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Hace 30 años las balas comenzaron a silenciar a un partido político de izquierda que comenzaba a ser una de las principales fuerzas políticas del país: la Unión Patriótica (UP). Paramilitares y agentes estatales fueron los encargados de adelantar la campaña de terror y muerte con la que los principales líderes de la UP fueron cayendo uno a uno. Tres décadas más tarde, en el que la justicia no ha sido una luz para las víctimas, el presidente Juan Manuel Santos reconoció en un acto público la responsabilidad del Estado en esta masacre que dejó pocos sobrevivientes. (Vea: “Exterminio de la UP, crimen de lesa humanidad”)
El presidente Santos en su discurso aseguró que las garantías de no repetición son una respuesta a los derechos de las víctimas a la verdad, a la justica y a la reparación. “Ese es el tema que nos convoca el día de hoy: las garantías de no repetición. Todo el Acuerdo Final está construido sobre una lógica de no repetición, comenzando por el fin mismo del conflicto, que sin duda es la mayor de las garantías. Nosotros como Gobierno tenemos que cumplir con el compromiso de asegurar que nadie que participe en política sea víctima de las armas y muy especialmente que ningún miembro de ningún partido, incluido el nuevo movimiento político que surja del tránsito de las Farc a la vida civil sea víctima de la violencia.”, sostuvo.
Santos recordó que el caso de la persecución a los miembros de la UP fue considerado por el Consejo de Estado como un exterminio, que conllevó a la desaparición de ese grupo político y ocasionó un “daño indecible” a miles de familias y a la democracia. Luego, reconoció la responsabilidad del Estado: "Esa tragedia jamás debió haber ocurrido. Debemos reconocer que el Estado no tomó medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y las demás violaciones, a pesar de la evidencia palmaria de que esa persecución estaba en marcha".
No podemos permitir que se vuelva a repetir la violencia sistemática en contra de los miembros, militantes y sobrevivientes de la Unión Patriótica (…) Es responsabilidad del Estado dar todas las garantías posibles para que eso no vuelva ocurrir, incluyendo la garantía de que sus agentes y la sociedad en general se abstengan de la estigmatización que tanto contribuyó a la Violencia Contra la UP. Me comprometo solemnemente hoy ante ustedes a tomar todas las medidas necesarias y a dar todas las garantías para que nunca más en Colombia una organización política vuelva a enfrentar lo que sufrió la UP”, agregó el presidente.
El discurso de Santos, quien estuvo acompañado por más de 60 líderes de la UP y familiares de algunos políticos asesinados, fue hecho con colaboración de las mismas víctimas. Jahel Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar y quien lleva los procesos de demandas de los familiares de las víctimas de la UP, señaló que este era un acto que hace parte de los acuerdos en La Habana y que reciben con mucha satisfacción “porque reconoce que hubo una persecución política contra la UP y que el Estado tuvo la intención de exterminar al partido”.
Aída Avella, la actual presidenta de la UP y que sobrevivió a la lluvia de balas de quienes la veían como una enemiga política, sostuvo que este era el primer acto de reparación a las víctimas. “Siempre habíamos sentido que este genocidio, que fue tan fuerte y tan duro, era más reconocido a nivel internacional que nacional. Pero yo creo que llegó la hora de la paz. Vinieron unos 60 líderes de todo el país y asistirán, por ejemplo, la viuda de Jaime Pardo, el hijo de Bernardo Jaramillo y la esposa de José Antequera”. (Ver: “Fiscalía asumió investigación por atentado contra caravana de Aída Avella”)
Imelda Daza, la única sobreviviente del exterminio en Cesar y quien volvió del exilio en 2014, señaló que era un día histórico para la Unión Patriótica. “Después de tantos años de silencio de parte del Estado, de los gobiernos y del sistema judicial por fin van a reconocer la responsabilidad del Estado en el genocidio, aunque no se reconoce el genocidio y eso es injusto. Tanta impunidad podría aliviarse con un reconocimiento de la verdad y la verdad es que con la UP se cometió un genocidio. Sin embargo, pienso que con que se reconozca esa responsabilidad ya hay un avance y nada nos detiene a nosotros en la lucha”, sostuvo al mujer que intentó hace dos años volver al ruedo político al lanzarse a la Gobernación del Cesar. (Ver: “El pasado de la Unión Patriótica pesa mucho”: Imelda Daza)
“Este acto que hace el presidente no sustituye el litigio ante la Cidh porque seguiremos en esa instancia. La comisión va a establecer en materia de reparación integral que se va a ser en temas de justicia, reparación y no reptación. Estamos ad portas de que la Comisión interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emita la resolución en la que responsabiliza al Estado Colombiano por el exterminio de la UP. Esperamos que el mismo reconocimiento lo haga el presidente ante la Cidh”, indicó Jahel Quiroga.
La justicia sigue en mora. En tres décadas se han abierto 6.500 expedientes, pero solo en 800 hay reportes de actividad judicial. La Fiscalía en la era de Eduardo Montealegre declaró el exterminio de la UP como un crimen de lesa humanidad y priorizó 34 casos de líderes asesinados. Sin embargo, hasta el momento se desconocen los avances de las investigaciones que están en manos de la Dirección de Análisis y Contexto. (Vea: “Fiscalía declaró 34 homicidios contra miembros de la UP como crímenes de lesa humanidad”)
El presidente Santos concluyó que la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz tienen la labor de esclarecer que sucedió con la Unión Patriótica y quiénes fueron los responsables. Finalmente, concluyó: “Reconocemos, y acompañamos el dolor de todas las víctimas, sobrevivientes y militantes de la Unión Patriótica (…) Quiero también hacer un reconocimiento de la valentía y perseverancia de los miembros, militantes y sobrevivientes del partido político de la Unión Patriótica, y su aporte a la democracia en un momento histórico de apuesta por la paz en el país. Quiero reconocer el lugar de la Unión Patriótica en la construcción de la paz”.
La Corporación Reiniciar, que representa a las víctimas de la UP, emitió un comunicado en el que aseguraban que el acto de reconocimiento del presidente “contribuye a la satisfacción de las expectativas de dignificación de las víctimas que durante varias décadas han exigido a las autoridades colombianas y han reclamado ante organismos internacionales. La persecución y exterminio del partido político Unión Patriótica es una de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en este país”.
Nota del Editor: Este artículo fue modificado para precisar una cita del presidente Santos que se había tomado de un borrador de su discurso.