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En desarrollo de la agenda diplomática que adelanta la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez en Estados Unidos, este martes la funcionaria ratificó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “ningún abuso ni supuesto abuso” por parte de la Fuerza Pública en el marco del paro nacional va a dejar de investigarse.
Un día después de que la propia Ramírez, ante los pedidos del organismo de visitar Colombia para verificar la situación de derechos humanos, respondiera que “hay que esperar”, este martes se reunió con la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, así como con la secretaria Ejecutiva, María Claudia Pulido y los comisionados Stuardo Ralón, Julissa Mantilla, Flavia Piovesan y Joel Hernández.
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Según el Ejecutivo, el encuentro se realizó por iniciativa del Gobierno y buscó “reiterar el firme compromiso de la administración Duque con el respeto a los derechos humanos”. Durante la reunión, Ramírez expuso los desafíos que enfrenta el país en materia de desempleo, pobreza y descontento social por cuenta de la pandemia y las protestas.
La vicepresidenta declaró, según la Cancillería, que se investigará y sancionará cualquier violación de los derechos humanos durante las manifestaciones, tanto de agentes estatales como civiles. En esa línea, defendió que los organismos encargados de las investigaciones penales o disciplinarias en Colombia están actuando para avanzar en los casos de muertes, desapariciones, violencia sexual y actos vandálicos para sancionar a los responsables.
“Nuestro Gobierno está totalmente comprometido a que bajo ninguna circunstancia se cometan abusos en materia de derechos humanos durante estas protestas. Desafortunadamente ha habido casos que se han visto violentos en las calles y ha habido heridos y muertos. Ningún abuso ni supuesto abuso cometido por parte de una autoridad, bien sea policía o militar, va a dejar de investigarse. Todos sin excepción tienen que investigarse. Nadie estará por encima de la ley y eso incluye a los que tengan uniforme y los que no tienen uniforme”.
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Durante el encuentro se planteó también la importancia y necesidad de recibir la información del Estado para conocer objetivamente la situación actual del país, en lo relacionado con las protestas. Ambas partes coincidieron en garantizar tanto el derecho a la manifestación, como el rechazo a bloqueos de vías y actos vandálicos. “La CIDH reiteró que estas formas violentas exceden los estándares por ella establecidos para la protesta social”, sostuvo el gobierno colombiano.
La vicepresidenta señaló que no hay lugares vedados en Colombia y que siempre habrá disposición para avanzar en un trabajo conjunto. Por otro lado, en materia de compromisos, la canciller manifestó que “a la mayor brevedad posible” el Estado colombiano enviará toda la información solicitada recientemente por la Comisión.
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Adicionalmente, para que comisionados puedan profundizar en su contenido, Ramírez solicitó que se programe una audiencia privada que propicie un escenario técnico, amplio e integral para transmitirla y sustentarla por parte de las instituciones competentes. También se confirmó la asistencia de los representantes del Estado colombiano a la audiencia citada de oficio este fin de semana por la CIDH, la cual se realizará el próximo 29 de junio.