Fallo de Corte IDH sobre Petro no recomendaba aumentar burocracia en la Procuraría

En plena Navidad, el regalo de la Procuraduría a los colombianos fue el decreto 1851 de 2021, firmado por el presidente Iván Duque, que creó 1.208 cargos nuevos que le costarán al Estado más de $12.000 millones. Ante las críticas que le hicieron a la procuradora Margarita Cabello, esta respondió que la nueva burocracia “obedece a una sentencia luego de una demanda de Gustavo Petro”, según dijo en La FM.

Para contexto: Procuraduría crea 1.208 nuevos cargos por orden de decreto presidencial.

Inmediatamente, el senador Petro salió a desmentirla: “La sentencia lo que obliga es que la Procuraduría deje de quitar derechos políticos a los y las ciudadanas. En cambio, lo que hizo la procuradora fue transformarla en una policía política a cambio de cargos para los congresistas”.

A su juicio, la reforma al Código Disciplinario fue una burla a la sentencia que profirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a su favor, tras estudiar la demanda que presentó contra el Estado por la destitución que fue objeto por parte de la Procuraduría cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2014).

Para recapitular, en 2013 Petro fue destituido e inhabilitado por 15 años por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, debido al escándalo de las basuras que se dio en la capital por ese entonces. Para blindar su cargo y sus derechos políticos, Petro acudió a al Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dictó medidas cautelares sobre el hoy senador. En 2017, el organismo interamericano le hizo la recomendación al país de cambiar la normativa para evitar que sucedan futuros casos en los que el sujeto destituido se trate de un funcionario electo a través de voto popular.

Más: Corte IDH condena a Colombia por haber destituido a Petro de la Alcaldía de Bogotá.

Ante la negativa del Estado por reglamentar su Código Disciplinario y actualizarlo con la Convención Interamericana, la CIDH procedió enviar el caso a la Corte IDH en 2018. “El Estado no informó concretamente sobre su voluntad y capacidad para cumplir con uno de los aspectos estructurales que identificó la Comisión en su informe y que tiene que ver con la adecuación interna constitucional y legal para eliminar la facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular en cabeza de la Procuraduría”, se lee en el comunicado de traslado.

En agosto de 2020, la Corte IDH condenó al Estado por haber destituido a Gustavo Petro como alcalde y ordenó hacer las reformas pertinentes. “La Corte ya concluyó anteriormente que una sanción de inhabilitación o destitución de un funcionario público democráticamente electo por vía de autoridad administrativa y no por ‘condena, por juez competente, en proceso penal’, es contraria a la Convención y al objeto y fin de la Convención”, se lee en la sentencia.

Aunque en enero de 2021, Fernando Carrillo dejó un proyecto formulado y radicado ante el Congreso que acogía las recomendaciones del fallo, Margarita Cabello, recién posesionada como procuradora, presentó un nuevo proyecto de ley, al considerar que el de Carrillo no solucionaba lo exigido por la Corte IDH. Esta iniciativa fue aprobado con mensaje de urgencia sin el debido debate, según la oposición.

Aunque Cabello al explicar la nueva burocracia no se equivocó en cuanto a que la nueva reforma al Código Disciplinario respondió al fallo de la Corte IDH, este, según el mismo Petro, no acoge de manera profunda las órdenes del órgano interamericano. Y no solo lo sostiene él, sino organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE).

“La reforma aprobada viola la Convención Interamericana y también el fallo de la Corte IDH (…) el texto aprobado en el Congreso mantiene la competencia de la Procuraduría en cuanto a que una autoridad administrativa puede afectar los derechos políticos de los ciudadanos. Eso se tiene que trasladar a los jueces penales”, explicó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Además de dicho diagnóstico, otro de los problemas que se advirtieron durante la discusión del proyecto fue la carta blanca para que el Ministerio Público creara nuevos cargos, para justificar la estructuración de la entidad con el fin de tener las instancias y el personal que garanticen los procesos sancionatorios a los electos.

El modelo planteado por Cabello son tres salas disciplinarias encargadas de las etapas de instrucción y juzgamiento. Razón por la cual, la procuradora insistió la necesidad de contratar más gente, pues un mismo funcionario, explicó, no puede estar en la misma etapa.

También le puede interesar: El espinoso debate de la reforma a la Procuraduría.

Silvia Serrano, abogada experta en derecho internacional, dijo en su momento que era erróneo usar el fallo de la Corte para justificar aumento de la planta ya que esto no lo exigió la sentencia. Aunque durante la discusión del proyecto la oposición trató de tumbar dicho artículo y proponer una reorganización, este propósito no se logró y las mayorías se impusieron.

“Aprobaron este artículo (crear nuevos cargos) con la excusa de que no habría un aumento en el gasto de nómina y sí lo hubo. Así como advertimos esto y pasó. La plata de los colombianos resultará en las campañas políticas. Es indignante que de manera injustificada se aumente cada vez más la burocracia en este país y, peor aún, en plena época electoral. Los impuestos de los colombianos no son el aguinaldo del Gobierno Nacional”, reaccionó el representante Gabriel Santos, tras la noticia de los nuevos cargos.

