![Vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/Q7MUYSHUTOFB2X42PEDUH75AAQ.jpg?auth=aca2591f531d2cf1cd59f60a95df05e59288263d63c1c1174e12e3fb5e38b8f4&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
La vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, explicó por qué el gobierno objetó parcialmente la ley “Mamá, cuentas conmigo”, aprobada por el Congreso en la legislatura pasada.
Con esta ley se busca garantizar que las mujeres en estado de embarazo y que estén en condición de vulnerabilidad tengan acceso a un kit con toallas higiénicas, pañales, y literatura de cuidado y primera infancia y otros productos que se podrán definir.
Para empezar, la mandataria resaltó el carácter incluyente de la ley desde su propia historia de vida: “Como mamá que tuve la experiencia de parir a los 16 años, sin muchos apoyos, estoy muy contenta porque se tramitó en el Congreso la iniciativa que busca que el Estado pueda darle la mano a mamás futuras y en condición de vulnerabilidad”.
Y agregó: “Quienes hemos sido mamás solteras o adolescentes sabemos lo doloroso que es cuando no tenemos qué darle de comer a nuestros hijos o no tenemos siquiera un pañal desechable. La abrazo y la celebramos”.
Sin embargo, dijo que desde su cartera la norma fue objetada toda vez que, por como está formulada -al referirse a mujeres gestantes- no cumpliría con la sentencia C-324 de 2023 de la Corte Constitucional. De acuerdo con la vicepresidenta, la norma debe incluir a hombres trans y personas no binarias, hablando también de “personas gestantes”.
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En un comunicado, dicha cartera explicó que “debe cumplir con las obligaciones internacionales e interamericanas en materia de derechos de la población de orientación sexual e identidad de género diversa”.
Además, también se objetó porque, en la norma aprobada, se habla de la exigencia de cuatro controles prenatales para que las mujeres y personas gestantes puedan ser beneficiarias. Dicho requisito, afirmó Francia Márquez, “desconoce la realidad en términos del sistema de salud, al que muchas no tienen acceso. En muchos lugares, ese vacío lo atienden las parteras”.
Así, la ley fue devuelta al Congreso para que se elimine ese requisito “para que las mujeres y personas gestantes puedan acceder a esa garantía que hoy ofrece el Estado”.
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