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Casi 53 años de confrontación armada, 8’554.539 víctimas, 310 páginas de negociación política para acabar la guerra, 6’424.385 colombianos que creyeron en esa intención, 11.736 excombatientes en proceso de reinserción y 8.994 armas menos quedaron reducidas, básicamente, a un intercambio de favores burocráticos. Ese fue, al menos, el lamentable panorama que quedó evidenciado esta semana luego de que el Congreso se rehusara a trabajar. Y se niega a hacerlo hasta tanto el Gobierno ceda y decida entregar cargos o, de lo contrario, se expone a que del Acuerdo de Paz con la exguerrilla de las Farc sólo queden las cenizas.
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Los últimos debates que han dado Senado y Cámara de Representantes a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y a la reforma política, respectivamente, han registrado un pobrísimo quórum, desgastantes y eternos debates sobre asuntos que, supuestamente, estaban claros desde antes de firmar los textos de La Habana y una avalancha de declaratorias de impedimentos.
Todo parece más una estrategia de dilación que una posición seria por parte de los congresistas para discutir. Que al Gobierno le falta liderazgo sobre sus legisladores, que han surgido nuevas dudas en torno a lo pactado en Cuba o que no se pueden cambiar las reglas del juego electorales a estas alturas. Excusas que no opacan el evidente retraso en la implementación de los Acuerdos de Paz y sus peligrosas consecuencias en un país que no se anima a salir de la polarización política.
¿Qué está ocurriendo realmente? Se aproxima el debate electoral de marzo y mayo del año entrante, y los parlamentarios están más enfocados en fortalecer su caudal político en las regiones que en sacar adelante la principal bandera de un Gobierno que ya va de salida. Por eso su mayor interés hoy radica en presionar al Ejecutivo con más inversión en los lugares que ellos representan en el Capitolio y, por supuesto, con cargos que, dicen, les pertenecen a sus partidos.
Esta semana se ha visto desfilar varias veces por los pasillos de la Casa de Nariño a la bancada conservadora. Y aunque ante micrófonos dicen estar preocupados por aspectos como la participación en política de la desarmada guerrilla, en voz baja, ellos mismos reconocen que están con apetito de burocracia. “A nosotros sí nos molestó que dejaran por fuera a los alcaldes del partido cuando el Ministerio del Interior entregó los Centros de Integración Ciudadana. Sólo tuvieron en cuenta a los alcaldes del exministro Cristo”, reconoció un parlamentario a El Espectador.
Y esa molestia fue expresada al Gobierno. Desde el Ejecutivo, hay quienes cuentan que no saben cómo más “satisfacer” las ansias de senadores y representantes, mientras ven cómo se derrumba el Acuerdo de Paz. Porque los conservadores, quienes son los que mayor presión están ejerciendo de acuerdo con altas fuentes de la Casa de Nariño, no se conforman fácilmente. Quieren quedarse con la Aerocivil, con la Superintendencia de Notariado y Registro, y con la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuaria, Fiduagraria.
¿Y si el Gobierno no cede? Fácil. El director de la colectividad, Hernán Andrade, insistirá en el Senado en que su bancada está muy preocupada con que los integrantes de la naciente Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común lleguen al Congreso sin antes haberse sometido al sistema de justicia transicional; o que no se les garantice seguridad jurídica a los miembros de la Fuerza Pública; o que haya una especie de “cacería de brujas” en contra de los terceros involucrados en el conflicto. Todos asuntos ya debatidos y votados en el Acto Legislativo de la JEP, el mismo que ese partido acompañó.
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En menor proporción actúan los liberales. El hecho de tener siete ministerios (Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, Salud, Trabajo, Tecnologías de la Información y ahora Vivienda) les es suficiente para mirar con cierta burla el pequeño grupo que surgió esta semana autodenominado Los Pepes: Perseguidos por Presidencia y (Alfonso) Prada, el secretario general de Palacio que, según los mentideros políticos, es el encargado de definir quién se queda con qué.
Pero la orden de su director único, el expresidente César Gaviria, es clara. “Nuestra bandera es el Acuerdo de Paz y la tienen que apoyar en el Congreso”, les habría dicho a los senadores que se reunieron con el presidente Santos el miércoles pasado. Y la U, absolutamente resquebrajada, aunque piensa en burocracia tampoco echa en saco roto la iniciativa que se promueve en la reforma política sobre el transfuguismo. Para muchos es claro que ese partido va directo al abismo y, en ese sentido, se han venido moviendo como en una especie de “sálvese quien pueda”. No en vano, un grupo promovido por el senador Mauricio Lizcano ya mira más hacia los lados de Germán Vargas Lleras que hacia su jefe natural, Santos. Y está Cambio Radical que, como se sabe, se fue de la Unidad Nacional.
Así que, ¿cómo no evidenciar este triste escenario protagonizado por el que, se supone, es el recinto de la democracia? Cada congresista tiene un salario de $29’814.275. Lo suficiente para que vaya, al menos, dos veces a la semana a trabajar, a debatir y, si no está de acuerdo, a votar negativamente los proyectos que se debaten tanto en Senado como en Cámara. Pero no para amenazar con su ausencia a otra rama del poder público que, en teoría, es independiente.
En todo caso, quedan 25 días para que se acabe el fast track y la que ha sido denominada como la columna vertebral del Acuerdo de Paz —la estatutaria de la JEP— ni siquiera ha comenzado a debatirse en el Senado, más allá de los impedimentos. “A parte del debate político hay unos hechos y esos hechos son que el proceso de paz está en serio peligro si no se hacen ciertas cosas. Uno no puede hacer un proceso y después no asegurar su cumplimiento. Colombia aceptó darse el lujo de esperar hasta el año entrante a ver qué pasa con el debate político, cuando en el terreno están pasando cosas serias, como que la disidencia se está fortaleciendo, por ejemplo”, dijo a este diario una voz muy cercana a los diálogos de paz.
Otros críticos también dicen que habla muy mal del Congreso y de varios de sus miembros que se produzca esa especie de mercadeo con relación a leyes tan importantes para el futuro del país como lo que se está debatiendo, eso sí, con inocultables errores y atropellados planeamientos. El mismo viernes, el presidente Santos hizo un llamado a los legisladores para que no siga afectando el quórum: “Hay unas leyes muy importantes que se tienen que aprobar. Por eso el llamado para que redoblen esfuerzos y aprueben lo que falta”. Desde el próximo martes, Senado y Cámara sesionarán todos los días para acelerar la aprobación de las iniciativas. Resta esperar si la tardía estrategia adoptada por los presidentes de ambas corporaciones, Efraín Cepeda y Rodrigo Lara, funciona.