Facultades extraordinarias y política social: lo que anticipa el borrador del PND

Al Gobierno le quedan tres días para ultimar detalles y hacer modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo (PND), el texto definitivo tendrá que ser presentado el próximo 6 de febrero en el Congreso para ser discutido y aprobado dentro de los tres meses siguientes. Se trata de la hoja de ruta de Gustavo Petro para el cuatrienio 2022-2026, en la que se materializarán sus objetivos y propuestas, así como las prioridades, no solo en términos estratégicos sino también de recursos e inversión.

Al Gobierno le quedan tres días para ultimar detalles y hacer modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo (PND), el texto definitivo tendrá que ser presentado el próximo 6 de febrero en el Congreso para ser discutido y aprobado dentro de los tres meses siguientes. Se trata de la hoja de ruta de Gustavo Petro para el cuatrienio 2022-2026, en la que se materializarán sus objetivos y propuestas, así como las prioridades, no solo en términos estratégicos sino también de recursos e inversión.

El pasado 15 de noviembre se conocieron las bases del PND, que incluyen los cinco ejes estratégicos del Gobierno: 1). Ordenamiento territorial; 2). Seguridad humana y justicia social; 3). Derecho a la alimentación; 4). Transformación productiva y acción climática, y 5). Convergencia regional. Si bien esos puntos ofrecían orientaciones clave, lo más importante son los proyectos concretos y la inversión.

Aunque el texto completo se conocería hasta el lunes, esta mañana se filtró un borrador: cuenta con 240 artículos, entre ellos varios controversiales, no solo por su contenido sino porque algunos de ellos le darían facultades extraordinarias al presidente. Varios de esos puntos, sin duda, estarán en el centro de la discusión en el Congreso, en donde el texto podrá tener modificaciones y algunos legisladores harán lo posible para incluir sus intereses.

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Así lo especula Jorge Iván González, director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), quien lidera la construcción del texto: “Aunque las discusiones no se llevarán hasta el detalle, seguramente va a haber presión de algunos representantes que querrán procurar que haya más recursos para su departamento”, dijo a este diario.

Si el Congreso no aprueba el PND en el término de los tres meses desde que empieza el trámite, sería expedido mediante decreto presidencial. Así lo indica la ley 152 de 1994: “el Gobierno podrá poner en vigencia, mediante decreto con fuerza de Ley, el proyecto presentado”. Pese a esa posibilidad, ese no es el escenario ideal pues, en reconocimiento del Estado de derecho, de la división de poderes y, en beneficio de la legitimidad, es clave que el proyecto pase por el Legislativo.

De acuerdo con información conocida por El Espectador, el lunes a las 9 de la mañana empezará el evento para radicar PND en el Patio de Armas de la Casa de Nariño, allí estará toda la bancada de gobierno, que ya fue citada por el presidente. Luego de la radicación, el proyecto será discutido en sesiones extraordinarias del Congreso desde el 7 de febrero e ingresará a las comisiones de asuntos económicos (3 y 4) de ambas Cámaras en sesión conjunta.

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“En cualquier momento durante el trámite legislativo, el Congreso podrá introducir modificaciones al Plan, siempre y cuando se mantenga el equilibrio financiero”, dice la ley. Si bien la aprobación del PND no suele tener mucha dificultad, el borrador que se filtró este viernes ya deja ver varios puntos controversiales, que a ojos de los legisladores podrían menoscabar en la división de poderes: se trata de las facultades extraordinarias al presidente.

En el texto filtrado, serían conferidas al primer mandatario nueve facultades, el objetivo de esto es poder avanzar y acelerar el cumplimiento de varios propósitos esquivando la burocracia institucional. Aunque en el pasado, otros planes también había facultades extraordinarias, en esta ocasión serían más: el PND de Duque incluyó dos nuevas facultades. Es importante aclarar que lo que se conoció hoy es un borrador y que el texto tendrá modificaciones de aquí al lunes, como lo pudo confirmar este diario.

