Fotomultas, en el ojo del huracán en el Congreso
Son constantes las quejas por los presuntos abusos de las autoridades en la imposición de comparendos con cámaras de seguridad. El Senado inicia la discusión de un proyecto para regular estos dispositivos.
Redacción Política
Aunque la Corte Constitucional hace pocos días limitó el cobro de las fotomultas, advirtiendo que el presunto infractor debe ser notificado personalmente o mediante un correo electrónico certificado en los tres días siguientes a los hechos registrados, aún son cortas las medidas establecidas para evitar los abusos con este tipo de comparendos.
Precisamente, las quejas de los ciudadanos se siguen presentando por los excesos en que han incurrido algunas administraciones locales y departamentales frente a las infracciones de tránsito. Y es que es claro que en muchas partes han sido instaladas cámaras en una completa ‘cacería’ de contraventores, lo cual ha suscitado que los reclamos vayan en aumento.
Ante los líos de muchos ciudadanos con los fotocomparendos, el Congreso decidió intervenir en el tema para que sea obligatorio un concepto previo para la instalación, puesta en operación y cobro de multas con este mecanismo.
La intención es que alcaldes y gobernadores tengan –antes de instalar las cámaras para imponer multas– un concepto técnico establecido que será expedido por Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
¿Qué se quieren revisar?
- Las condiciones de Infraestructura y estado de la vía.
- Las condiciones de seguridad.
- Los límites de velocidad establecidos en la legislación vigente.
- Las condiciones de movilidad de la vía, dando prevalencia al mejoramiento y descongestión del tráfico.
El proyecto busca finalmente, de acuerdo a la exposición presentada en el Senado, suplir el vacío normativo respecto a los criterios técnicos especializados que deben tenerse en cuenta al momento de instalar estos dispositivos.
Sobre la permanente polémica que se presenta por los reclamos ciudadanos por las fotomultas, hace pocos días la ministra de Transporte, Natalia Abello, emitió un comunicado donde señaló que la competencia para regular cómo, cuándo y dónde se deben instalar las cámaras para este tipo de comparendos está en manos de su despacho.
En ese sentido, exhortó a los alcaldes y gobernadores a dar un “uso adecuado y racional que logre no solo desestimular infracciones, si no que contribuya a mejorar la experiencia de los usuarios de las vías de acuerdo a criterios técnicos”.
De tal orden es la importancia de este proyecto que está en discusión en Senado que la Federación Colombiana de Municipios reportó cifras alarmantes sobre el aumento desbordado de comparendos impuestos a través de fotomultas.
De acuerdo a la entidad, al menos un 10% de los ciudadanos han sido sancionados con fotocomparendos por cometer infracciones en las vías. Exceso de velocidad, estacionar un vehículo en sitios prohibidos o no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo establecido, son sólo algunas de las razones de los comparendos impuestos.
Aunque la Corte Constitucional hace pocos días limitó el cobro de las fotomultas, advirtiendo que el presunto infractor debe ser notificado personalmente o mediante un correo electrónico certificado en los tres días siguientes a los hechos registrados, aún son cortas las medidas establecidas para evitar los abusos con este tipo de comparendos.
Precisamente, las quejas de los ciudadanos se siguen presentando por los excesos en que han incurrido algunas administraciones locales y departamentales frente a las infracciones de tránsito. Y es que es claro que en muchas partes han sido instaladas cámaras en una completa ‘cacería’ de contraventores, lo cual ha suscitado que los reclamos vayan en aumento.
Ante los líos de muchos ciudadanos con los fotocomparendos, el Congreso decidió intervenir en el tema para que sea obligatorio un concepto previo para la instalación, puesta en operación y cobro de multas con este mecanismo.
La intención es que alcaldes y gobernadores tengan –antes de instalar las cámaras para imponer multas– un concepto técnico establecido que será expedido por Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
¿Qué se quieren revisar?
- Las condiciones de Infraestructura y estado de la vía.
- Las condiciones de seguridad.
- Los límites de velocidad establecidos en la legislación vigente.
- Las condiciones de movilidad de la vía, dando prevalencia al mejoramiento y descongestión del tráfico.
El proyecto busca finalmente, de acuerdo a la exposición presentada en el Senado, suplir el vacío normativo respecto a los criterios técnicos especializados que deben tenerse en cuenta al momento de instalar estos dispositivos.
Sobre la permanente polémica que se presenta por los reclamos ciudadanos por las fotomultas, hace pocos días la ministra de Transporte, Natalia Abello, emitió un comunicado donde señaló que la competencia para regular cómo, cuándo y dónde se deben instalar las cámaras para este tipo de comparendos está en manos de su despacho.
En ese sentido, exhortó a los alcaldes y gobernadores a dar un “uso adecuado y racional que logre no solo desestimular infracciones, si no que contribuya a mejorar la experiencia de los usuarios de las vías de acuerdo a criterios técnicos”.
De tal orden es la importancia de este proyecto que está en discusión en Senado que la Federación Colombiana de Municipios reportó cifras alarmantes sobre el aumento desbordado de comparendos impuestos a través de fotomultas.
De acuerdo a la entidad, al menos un 10% de los ciudadanos han sido sancionados con fotocomparendos por cometer infracciones en las vías. Exceso de velocidad, estacionar un vehículo en sitios prohibidos o no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo establecido, son sólo algunas de las razones de los comparendos impuestos.