Gestión pública y lucha contra la corrupción en el Plan Nacional de Desarrollo

Dentro del catalizador de fortalecimiento institucional para consolidar el vínculo Estado-ciudadanía se pueden destacar varias ideas del Plan: ajustes institucionales y culturales para recuperar la confianza ciudadana, regulación para la transparencia, la digitalización y combatir la corrupción de manera innovadora, la evaluación y el seguimiento a la contratación y compra pública, y el mejoramiento de los sistemas de información para generar alertas tempranas de corrupción o malas prácticas.

Es destacable que tenga como una idea transversal mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones: el indicador asociado es el índice de confianza institucional. Esto es relevante, ya que durante los últimos años hemos visto un deterioro constante en esta materia, lo que tiene un impacto enorme en la democracia, en la capacidad de implementar políticas públicas, en el respeto a las normas, en la participación ciudadana y en la confianza entre los ciudadanos.

Con respecto al programa sobre la lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales se destaca: el cumplimiento de lo dispuesto en el marco normativo de transparencia y lucha contra la corrupción, a partir de un trabajo articulado entre las instituciones y la ciudadanía, y el seguimiento y la evaluación de la contratación y compra pública, mejorando su información y expedir marcos regulatorios sobre protección al denunciante y cabildeo.

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En términos generales, todas estas iniciativas son muy relevantes y la reglamentación sobre la protección al denunciante y el cabildeo son prioridades en la agenda de transparencia. Asimismo, generar interoperabilidad en el sistema de compra pública y mejorar el seguimiento para identificar riesgos de corrupción es una necesidad, sin embargo, hay algunas preocupaciones: si bien se habla de transformaciones institucionales y culturales, el programa no parece incluir estrategias concretas de cambio cultural, eso sugiere que la visión está enfocada en el desarrollo normativo, pero sin un fuerte componente en promover una cultura de integridad en los funcionarios.

Por otra parte, el abordaje de la lucha contra la corrupción no está conectado con un fortalecimiento institucional. Tanto las bases del Plan como el articulado hablan sobre la interoperabilidad de sistemas relacionados con contratación pública, pero no se contempla un fortalecimiento claro a la Agencia de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente. En el artículo 81 se describe la interoperabilidad entre el Sistema Único de Proponentes (RUP) y el Secop. De igual manera, les asigna el costo a las cámaras de comercio, lo que puede operar de forma correcta en ciudades grandes con cámaras de comercio solventes, pero no soluciona el problema en municipios y regiones, donde es difícil que las cámaras asuman estos costos: esta medida podría aumentar la brecha en el uso de plataformas digitales para la compra pública entre regiones.

En cuanto al fortalecimiento de la capacidad de los funcionarios públicos, las bases del Plan la limitan a temas de compra pública y al uso de tecnologías digitales. El indicador del anexo del Plan es genérico sobre capacitación de ciudadanos y servidores públicos. Asimismo, la formalización del empleo público no cuenta con indicadores específicos que permitan hacer un adecuado seguimiento.

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El artículo 65 del PND habla sobre la creación de un plan de formalización del empleo público que “contribuya a que órganos, organismos y entidades de la administración pública provean todos los cargos de las plantas de personal, la creación de nuevas formas de vinculación con el Estado y se haga un uso racional de la contratación por prestación de servicios”. Esto es necesario, pero no es claro que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) tenga la capacidad para implementar dicho plan, igual que cuáles serían las otras formas de vinculación al Estado. Finalmente, no parecen considerar la gestión del talento humano de manera integral, pues no incluye estrategias sobre gestión del desempeño, rotación, ascensos, cualificación, entre otras.

Por otro lado, para avanzar hacia un presupuesto orientado a resultados las bases del Plan detallan que se van a integrar en un sistema único las diferentes fuentes de información de la inversión pública. También el artículo 296 establece que se desarrollará un plan de acción para la articulación de los sistemas de información del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, buscando vincular los trazadores presupuestales para la totalidad del gasto del Presupuesto General de la Nación (PGN).

No obstante, se requieren gestiones adicionales: una relación más transparente desde la programación, entre los principales indicadores y metas de los diferentes programas con los recursos de inversión y el funcionamiento del PGN; segundo, que se efectúe un seguimiento y evaluación adecuados y periódicos, y que se tomen decisiones presupuestales y de planeación con base en ese ejercicio de seguimiento. Otros programas que se destacan son la calidad, efectividad, transparencia y coherencia de las normas: iniciativas como una política de mejora regulatoria; consolidar la gobernanza regulatoria en el país; realización de evaluaciones ex ante y ex post; responder a las recomendaciones de la OCDE en cuanto a organismos reguladores, y simplificar, racionalizar y digitalizar trámites que obstaculicen la garantía de derechos.

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Estos objetivos son relevantes para la calidad del proceso de toma de decisiones regulatorias. A su vez, tiene un impacto en la confianza, la estabilidad de muchos sectores económicos y en la forma como el sector privado y los ciudadanos se relacionan con el Estado. Sin embargo, preocupa que no quedan obligaciones sobre mejora normativa ni regulatoria, más allá de la simplificación de trámites. También se extraña la visión de una política integrada y consideraciones de gestión de conflictos de intereses en organismos con funciones regulatorias. El último punto en las bases del Plan es “gobierno digital para la gente”. Este incluye estrategias de gobierno digital, pero queda en términos muy generales, y no es evidente cómo se articula con el fortalecimiento de la gestión pública en general.