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Las facultades extraordinarias

Entre las facultades que tendría el presidente, una de las más llamativas es la recuperación del Hospital San Juan de Dios, se trata de una de las metas inconclusas de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá. El PND le daría la capacidad de adelantar “las actividades tendientes a la adquisición, a título gratuito u oneroso, de la infraestructura que corresponde al Hospital” y la creación de “la persona jurídica cuyo objeto será la prestación de servicios de salud o la investigación en salud, y la expedición de las disposiciones orgánicas para su operación”.

Otro de los puntos es dar facultades para regular los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis para fines medicinales, terapéuticos y científicos. El texto le permitiría al presidente, por el término de seis (6) meses a partir de la publicación del PND, regular los usos alternativos del psicotrópico.

Así mismo, el mandatario tendría facultades para el fortalecimiento institucional de la seguridad digital. De acuerdo con el borrador, el presidente podría crear una entidad denomina “Agencia Nacional de Seguridad Digital” y así mismo determinar su “objeto, competencias específicas y estructura orgánica”. La agencia tendría como finalidad “la planificación, articulación y gestión de los riesgos de seguridad digital en el país y será el soporte institucional y de coordinación para la definición, ejecución, seguimiento y control de las estrategias, planes y acciones”.

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El presidente también podría expedir normas con fuerza material de ley dirigidas a modificar funciones relacionadas con las Superintendencias de Sociedades y de Industria y Comercio, y, “depurar la normativa vigente para establecer los instrumentos que se requieran para implementar las Políticas de Reindustrialización y fortalecimiento de la economía popular y comunitaria, incluyendo la definición de incentivos no tributarios, mecanismos para promover alianzas de atracción de inversión extranjera directa sostenible y transferencia tecnológica”, dice el texto filtrado.

Otra de las facultades sería para la estructuración del grupo empresarial del sector eléctrico, con lo que podría crear, suprimir, reestructurar, fusionar, escindir, liquidar o integrar empresas de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico. De acuerdo con el borrador, el objetivo ello sería “impulsar y acelerar la transición energética y mejorar la prestación del servicio de energía eléctrica”.

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Las promesas

Una de las razones por las que hay tanta expectativa alrededor del PND son los Diálogos Regionales Vinculantes: el Gobierno prometió incluir varias de las necesidades y propuestas que fueron manifestadas durante las jornadas. Fueron 51 diálogos en distintas zonas del país, participaron más de 250 mil colombianos y se recogieron más de 87 mil propuestas. Si bien era poco probable que quedarán incluidos proyectos específicos, el borrador sí evidencia una priorización de poblaciones vulnerables y diversidades: llamadas en el documento como “actores diferenciales para el cambio”.

Para las mujeres, el PND crearía el “Sistema Nacional de la Igualdad y Equidad”, con el objetivo de “coordinar las actividades estatales, de las organizaciones sociales y de los particulares para formular, adoptar y ejecutar las políticas para promover la eliminación de las desigualdades”. Este punto va de la mano con el diseño del Sistema Nacional de Igualdad y Equidad y la reglamentación del Ministerio de Igualdad. También crearía el “Sistema Nacional de Monitoreo de las Violencias Basadas en Género” y pondría en marcha una nueva política nacional sobre los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

Niñas, niños y adolescentes es otra de las poblaciones priorizadas. El borrador prevé la creación del “Programa Nacional de Jóvenes en Paz” que pondría en marcha beneficios económicos, apoyo a iniciativas de emprendimiento, educación y formación para el trabajo y planes y programas de atención de los derechos de la población beneficiaria. Para las comunidades étnicas, se formula una política pública para la erradicación del racismo y la discriminación racial. Igualmente, buscaría la reglamentación integral de la ley 70 de 1993.

Si bien hay varios temas polémicos, el Gobierno todavía tiene tres días para perfeccionar el texto y llegar con el mayor consenso al Congreso. Precisamente, este fin de semana el presidente citó a todo el gabinete e un retiro en la hacienda Hato Grande para revisar el articulado.