Fiscalía reconoce sistematicidad en crímenes contra líderes sociales
El jefe del ente acusador, Néstor Humberto Martínez, aclaró que, aunque esa sistematicidad no involucra a agentes del Estado, sí hay factores comunes que permiten hacer tal conclusión. El gobierno anunció medidas de prevención para hacerle frente a los asesinatos.
-Redacción Política
En medio de la alarmante situación alrededor de los crímenes contra líderes sociales, que ya ha cobrado la vida de siete personas en lo corrido del 2019 según la Defensoría del Pueblo, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, reconoció que detrás de estos asesinatos hay sistematicidad. Es decir, que hay un plan para acabar con la vida de estas personas y que los homicidios no obedecen a casos espontáneos o aislados.
Lo anterior, va en contravía de la línea que viene manejando el gobierno de Iván Duque, cuya postura ha sido la de rechazar la hipótesis de que existe sistematicidad pues, según ha dicho la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, “esto obedece a varios factores ligados a grupos armados ilegales como narcotráfico, minería ilegal, grupos armados de toda índole, razón por la cual no podemos decir que sea algo sistemático que obedezca a una causa fundamental o a un exterminio en particular”.
(Lea: Asesinan a Miguel Antonio Gutiérrez, líder social en el Caquetá)
No obstante, al término de la reunión preparatoria para convocar a la Comisión Nacional de Seguridad, que tuvo lugar este viernes, el fiscal Martínez advirtió que reconocer dicha condición no significa que haya agentes estatales detrás de los crímenes. “Hay sistematicidad activa desde el punto de vista de que se trata de organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios. Y hay sistematicidad pasiva, pues desde el punto de vista del 50% de la afectación de víctimas, pero no existe, como existió en los años 80, una sistematicidad que pueda involucrar a agentes del Estado”, aclaró el jefe del ente acusador.
En ese sentido, del encuentro entre las distintas autoridades surgió el compromiso de hacer presencia en las regiones más afectadas por este fenómeno en aras de prevenir que se sigan presentando asesinatos, la cual comenzará a partir de la próxima semana. “Ya estuvimos en Norte de Santander y Nariño y en las próximas semanas estaremos en el sur de Bolívar, en el noroccidente antioqueño, en el Bajo Cauca y en el Valle del Cauca”, dijo la ministra Gutiérrez. Al concluir las visitas, se entregará un reporte al presidente Iván Duque a principios de febrero.
(Lea: Gobiernos de Santos y Duque coinciden: asesinato de líderes sociales no es sistemático)
El fiscal Martínez, al explicar la sistematicidad detrás de los homicidios, recordó que el 50% de los líderes afectados son miembros de Juntas de Acción Comunal o son “comunales”, en general. Y agregó que detrás de las amenazas y asesinatos, que constituyen un 65% de los casos, están los denominados Grupos Armados Organizados, GAO, la guerrilla del Eln, los denominados Caparrapos y el Clan del Golfo, principal perpetrador de estos crímenes. “En Colombia no hay impunidad frente a los victimarios que está atentando contra nuestros líderes sociales y defensores de derechos humano”, dijo Martínez.
El caso de El Salado
Sobre las amenazas que vienen rondando a la población de El Salado, un pueblo en los Montes de María, en Carmen de Bolívar, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, reiteró que la seguridad en dicha zona será fortalecida para que las personas que han venido siendo amenazadas cuenten con todas las garantías de protección. “Está garantizada su seguridad”, advirtió el jefe de la cartera para la seguridad, tras informar que habrá un consejo de seguridad para evaluar dichas amenazas.
(Lea: ¿Qué está pasando en El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar?)
