Financiación: ríos de plata desconocida y peligrosa

Incertidumbre es la palabra que mejor define esta campaña electoral. A pesar de las estrategias que el Estado, sus instituciones y los partidos políticos han lanzado conjuntamente para garantizar la normalidad en esta época —como son el Plan Ágora, del Ministerio del Interior; #VerdadElecciones2019, de la Registraduría; y el pacto por la no violencia electoral, del Consejo Nacional de Paz— son varios los riesgos que la permean. Aparte de la violencia política, hay otro peligro: la financiación de las campañas.

Han pasado de agache unos interrogantes: ¿quién está financiando las campañas? ¿Cuál es la procedencia de ese dinero? ¿Cuánta plata entra y cuánta sale? No se sabe, porque los candidatos y sus partidos políticos no están registrando sus gastos e ingresos en Cuentas Claras, el portal del Consejo Nacional Electoral (CNE) que hace las veces de un libro contable digital, cuya función es que tanto el CNE como los ciudadanos conozcan la naturaleza y el uso de ese capital.

Según las cifras de la autoridad electoral, de los 117.800 candidatos inscritos en la Registraduría, apenas 354 han reportado sus gastos, lo que equivale al 0,3 %. Particularmente, de los 177 postulados, 54 han cumplido en Cuentas Claras (46 %); y de los 5.187 a la alcaldía, lo han hecho 213; es decir, apenas el 4% . En ese sentido, los datos son irrisorios e insuficientes, considerando que falta menos de un mes y medio para el día de las elecciones.

Ahora, ese inmenso vacío de información también se debe a la falta de presión por parte del CNE, según expresaron las ONG Transparencia por Colombia y Misión de Observación Electoral (MOE). “Por ley, los candidatos deben entregar sus cuentas máximo dos meses después de las votaciones. Pero el mismo CNE decidió que no tenía por qué esperar para ejercer vigilancia a ese dinero. Por eso crearon la resolución 3097 de 2013 con la que hacen control en tiempo real”, expresa Camilo Vargas, coordinador del observatorio político de la MOE.

Según dicha resolución, los candidatos deben subir al sistema sus gastos e ingresos cada semana, durante la campaña; sin embargo, no hacerlo no es sancionado. Pero dentro de sus facultades, podrían multar a la campaña por no actualizar la contabilidad. No obstante, ellos mismos han incumplido en todas las elecciones desde que firmaron el documento.

“Para los nueve magistrados es complejo estar pendientes de esas cuentas porque están enfocados, por ejemplo, en revocar candidaturas y las inscripciones de cédulas. En 2015 no crearon los tribunales para garantizar la transparencia en las elecciones por falta de plata. En 2018 lo hicieron, pero faltando dos días para las votaciones del Congreso. Y tienen otro problema: los miembros de los tribunales no tienen la formación y el conocimiento sobre la reglamentación, no la aplican a tiempo”, explica.

Sandra Ximena Martínez, líder del Sistema Político de Transparencia por Colombia, dice lo mismo. “Los del CNE son de apagar incendios. Pero cuando nos damos cuenta, llegan las elecciones y sin la información en Cuentas Claras terminamos eligiendo candidatos que incumplieron toda la normativa de rendición de cuentas. La prioridad no puede ser que la autoridad saque por Twitter enunciados de que se está incumpliendo. Con que ellos digan que abrirán investigaciones o aplicarán sanciones a las campañas que no se pongan al día y a los partidos mismos, las colectividades aprietan las tuercas”, asegura.

Plata y violencia: coctel explosivo

Aunque la financiación de las campañas es casi que un agujero negro del que poco se conoce, las organizaciones afirman que podría, incluso, tener relación con los siete asesinatos, tres atentados, un secuestro y treinta amenazas que dan cuenta de la estruendosa violencia electoral que sacude los territorios, según cifras del último informe de la MOE. O, con las alertas que la Defensoría ha emitido en especial en 402 municipios en los que la intimidación es el problema número uno.

Pero, sin información de esos dineros, esa idea es solo un supuesto. No obstante, surgen más preguntas. En 2015, las regionales costaron $207.000 millones, según la contabilidad de los candidatos. De esos, solo el 0,05%, que no son ni $100 millones, fueron de anticipos del Estado. Luego, $4.000 millones los aportaron los partidos políticos, $8.000 millones salieron de créditos bancarios, $62.000 millones lo dieron particulares y $128.000 salieron del bolsillo de los candidatos. “No tiene sentido que los candidatos inviertan dinero que, casi siempre, es a pérdidas, porque la tasa de reposición por los votos es muy baja y casi nunca se da. Por eso es que en esa última bolsa es de donde más sospechamos que algún dinero raro puede haber”.

