Franklin Castañeda, un alfil del gobierno Petro para responder a los paros

La delegación que el gobierno Petro envió desde Bogotá hacia la inspección de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, el 2 de marzo pasado, la integraban cinco funcionarios. El equipo había sido enviado desde la capital cuando las protestas de los campesinos contra la petrolera Emerald Energy se tornaron violentas y se supo de la muerte de un policía y un campesino. En el equipo que aterrizó allí para que la situación no escalara más iba Franklin Castañeda Villacob, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien en las últimas semanas se ha convertido en una pieza clave para atender las movilizaciones y los paros que le han ido estallando al gobierno Petro en varios puntos del país.

La delegación que el gobierno Petro envió desde Bogotá hacia la inspección de Los Pozos, en San Vicente del Caguán, el 2 de marzo pasado, la integraban cinco funcionarios. El equipo había sido enviado desde la capital cuando las protestas de los campesinos contra la petrolera Emerald Energy se tornaron violentas y se supo de la muerte de un policía y un campesino. En el equipo que aterrizó allí para que la situación no escalara más iba Franklin Castañeda Villacob, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, quien en las últimas semanas se ha convertido en una pieza clave para atender las movilizaciones y los paros que le han ido estallando al gobierno Petro en varios puntos del país.

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Si bien a la cabeza de esos procesos ha estado la viceministra del Diálogo Social, Lilia Solano, quien tiene la vocería pública y aparece en las fotografías y notas de prensa, Castañeda ha sido un alfil tras bambalinas que tiene la confianza del ministro Alfonso Prada. La designación de Castañeda en esa dirección la había anunciado el ministro el 27 de agosto de 2022, desde Ituango (Antioquia) en un Puesto de Mando Unificado, y su labor está más enfocada en asumir la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país, a lo cual le ha dedicado ya buena parte de su vida.

Antes de ser nombrado en el cargo, Franklin Castañeda era presidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) y uno de los voceros de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que agrupa a decenas de organizaciones sociales nacionales e internacionales. De hecho, era el delegado por las plataformas de derechos humanos en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, instancia que creó el Acuerdo de Paz con las FARC para el desmonte del paramilitarismo en el país.

Según explica hoy, cuando esa delegación del Gobierno llegó a Los Pozos, ya la guardia campesina había tomado el control de la situación y desescalado la violencia entre manifestantes y policías, lo cual, sostiene, no ha sido entendido por la opinión pública, donde quedó la discusión por el denominado cerco humanitario. “Paradójicamente, eso que indigna a muchas personas, que es la guardia asumiendo el control, es lo que termina garantizando que los hechos violentos que se habían presentado en la mañana culminen y que no se presenten más víctimas ni de policías ni de campesinos. Esa es la esencia de lo que ellos llaman el cerco humanitario”, sostiene desde su oficina en el centro de Bogotá.

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Cuenta que como parte de los primeros acuerdos a los que se llegó en terreno, dos funcionarios del Mindefensa entraron a la caseta comunal a verificar la situación de los policías que permanecían allí, la guardia permitió la entrada de los bomberos a sofocar el fuego, se permitió la evacuación del cuerpo del policía que había sido asesinado, de otro policía que tenía una crisis de ansiedad y la salida de tres mujeres contratistas de la empresa. Se pactó para el día siguiente la liberación de los uniformados.

El viernes 3 de marzo, luego de diálogos con la guardia, los ministros de Defensa y del Interior, entre otros, aterrizaron en la zona y los policías fueron liberados. Esa noche, Iván Velásquez, ministro de Defensa, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que reconoció la labor de Castañeda y de Diana Sánchez —directora de derechos humanos del Mindefensa, quien también iba en la delegación—, que “hicieron posible la liberación y el regreso a casa” de los policías. Pese a ello, fueron tres las víctimas en Los Pozos: un policía, el campesino que murió en los choques y otro labriego que murió horas después sin que hasta ahora se hayan esclarecido las causas.

“Este Gobierno llega después del cansancio expresado en el estallido social, que no fue solamente un cansancio de malas políticas públicas; fue un cansancio de la represión. La promesa de este Gobierno es algo completamente diferente y es lo que estamos intentando cumplir”, sostiene Castañeda.

Según su lectura, “en Colombia estamos en un estallido social a cuentagotas”, por lo que en diversas regiones han ido estallando manifestaciones que exigen respuestas prontas. “Lo que pasa es que eso lleva tiempo y claramente quienes han estado padeciendo la exclusión y han padecido muchísimas injusticias lo que menos quieren tener en esto es paciencia, y están recurriendo a la protesta. No vamos a responder a esa protesta con el uso de la fuerza”, defiende.

Dos semanas antes de atender la emergencia en Los Pozos, Castañeda había participado en Bogotá en las negociaciones con los miembros de la Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca (Asoinca), que el 8 de febrero intentaron entrar al Congreso. Esa manifestación se disolvió con un acuerdo que firmaron las partes en el que se busca garantizar la prestación efectiva de los servicios de salud a los docentes del Cauca y sus familias.

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En los días más recientes, fue uno de los funcionarios que le hicieron frente al paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, donde se juntan en un mismo escenario “la pequeña minería, la minería artesanal, la gran minería y la minería criminal”, explica. Dice que con la mesa minera se han alcanzado acuerdos pero el único punto en el que no hubo encuentro fue “en la necesidad de actuar sobre la maquinaria que el Gobierno, de acuerdo con la información que tiene, está totalmente seguro de que se corresponde con una maquinaria que responde a grupos criminales”. Explica que los pequeños mineros temen que, como ya ha sucedido, terminen siendo los perseguidos y no los dueños de la gran maquinaria, los “dragones” que reinan en el río y cuestan entre $2.500 y $3.000 millones, dice el funcionario.

Esta semana, logró que se instalara la comisión de declaración y solución de la emergencia humanitaria en la región del Magdalena Medio, que era uno de los pedidos de las comunidades que convocaron el paro campesino y bloquearon La Lizama en la última semana de enero, ante la escalada paramilitar en la región. En el acta de esa reunión, entre otros compromisos, quedó que el ministro Prada reconoce la crisis humanitaria que vive esa región, como lo pedían los voceros de ese paro, y se pactó un plan de acción para avanzar en el desmonte del paramilitarismo. El documento, de parte del Gobierno, lo suscribieron el ministro Prada, la viceministra Lilia Solano y el director de DD. HH. del ministerio, Franklin Castañeda.