Gobernadores y alcaldes tendrán que rendir informe sobre actuación de la Policía
El ministro del Interior, Daniel Palacios, les escribió a los mandatarios regionales y locales, recordándoles el marco normativo para actuar en el marco de las protestas, en el que los obliga a presentar dichos informes ante la opinión pública en un plazo máximo de tres meses.
Este miércoles, se conoció de una circular que envió el Ministerio del Interior a los gobernadores y alcaldes del país en la que hace recuento de todo el marco normativo alrededor del derecho a la protesta, el acompañamiento de las autoridades competentes y las eventualidades ante una escalada de violencia durante las manifestaciones.
El punto que llamó la atención a la opinión pública fue uno que no representa una orden del ministro Daniel Palacios, sino una obligación delimitada en el Decreto 003 de 2021 o protocolo de acciones preventivas y concomitantes en el marco de la protesta pacífica.
En ese sentido, el jefe de la cartera política les recuerda a los mandatarios regionales y locales dicho decreto que entró en vigencia este año y que en el artículo 42 determina la obligatoriedad de rendir una explicación pública sobre la actuación policial.
“El alcalde o el gobernador, según sea el caso, estarán en la obligación de rendir en el menor tiempo posible y en un plazo que no supere los tres meses una explicación pública satisfactoria, a través de los medios de comunicación y las redes sociales institucionales, sobre las actuaciones administrativas adelantadas y sobre las actuaciones de policía relacionadas con el uso de la fuerza, cuando se tenga conocimiento de que miembros de la Policía Nacional hicieron uso de armas letales o menos letales que hayan causado daños a la vida o integridad personal de las personas en el marco de las manifestaciones públicas; así como las investigaciones penales y disciplinarias iniciadas, su estado y las autoridades que actualmente conocen sobre las mismas. Todo esto de acuerdo con la información oficial generada por las autoridades competentes”.
A la par que comparte este fragmento del decreto, también el ministro recuerda otras disposiciones normativas, como que las órdenes del presidente priman sobre las de gobernadores y alcaldes, y la de los gobernadores sobre los alcaldes.
En el marco del paro nacional, el presidente Iván Duque ordenó la asistencia militar a las ciudades con más problemas en temas de orden público, decisión que no compartieron los alcaldes de Medellín (Daniel Quintero) y Bogotá (Claudia López). Esto abre una incógnita en cuanto a qué casos la responsabilidad debe recaer sobre el primer mandatario cuando sobre él es el que da una orden, que se superpone sobre las otras de orden departamental y municipal.
Lea: Presidente mantiene militarización de las ciudades en medio del paro nacional.
Entre otros elementos que recordó el ministro a los mandatarios para la gestión de situaciones en el marco de la protesta está el privilegio del diálogo como estrategia de mediación, la activación de puestos de mando unificados para la coordinación interinstitucional y la aplicación de principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad y racionalidad para la respuesta a actos de violencia y vandalismo.
“El Gobierno Nacional reitera que continuará trabajando de manera conjunta y oportuna con los mandatarios locales para restablecer el orden público del país, reiterando que el éxito de estas intervenciones requiere de la adherencia de la población, así como su compromiso por proteger la vida y la salud de todos los colombianos”, concluyó la misiva Palacios.
Este miércoles, se conoció de una circular que envió el Ministerio del Interior a los gobernadores y alcaldes del país en la que hace recuento de todo el marco normativo alrededor del derecho a la protesta, el acompañamiento de las autoridades competentes y las eventualidades ante una escalada de violencia durante las manifestaciones.
El punto que llamó la atención a la opinión pública fue uno que no representa una orden del ministro Daniel Palacios, sino una obligación delimitada en el Decreto 003 de 2021 o protocolo de acciones preventivas y concomitantes en el marco de la protesta pacífica.
En ese sentido, el jefe de la cartera política les recuerda a los mandatarios regionales y locales dicho decreto que entró en vigencia este año y que en el artículo 42 determina la obligatoriedad de rendir una explicación pública sobre la actuación policial.
“El alcalde o el gobernador, según sea el caso, estarán en la obligación de rendir en el menor tiempo posible y en un plazo que no supere los tres meses una explicación pública satisfactoria, a través de los medios de comunicación y las redes sociales institucionales, sobre las actuaciones administrativas adelantadas y sobre las actuaciones de policía relacionadas con el uso de la fuerza, cuando se tenga conocimiento de que miembros de la Policía Nacional hicieron uso de armas letales o menos letales que hayan causado daños a la vida o integridad personal de las personas en el marco de las manifestaciones públicas; así como las investigaciones penales y disciplinarias iniciadas, su estado y las autoridades que actualmente conocen sobre las mismas. Todo esto de acuerdo con la información oficial generada por las autoridades competentes”.
A la par que comparte este fragmento del decreto, también el ministro recuerda otras disposiciones normativas, como que las órdenes del presidente priman sobre las de gobernadores y alcaldes, y la de los gobernadores sobre los alcaldes.
En el marco del paro nacional, el presidente Iván Duque ordenó la asistencia militar a las ciudades con más problemas en temas de orden público, decisión que no compartieron los alcaldes de Medellín (Daniel Quintero) y Bogotá (Claudia López). Esto abre una incógnita en cuanto a qué casos la responsabilidad debe recaer sobre el primer mandatario cuando sobre él es el que da una orden, que se superpone sobre las otras de orden departamental y municipal.
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Entre otros elementos que recordó el ministro a los mandatarios para la gestión de situaciones en el marco de la protesta está el privilegio del diálogo como estrategia de mediación, la activación de puestos de mando unificados para la coordinación interinstitucional y la aplicación de principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad y racionalidad para la respuesta a actos de violencia y vandalismo.
“El Gobierno Nacional reitera que continuará trabajando de manera conjunta y oportuna con los mandatarios locales para restablecer el orden público del país, reiterando que el éxito de estas intervenciones requiere de la adherencia de la población, así como su compromiso por proteger la vida y la salud de todos los colombianos”, concluyó la misiva Palacios.