principales víctimas de asesinatos, secuestros, desplazamientos y desapariciones en el conflicto; sin embargo, las poquitas mujeres que ejercían cargos públicos y políticos también fueron víctimas y eso incidió en que ellas y otras con aspiraciones renunciaran o no volvieran a participar en procesos democráticos. Sin contar, por supuesto, las otras violencias que ejercían sobre ellas actores como partidos políticos, colegas, la sociedad y el Estado. Ese fue el espejo para aquellas que querían ser poder. ¿Realmente si hubo condiciones de igualdad para aspirar en medio del conflicto armado y una sociedad machista y patriarcal?

La Comisión recogió 156 testimonios de violaciones de derechos humanos a mujeres que ocuparon cargos públicos y políticos. Las amenazas, los asesinatos y desplazamientos fueron las violencias que más coincidieron en las voces de ellas. “Fue duro, porque me tocó entrar a romper con una cantidad de cosas: primero, por el hecho de ser mujer. Alpujarra es un pueblo patriarcal, con herencia patriarcal, donde los hombres me decían: ‘Es que no estamos acostumbrados a que nos mande una mujer. ¿Cómo vamos a permitir eso?’. Yo les decía: ‘¿Cómo que no? ¿Acaso la que los manda en su casa no es su señora? ¿A usted no lo manda su mamá?’, y contestaban: ‘Bueno, sí’”, contó Aura Zulma Ospitia, exalcaldesa de Alpujarra (Tolima) entre 1998 y 2000.

A lo que se refiere Ospitia es a una violencia simbólica que opera bajo los estereotipos de género; es decir, el lugar de las mujeres es la casa y el de los hombres, el espacio público, donde se toman decisiones. Estas violencias se entrecruzaron con las del conflicto armado. “La guerrilla decía que yo era funcional a los paramilitares, y estos, que yo era funcional al Frente 5 de las Farc-Ep; los empresarios bananeros no pagaban impuestos porque decían que yo se los entregaba a la guerrilla”, recogió la Comisión del testimonio de Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó (Antioquia), entre 1995 y 1997.

También: La guerra contra las mujeres les tocó la puerta en las ciudades.

También la procedencia partidaria fue elemento para ejercer más violencia. Cuando se posesionó de alcaldesa de La Montañita (Caquetá), en 1998, Ana Carlina Bohórquez narró que el comandante de la Policía de ese entonces le manifestó: “No me voy a dejar mandar por una mujer y menos de la UP. A nosotros nos han dicho que ustedes son guerrilleros”. Bohórquez fue víctima de cuatro atentados, uno de ellos ocurrió cuando estaba embarazada. Otras mujeres de la UP, como Imelda Daza y Aída Avella, tuvieron que exiliarse y suspender sus actividades políticas para cuidar sus vidas y las de sus seres queridos. La opción de irse del país la encontraron otras políticas de otros partidos o funcionarias públicas que, por su trabajo, estuvieron bajo amenaza, como la fiscal Ángela Buitrago, una de las investigadoras del Palacio de Justicia.

El secuestro fue otra implicación para las mujeres en política. Los testimonios de Betancourt y Consuelo González de Perdomo, a manos de la guerrilla, y Córdoba, a manos de los paramilitares, constatan las dificultades personales y profesionales que vivieron tras el suceso, así como la falta de seguridad y el riesgo en el que estaban. “Yo le pedí al jefe —al enlace del Congreso, que es un teniente de quien no sé el nombre— que me hiciera un estudio de seguridad; lo pedí en junio de 2001 y me secuestraron en septiembre de 2001. El estudio lo recibieron mis hijas en diciembre y decía que era de bajo riesgo, y yo ya llevaba cuatro meses secuestrada”, contó González de Perdomo, quien estuvo en cautiverio más de siete años.

Las amenazas, las estigmatizaciones, las burlas, los desplazamientos, los secuestros y hasta asesinatos de mujeres en la política en municipios pequeños afectó la precaria participación de las colombianas en una esfera en la que ya encontraban desigualdades y dificultades por parte del sistema político, los partidos, el Estado, la sociedad y las redes clientelares. “La Comisión de la Verdad afirma que la salida acelerada del escenario político, sobre todo electoral, de las mujeres entrevistadas y de casos documentados tiene una relación directa con las violencias ejercidas por los actores armados y la fuerza pública, especialmente por la persecución política que vivieron durante sus mandatos. De esta manera, la violencia política ejercida contra mujeres constituye una afectación en la calidad de la democracia, pues impacta los procesos de democratización”, concluye la entidad. Los retos persisten hoy, en una constante reconfiguración del poder legal e ilegal, especialmente en zonas afectadas. Aunque para estas elecciones aumentó la participación efectiva de las mujeres en el Congreso, aún persiste una estructura patriarcal en el orden político que les sigue poniendo trabas y talanqueras y se resiste a ceder el poder.