“El riesgo de que entre plata del narcotráfico es muy alto, teniendo en cuenta el precio del dólar, los 178 municipios con cultivos ilícitos, los corredores por donde pasa la coca o la minería ilegal. Desde 1991 hasta hoy hay casi 700 políticos condenados por corrupción”, insiste el funcionario de la MOE.

Y no hay que ir muy lejos. En 2015 en Córdoba capturaron por vínculos con el narcotráfico a Amadyd Suárez y Soycer Montaña, precandidatos a alcaldía y concejo; Eliécer Velásquez, candidato a concejo de Puerto Libertador, y John Jairo Benítez, al concejo de Montelíbano. En 2018 condenaron a Martín Emilio Morales, senador electo en 2014, por relacionarse con grupos ilegales del municipio de Lorica.

Las colectividades afirman que presionar a sus candidatos para que suban la información a Cuentas Claras es un trabajo que se les sale de las manos, pero coinciden en que el CNE no está velando por la transparencia. El Partido Liberal, según dice, le ha hecho las claridades y capacitaciones a sus postulados. Por su lado, Germán Córdoba, de Cambio Radical, asegura que el proceso en Cuentas Claras no es tan fácil.

“Nosotros avalamos más de 12.000 personas. Entonces decidimos contratar a una firma externa, en un contrato de más de $1.000 millones, y nos ayudarán a validar la contabilidad. Hasta hoy hemos hecho 24 capacitaciones. Y les insistimos en que si quieren tener reposición de votos, que se deben ajuiciar, pero es algo que debe hacer cada campaña. Pero en muchísimos municipios los bancos no les abren cuenta a los políticos que participan en elecciones, entonces ese dinero tampoco se logra registrar”, dice Córdoba.

Pese a la insistencia de subir la información al aplicativo, Rodrigo Romero, director ejecutivo de la Alianza Verde, afirma que identificar los dineros ilegales y peligrosos que entran a las campañas no se logrará por medio de Cuentas Claras. “El problema no está en lo que registren en Cuentas Claras, porque los candidatos pueden disfrazar las cifras y muestran lo que les conviene. El CNE tiene que ir a las regiones, controlar y contrastar lo que el candidato reporta con la publicidad que ponen y demás gastos”, explica.

*Según Transparencia por Colombia, solo la Alianza Social Independiente (ASI) y el Polo Democrático presentan información completa para el informe financiero de las campañas. “La mayoría de los partidos no tienen publicadas las resoluciones u otros documentos que den cuenta sobre los topes establecidos para la campaña electoral”.

Incertidumbre es la palabra que mejor define esta campaña electoral. A pesar de las estrategias que el Estado, sus instituciones y los partidos políticos han lanzado conjuntamente para garantizar la normalidad en esta época —como son el Plan Ágora, del Ministerio del Interior; #VerdadElecciones2019, de la Registraduría; y el pacto por la no violencia electoral, del Consejo Nacional de Paz— son varios los riesgos que la permean. Aparte de la violencia política, hay otro peligro: la financiación de las campañas.

Han pasado de agache unos interrogantes: ¿quién está financiando las campañas? ¿Cuál es la procedencia de ese dinero? ¿Cuánta plata entra y cuánta sale? No se sabe, porque los candidatos y sus partidos políticos no están registrando sus gastos e ingresos en Cuentas Claras, el portal del Consejo Nacional Electoral (CNE) que hace las veces de un libro contable digital, cuya función es que tanto el CNE como los ciudadanos conozcan la naturaleza y el uso de ese capital.

Según las cifras de la autoridad electoral, de los 117.800 candidatos inscritos en la Registraduría, apenas 354 han reportado sus gastos, lo que equivale al 0,3 %. Particularmente, de los 177 postulados, 54 han cumplido en Cuentas Claras (46 %); y de los 5.187 a la alcaldía, lo han hecho 213; es decir, apenas el 4% . En ese sentido, los datos son irrisorios e insuficientes, considerando que falta menos de un mes y medio para el día de las elecciones.

Ahora, ese inmenso vacío de información también se debe a la falta de presión por parte del CNE, según expresaron las ONG Transparencia por Colombia y Misión de Observación Electoral (MOE). “Por ley, los candidatos deben entregar sus cuentas máximo dos meses después de las votaciones. Pero el mismo CNE decidió que no tenía por qué esperar para ejercer vigilancia a ese dinero. Por eso crearon la resolución 3097 de 2013 con la que hacen control en tiempo real”, expresa Camilo Vargas, coordinador del observatorio político de la MOE.

Según dicha resolución, los candidatos deben subir al sistema sus gastos e ingresos cada semana, durante la campaña; sin embargo, no hacerlo no es sancionado. Pero dentro de sus facultades, podrían multar a la campaña por no actualizar la contabilidad. No obstante, ellos mismos han incumplido en todas las elecciones desde que firmaron el documento.

