Gobierno adhiere a grupo de países antiaborto en sesión extraordinaria de la OEA

El Gobierno del presidente Iván Duque adhirió al grupo de 36 países antiaborto. Lo hizo el pasado 13 e mayo, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Familia en la OEA, un encuentro que en el que tuvo preponderancia el Brasil de Jair Bolsonaro, mediante la intervención de Cristiane Britto, su ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos.

En concreto, la adhesión se realizó a la declaración Consenso de Ginebra, un documento sin peso jurídico, pero con carga simbólica, que defiende “ la salud integral de la mujer, el fortalecimiento de la familia y la soberanía de los países para legislar sobre el aborto”. En ese sentido, entre los puntos que respalda el Consenso de Ginebra está la idea de que no existe el derecho internacional al aborto, “ni recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos”.

Según Cristiane Britto, la decisión de Colombia significa un triunfo de la agenda autodenominada “provida” en el continente Americano. Es una victoria de la soberanía de los países, del trabajo serio para proteger la salud de las mujeres y, sobre todo, para defender la vida de los niños no nacidos”, destacó Britto.

El viceministerio de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, en cabeza de María Carmelina Londoño, le manifestó a este diario que en palabras de la Declaración, Colombia corrobora su compromiso de “promover políticas de salud pública de apoyo a las mujeres y las niñas, así como a las familias, lo que incluye el desarrollo de nuestra capacidad de atención sanitaria y la movilización de recursos dentro de nuestros propios países, a nivel bilateral y en los foros multilaterales”, entre otras medidas.

Su oficina agregó que las naciones tienen derecho soberano de “respaldar sus propios valores constitucionales mediante las políticas y legislación nacionales en relación con los derechos humanos”, en particular, en lo que se refiere a la protección de la vida y de las familias. En ese sentido, la Cancillería entiende el Consenso de Ginebra, en su punto antiaborto, como “compatible”, dado que en el marco constitucional y legal, su adhesión obedece al principio de soberanía, al decir que “cada nación tiene el derecho soberano de implementar programas y actividades coherentes con sus leyes y políticas”.

Esta adhesión del Gobierno Duque no impacta jurídicamente la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24, siendo este un logro del movimiento de mujeres que se mantiene entonces intacto. No obstante, lo que sí hace es mandar un mensaje como gobierno que se distancia de las normas constitucionalmente aprobadas para avanzar en derechos y autonomía sobre el cuerpo de las mujeres.

Unirse al Consenso de Ginebra era algo que desde años atrás los congresistas del Centro Democrático y del Partido Conservador habían solicitado a la administración Duque, y que hoy se materializa mediante Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la OEA.

Por eso, congresistas de otras orillas políticas manifestaron su rechazo a este tipo de actos simbólicos. Juanita Goebertus lo nombró como una “señal grave” por parte de Duque.

El Gobierno del presidente Iván Duque adhirió al grupo de 36 países antiaborto. Lo hizo el pasado 13 e mayo, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Familia en la OEA, un encuentro que en el que tuvo preponderancia el Brasil de Jair Bolsonaro, mediante la intervención de Cristiane Britto, su ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos.

En concreto, la adhesión se realizó a la declaración Consenso de Ginebra, un documento sin peso jurídico, pero con carga simbólica, que defiende “ la salud integral de la mujer, el fortalecimiento de la familia y la soberanía de los países para legislar sobre el aborto”. En ese sentido, entre los puntos que respalda el Consenso de Ginebra está la idea de que no existe el derecho internacional al aborto, “ni recae sobre los Estados una obligación internacional de financiar o facilitar los abortos”.

Según Cristiane Britto, la decisión de Colombia significa un triunfo de la agenda autodenominada “provida” en el continente Americano. Es una victoria de la soberanía de los países, del trabajo serio para proteger la salud de las mujeres y, sobre todo, para defender la vida de los niños no nacidos”, destacó Britto.

El viceministerio de Asuntos Multilaterales de la Cancillería, en cabeza de María Carmelina Londoño, le manifestó a este diario que en palabras de la Declaración, Colombia corrobora su compromiso de “promover políticas de salud pública de apoyo a las mujeres y las niñas, así como a las familias, lo que incluye el desarrollo de nuestra capacidad de atención sanitaria y la movilización de recursos dentro de nuestros propios países, a nivel bilateral y en los foros multilaterales”, entre otras medidas.

Su oficina agregó que las naciones tienen derecho soberano de “respaldar sus propios valores constitucionales mediante las políticas y legislación nacionales en relación con los derechos humanos”, en particular, en lo que se refiere a la protección de la vida y de las familias. En ese sentido, la Cancillería entiende el Consenso de Ginebra, en su punto antiaborto, como “compatible”, dado que en el marco constitucional y legal, su adhesión obedece al principio de soberanía, al decir que “cada nación tiene el derecho soberano de implementar programas y actividades coherentes con sus leyes y políticas”.

Esta adhesión del Gobierno Duque no impacta jurídicamente la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24, siendo este un logro del movimiento de mujeres que se mantiene entonces intacto. No obstante, lo que sí hace es mandar un mensaje como gobierno que se distancia de las normas constitucionalmente aprobadas para avanzar en derechos y autonomía sobre el cuerpo de las mujeres.

Unirse al Consenso de Ginebra era algo que desde años atrás los congresistas del Centro Democrático y del Partido Conservador habían solicitado a la administración Duque, y que hoy se materializa mediante Alejandro Ordóñez, embajador de Colombia ante la OEA.

Por eso, congresistas de otras orillas políticas manifestaron su rechazo a este tipo de actos simbólicos. Juanita Goebertus lo nombró como una “señal grave” por parte de Duque.