Entre tanto, la ministra del Interior informó que, precisamente, esa será una región que visitarán las autoridades en el marco de las visitas programadas por parte de las distintas autoridades estatales para hacer frente a la situación. Especialmente porque, según el ministro Botero, la generalidad que ha venido ocurriendo es que las personas sobre las cuales hay amenazas nunca ha ocurrido nada. “Las personas que han sido asesinadas son personas sobre las cuales no pesaba ningún riesgo medible hasta ese momento”, dijo el alto funcionario, tras concluir que se revisará la medición para determinar otros factores de riesgo.
En medio de la alarmante situación alrededor de los crímenes contra líderes sociales, que ya ha cobrado la vida de siete personas en lo corrido del 2019 según la Defensoría del Pueblo, el fiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, reconoció que detrás de estos asesinatos hay sistematicidad. Es decir, que hay un plan para acabar con la vida de estas personas y que los homicidios no obedecen a casos espontáneos o aislados.
Lo anterior, va en contravía de la línea que viene manejando el gobierno de Iván Duque, cuya postura ha sido la de rechazar la hipótesis de que existe sistematicidad pues, según ha dicho la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, “esto obedece a varios factores ligados a grupos armados ilegales como narcotráfico, minería ilegal, grupos armados de toda índole, razón por la cual no podemos decir que sea algo sistemático que obedezca a una causa fundamental o a un exterminio en particular”.
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No obstante, al término de la reunión preparatoria para convocar a la Comisión Nacional de Seguridad, que tuvo lugar este viernes, el fiscal Martínez advirtió que reconocer dicha condición no significa que haya agentes estatales detrás de los crímenes. “Hay sistematicidad activa desde el punto de vista de que se trata de organizaciones criminales estructurales que están operando en los territorios. Y hay sistematicidad pasiva, pues desde el punto de vista del 50% de la afectación de víctimas, pero no existe, como existió en los años 80, una sistematicidad que pueda involucrar a agentes del Estado”, aclaró el jefe del ente acusador.
En ese sentido, del encuentro entre las distintas autoridades surgió el compromiso de hacer presencia en las regiones más afectadas por este fenómeno en aras de prevenir que se sigan presentando asesinatos, la cual comenzará a partir de la próxima semana. “Ya estuvimos en Norte de Santander y Nariño y en las próximas semanas estaremos en el sur de Bolívar, en el noroccidente antioqueño, en el Bajo Cauca y en el Valle del Cauca”, dijo la ministra Gutiérrez. Al concluir las visitas, se entregará un reporte al presidente Iván Duque a principios de febrero.
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El fiscal Martínez, al explicar la sistematicidad detrás de los homicidios, recordó que el 50% de los líderes afectados son miembros de Juntas de Acción Comunal o son “comunales”, en general. Y agregó que detrás de las amenazas y asesinatos, que constituyen un 65% de los casos, están los denominados Grupos Armados Organizados, GAO, la guerrilla del Eln, los denominados Caparrapos y el Clan del Golfo, principal perpetrador de estos crímenes. “En Colombia no hay impunidad frente a los victimarios que está atentando contra nuestros líderes sociales y defensores de derechos humano”, dijo Martínez.
El caso de El Salado
Sobre las amenazas que vienen rondando a la población de El Salado, un pueblo en los Montes de María, en Carmen de Bolívar, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, reiteró que la seguridad en dicha zona será fortalecida para que las personas que han venido siendo amenazadas cuenten con todas las garantías de protección. “Está garantizada su seguridad”, advirtió el jefe de la cartera para la seguridad, tras informar que habrá un consejo de seguridad para evaluar dichas amenazas.
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Entre tanto, la ministra del Interior informó que, precisamente, esa será una región que visitarán las autoridades en el marco de las visitas programadas por parte de las distintas autoridades estatales para hacer frente a la situación. Especialmente porque, según el ministro Botero, la generalidad que ha venido ocurriendo es que las personas sobre las cuales hay amenazas nunca ha ocurrido nada. “Las personas que han sido asesinadas son personas sobre las cuales no pesaba ningún riesgo medible hasta ese momento”, dijo el alto funcionario, tras concluir que se revisará la medición para determinar otros factores de riesgo.