En plena Navidad, el regalo de la Procuraduría a los colombianos fue el decreto 1851 de 2021, firmado por el presidente Iván Duque, que creó 1.208 cargos nuevos que le costarán al Estado más de $12.000 millones. Ante las críticas que le hicieron a la procuradora Margarita Cabello, esta respondió que la nueva burocracia “obedece a una sentencia luego de una demanda de Gustavo Petro”, según dijo en La FM.

Para contexto: Procuraduría crea 1.208 nuevos cargos por orden de decreto presidencial.

Inmediatamente, el senador Petro salió a desmentirla: “La sentencia lo que obliga es que la Procuraduría deje de quitar derechos políticos a los y las ciudadanas. En cambio, lo que hizo la procuradora fue transformarla en una policía política a cambio de cargos para los congresistas”.

A su juicio, la reforma al Código Disciplinario fue una burla a la sentencia que profirió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a su favor, tras estudiar la demanda que presentó contra el Estado por la destitución que fue objeto por parte de la Procuraduría cuando fue alcalde de Bogotá (2012-2014).

Para recapitular, en 2013 Petro fue destituido e inhabilitado por 15 años por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, debido al escándalo de las basuras que se dio en la capital por ese entonces. Para blindar su cargo y sus derechos políticos, Petro acudió a al Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que dictó medidas cautelares sobre el hoy senador. En 2017, el organismo interamericano le hizo la recomendación al país de cambiar la normativa para evitar que sucedan futuros casos en los que el sujeto destituido se trate de un funcionario electo a través de voto popular.

Más: Corte IDH condena a Colombia por haber destituido a Petro de la Alcaldía de Bogotá.

Ante la negativa del Estado por reglamentar su Código Disciplinario y actualizarlo con la Convención Interamericana, la CIDH procedió enviar el caso a la Corte IDH en 2018. “El Estado no informó concretamente sobre su voluntad y capacidad para cumplir con uno de los aspectos estructurales que identificó la Comisión en su informe y que tiene que ver con la adecuación interna constitucional y legal para eliminar la facultad de destituir e inhabilitar a funcionarios de elección popular en cabeza de la Procuraduría”, se lee en el comunicado de traslado.

En agosto de 2020, la Corte IDH condenó al Estado por haber destituido a Gustavo Petro como alcalde y ordenó hacer las reformas pertinentes. “La Corte ya concluyó anteriormente que una sanción de inhabilitación o destitución de un funcionario público democráticamente electo por vía de autoridad administrativa y no por ‘condena, por juez competente, en proceso penal’, es contraria a la Convención y al objeto y fin de la Convención”, se lee en la sentencia.

Aunque en enero de 2021, Fernando Carrillo dejó un proyecto formulado y radicado ante el Congreso que acogía las recomendaciones del fallo, Margarita Cabello, recién posesionada como procuradora, presentó un nuevo proyecto de ley, al considerar que el de Carrillo no solucionaba lo exigido por la Corte IDH. Esta iniciativa fue aprobado con mensaje de urgencia sin el debido debate, según la oposición.

Aunque Cabello al explicar la nueva burocracia no se equivocó en cuanto a que la nueva reforma al Código Disciplinario respondió al fallo de la Corte IDH, este, según el mismo Petro, no acoge de manera profunda las órdenes del órgano interamericano. Y no solo lo sostiene él, sino organizaciones como la Misión de Observación Electoral (MOE).

“La reforma aprobada viola la Convención Interamericana y también el fallo de la Corte IDH (…) el texto aprobado en el Congreso mantiene la competencia de la Procuraduría en cuanto a que una autoridad administrativa puede afectar los derechos políticos de los ciudadanos. Eso se tiene que trasladar a los jueces penales”, explicó Alejandra Barrios, directora de la MOE.

Además de dicho diagnóstico, otro de los problemas que se advirtieron durante la discusión del proyecto fue la carta blanca para que el Ministerio Público creara nuevos cargos, para justificar la estructuración de la entidad con el fin de tener las instancias y el personal que garanticen los procesos sancionatorios a los electos.

El modelo planteado por Cabello son tres salas disciplinarias encargadas de las etapas de instrucción y juzgamiento. Razón por la cual, la procuradora insistió la necesidad de contratar más gente, pues un mismo funcionario, explicó, no puede estar en la misma etapa.

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Silvia Serrano, abogada experta en derecho internacional, dijo en su momento que era erróneo usar el fallo de la Corte para justificar aumento de la planta ya que esto no lo exigió la sentencia. Aunque durante la discusión del proyecto la oposición trató de tumbar dicho artículo y proponer una reorganización, este propósito no se logró y las mayorías se impusieron.

“Aprobaron este artículo (crear nuevos cargos) con la excusa de que no habría un aumento en el gasto de nómina y sí lo hubo. Así como advertimos esto y pasó. La plata de los colombianos resultará en las campañas políticas. Es indignante que de manera injustificada se aumente cada vez más la burocracia en este país y, peor aún, en plena época electoral. Los impuestos de los colombianos no son el aguinaldo del Gobierno Nacional”, reaccionó el representante Gabriel Santos, tras la noticia de los nuevos cargos.