“Para los nueve magistrados es complejo estar pendientes de esas cuentas porque están enfocados, por ejemplo, en revocar candidaturas y las inscripciones de cédulas. En 2015 no crearon los tribunales para garantizar la transparencia en las elecciones por falta de plata. En 2018 lo hicieron, pero faltando dos días para las votaciones del Congreso. Y tienen otro problema: los miembros de los tribunales no tienen la formación y el conocimiento sobre la reglamentación, no la aplican a tiempo”, explica.

Sandra Ximena Martínez, líder del Sistema Político de Transparencia por Colombia, dice lo mismo. “Los del CNE son de apagar incendios. Pero cuando nos damos cuenta, llegan las elecciones y sin la información en Cuentas Claras terminamos eligiendo candidatos que incumplieron toda la normativa de rendición de cuentas. La prioridad no puede ser que la autoridad saque por Twitter enunciados de que se está incumpliendo. Con que ellos digan que abrirán investigaciones o aplicarán sanciones a las campañas que no se pongan al día y a los partidos mismos, las colectividades aprietan las tuercas”, asegura.

Plata y violencia: coctel explosivo

Aunque la financiación de las campañas es casi que un agujero negro del que poco se conoce, las organizaciones afirman que podría, incluso, tener relación con los siete asesinatos, tres atentados, un secuestro y treinta amenazas que dan cuenta de la estruendosa violencia electoral que sacude los territorios, según cifras del último informe de la MOE. O, con las alertas que la Defensoría ha emitido en especial en 402 municipios en los que la intimidación es el problema número uno.

Pero, sin información de esos dineros, esa idea es solo un supuesto. No obstante, surgen más preguntas. En 2015, las regionales costaron $207.000 millones, según la contabilidad de los candidatos. De esos, solo el 0,05%, que no son ni $100 millones, fueron de anticipos del Estado. Luego, $4.000 millones los aportaron los partidos políticos, $8.000 millones salieron de créditos bancarios, $62.000 millones lo dieron particulares y $128.000 salieron del bolsillo de los candidatos. “No tiene sentido que los candidatos inviertan dinero que, casi siempre, es a pérdidas, porque la tasa de reposición por los votos es muy baja y casi nunca se da. Por eso es que en esa última bolsa es de donde más sospechamos que algún dinero raro puede haber”.

“El riesgo de que entre plata del narcotráfico es muy alto, teniendo en cuenta el precio del dólar, los 178 municipios con cultivos ilícitos, los corredores por donde pasa la coca o la minería ilegal. Desde 1991 hasta hoy hay casi 700 políticos condenados por corrupción”, insiste el funcionario de la MOE.

Y no hay que ir muy lejos. En 2015 en Córdoba capturaron por vínculos con el narcotráfico a Amadyd Suárez y Soycer Montaña, precandidatos a alcaldía y concejo; Eliécer Velásquez, candidato a concejo de Puerto Libertador, y John Jairo Benítez, al concejo de Montelíbano. En 2018 condenaron a Martín Emilio Morales, senador electo en 2014, por relacionarse con grupos ilegales del municipio de Lorica.

Las colectividades afirman que presionar a sus candidatos para que suban la información a Cuentas Claras es un trabajo que se les sale de las manos, pero coinciden en que el CNE no está velando por la transparencia. El Partido Liberal, según dice, le ha hecho las claridades y capacitaciones a sus postulados. Por su lado, Germán Córdoba, de Cambio Radical, asegura que el proceso en Cuentas Claras no es tan fácil.

“Nosotros avalamos más de 12.000 personas. Entonces decidimos contratar a una firma externa, en un contrato de más de $1.000 millones, y nos ayudarán a validar la contabilidad. Hasta hoy hemos hecho 24 capacitaciones. Y les insistimos en que si quieren tener reposición de votos, que se deben ajuiciar, pero es algo que debe hacer cada campaña. Pero en muchísimos municipios los bancos no les abren cuenta a los políticos que participan en elecciones, entonces ese dinero tampoco se logra registrar”, dice Córdoba.

Pese a la insistencia de subir la información al aplicativo, Rodrigo Romero, director ejecutivo de la Alianza Verde, afirma que identificar los dineros ilegales y peligrosos que entran a las campañas no se logrará por medio de Cuentas Claras. “El problema no está en lo que registren en Cuentas Claras, porque los candidatos pueden disfrazar las cifras y muestran lo que les conviene. El CNE tiene que ir a las regiones, controlar y contrastar lo que el candidato reporta con la publicidad que ponen y demás gastos”, explica.

*Según Transparencia por Colombia, solo la Alianza Social Independiente (ASI) y el Polo Democrático presentan información completa para el informe financiero de las campañas. “La mayoría de los partidos no tienen publicadas las resoluciones u otros documentos que den cuenta sobre los topes establecidos para la campaña electoral”.