FARC pedirá intervención de la CPI por reforma a la JEP aprobada en el Congreso

A través de un comunicado público, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) rechazó el acuerdo que lograron las bancadas de Gobierno junto con varios sectores de la oposición de adicionar dos artículos transitorios al acto legislativo 01 de 2017, en lo que tiene que ver con la conformación de las salas de la JEP con la introducción de 14  magistrados más.

Según la FARC, con lo acordado “se atenta contra la integridad del Acuerdo de Paz” y “deja serias dudas frente al compromiso, reiterado en distintos escenarios nacionales e internacionales, por el presidente Duque, con la paz y la implementación de los acuerdos de La Habana; así como con las víctimas del conflicto y las obligaciones internacionales del Estado”.

Para el partido político de la exguerrilla, existe una clara intención por parte de los partidos que acompañas al gobierno de Iván Duque, sobre todo del Centro Democrático, de desvirtuar la intención principal del sistema de justicia que se pactó para la construcción de paz y que esta queda clara con la introducción, en el texto aprobado en la Comisión Primera del Senado, de término “confesión”.

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En ese sentido, argumenta la FARC, se obvia que “la JEP creada por el Acuerdo de Paz tiene como columna vertebral el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas y frente a todo el país, pretendiendo así la reforma convertir el SIVJRN en otro ineficaz sistema penal productor de impunidad, como ha sido históricamente habitual en Colombia”.

Criticaron, de igual manera, la adición de nuevo magistrados y que, aunque no pasó la propuesta del Centro Democrático de crear una sala especial para el juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública, lo pactado implica, en la práctica, la conformación de salas y secciones separadas dentro de la JEP para uniformados y agentes del Estado.

“[Los acordado] acaba con la independencia e imparcialidad judicial de la JEP al incorporar 14 magistrados a cada sección y sala de la JEP –frente a los seis magistrados y magistradas que cada sección o sala tienen de media actualmente– elegidos por órganos del Estado que han sido parte de la institucionalidad del Estado durante el conflicto armado”, dice el comunicado.

Esas fueron las razones, además, por las que la FARC les hace un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI), a los países garantes, a la misión de la ONU en Colombia, a la Unión Europea y a organizaciones derechos humanos a que tomen atenta nota de “los riesgos que entraña la idea de seguir alterando un tratado de paz que puso fin a un conflicto de más de medio siglo; que tiene carácter de Acuerdo Especial a la luz del Derecho Internacional Humanitario”.

A través de un comunicado público, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) rechazó el acuerdo que lograron las bancadas de Gobierno junto con varios sectores de la oposición de adicionar dos artículos transitorios al acto legislativo 01 de 2017, en lo que tiene que ver con la conformación de las salas de la JEP con la introducción de 14  magistrados más.

Según la FARC, con lo acordado “se atenta contra la integridad del Acuerdo de Paz” y “deja serias dudas frente al compromiso, reiterado en distintos escenarios nacionales e internacionales, por el presidente Duque, con la paz y la implementación de los acuerdos de La Habana; así como con las víctimas del conflicto y las obligaciones internacionales del Estado”.

Para el partido político de la exguerrilla, existe una clara intención por parte de los partidos que acompañas al gobierno de Iván Duque, sobre todo del Centro Democrático, de desvirtuar la intención principal del sistema de justicia que se pactó para la construcción de paz y que esta queda clara con la introducción, en el texto aprobado en la Comisión Primera del Senado, de término “confesión”.

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En ese sentido, argumenta la FARC, se obvia que “la JEP creada por el Acuerdo de Paz tiene como columna vertebral el ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas y frente a todo el país, pretendiendo así la reforma convertir el SIVJRN en otro ineficaz sistema penal productor de impunidad, como ha sido históricamente habitual en Colombia”.

Criticaron, de igual manera, la adición de nuevo magistrados y que, aunque no pasó la propuesta del Centro Democrático de crear una sala especial para el juzgamiento de miembros de la Fuerza Pública, lo pactado implica, en la práctica, la conformación de salas y secciones separadas dentro de la JEP para uniformados y agentes del Estado.

“[Los acordado] acaba con la independencia e imparcialidad judicial de la JEP al incorporar 14 magistrados a cada sección y sala de la JEP –frente a los seis magistrados y magistradas que cada sección o sala tienen de media actualmente– elegidos por órganos del Estado que han sido parte de la institucionalidad del Estado durante el conflicto armado”, dice el comunicado.

Esas fueron las razones, además, por las que la FARC les hace un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI), a los países garantes, a la misión de la ONU en Colombia, a la Unión Europea y a organizaciones derechos humanos a que tomen atenta nota de “los riesgos que entraña la idea de seguir alterando un tratado de paz que puso fin a un conflicto de más de medio siglo; que tiene carácter de Acuerdo Especial a la luz del Derecho Internacional Humanitario”.