Profesores de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras, de la U. de los Andes.

Dentro del catalizador de fortalecimiento institucional para consolidar el vínculo Estado-ciudadanía se pueden destacar varias ideas del Plan: ajustes institucionales y culturales para recuperar la confianza ciudadana, regulación para la transparencia, la digitalización y combatir la corrupción de manera innovadora, la evaluación y el seguimiento a la contratación y compra pública, y el mejoramiento de los sistemas de información para generar alertas tempranas de corrupción o malas prácticas.

Es destacable que tenga como una idea transversal mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones: el indicador asociado es el índice de confianza institucional. Esto es relevante, ya que durante los últimos años hemos visto un deterioro constante en esta materia, lo que tiene un impacto enorme en la democracia, en la capacidad de implementar políticas públicas, en el respeto a las normas, en la participación ciudadana y en la confianza entre los ciudadanos.

Con respecto al programa sobre la lucha contra la corrupción en las entidades públicas nacionales y territoriales se destaca: el cumplimiento de lo dispuesto en el marco normativo de transparencia y lucha contra la corrupción, a partir de un trabajo articulado entre las instituciones y la ciudadanía, y el seguimiento y la evaluación de la contratación y compra pública, mejorando su información y expedir marcos regulatorios sobre protección al denunciante y cabildeo.

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En términos generales, todas estas iniciativas son muy relevantes y la reglamentación sobre la protección al denunciante y el cabildeo son prioridades en la agenda de transparencia. Asimismo, generar interoperabilidad en el sistema de compra pública y mejorar el seguimiento para identificar riesgos de corrupción es una necesidad, sin embargo, hay algunas preocupaciones: si bien se habla de transformaciones institucionales y culturales, el programa no parece incluir estrategias concretas de cambio cultural, eso sugiere que la visión está enfocada en el desarrollo normativo, pero sin un fuerte componente en promover una cultura de integridad en los funcionarios.

Por otra parte, el abordaje de la lucha contra la corrupción no está conectado con un fortalecimiento institucional. Tanto las bases del Plan como el articulado hablan sobre la interoperabilidad de sistemas relacionados con contratación pública, pero no se contempla un fortalecimiento claro a la Agencia de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente. En el artículo 81 se describe la interoperabilidad entre el Sistema Único de Proponentes (RUP) y el Secop. De igual manera, les asigna el costo a las cámaras de comercio, lo que puede operar de forma correcta en ciudades grandes con cámaras de comercio solventes, pero no soluciona el problema en municipios y regiones, donde es difícil que las cámaras asuman estos costos: esta medida podría aumentar la brecha en el uso de plataformas digitales para la compra pública entre regiones.

En cuanto al fortalecimiento de la capacidad de los funcionarios públicos, las bases del Plan la limitan a temas de compra pública y al uso de tecnologías digitales. El indicador del anexo del Plan es genérico sobre capacitación de ciudadanos y servidores públicos. Asimismo, la formalización del empleo público no cuenta con indicadores específicos que permitan hacer un adecuado seguimiento.

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El artículo 65 del PND habla sobre la creación de un plan de formalización del empleo público que “contribuya a que órganos, organismos y entidades de la administración pública provean todos los cargos de las plantas de personal, la creación de nuevas formas de vinculación con el Estado y se haga un uso racional de la contratación por prestación de servicios”. Esto es necesario, pero no es claro que el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) tenga la capacidad para implementar dicho plan, igual que cuáles serían las otras formas de vinculación al Estado. Finalmente, no parecen considerar la gestión del talento humano de manera integral, pues no incluye estrategias sobre gestión del desempeño, rotación, ascensos, cualificación, entre otras.

Por otro lado, para avanzar hacia un presupuesto orientado a resultados las bases del Plan detallan que se van a integrar en un sistema único las diferentes fuentes de información de la inversión pública. También el artículo 296 establece que se desarrollará un plan de acción para la articulación de los sistemas de información del Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, buscando vincular los trazadores presupuestales para la totalidad del gasto del Presupuesto General de la Nación (PGN).

No obstante, se requieren gestiones adicionales: una relación más transparente desde la programación, entre los principales indicadores y metas de los diferentes programas con los recursos de inversión y el funcionamiento del PGN; segundo, que se efectúe un seguimiento y evaluación adecuados y periódicos, y que se tomen decisiones presupuestales y de planeación con base en ese ejercicio de seguimiento. Otros programas que se destacan son la calidad, efectividad, transparencia y coherencia de las normas: iniciativas como una política de mejora regulatoria; consolidar la gobernanza regulatoria en el país; realización de evaluaciones ex ante y ex post; responder a las recomendaciones de la OCDE en cuanto a organismos reguladores, y simplificar, racionalizar y digitalizar trámites que obstaculicen la garantía de derechos.

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Profesores de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras, de la U. de los Andes.