Gobierno ambienta discusión de la ley de competencias para reforma al SGP
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, espera que las mesas técnicas se lleven a cabo en el primer semestre de 2025, esto con el objetivo de radicar la iniciativa en la próxima instalación del Congreso, que será el 20 de julio del mismo año.
La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), uno de los proyectos más gruesos que salió a flote en este periodo legislativo, deberá enfrentarse nuevamente al Congreso para conocer sus alcances. Tal y como lo anunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tras la aprobación del acto legislativo viene la discusión de ley de competencias, que dirá cuántos recursos y qué responsabilidades tendrán las regiones con los cambios.
Este diario conoció que el ministro y en general todo el alto gobierno saben que no será un debate sencillo, por lo que incluso aprovecharán la calma de los últimos días del año para avanzar en el proceso. El primer punto a resolver es la convocatoria de mesas técnicas en las que se incluirán a todos los actores interesados para empezar a conocer las posiciones en torno al posible articulado.
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El trabajo, en un principio, estará en cabeza del ministro Cristo y su colega de Hacienda, Diego Guevara. Ambos tendrán que coordinar el inicio de las discusiones técnicas e incluso invitar a expertos en descentralización para consolidar unas bases que le darán forma a la ley de competencias.
Ante las críticas de algunos sectores sobre el posible impacto negativo del proyecto para las finanzas del Estado, el jefe de la cartera política aseguró que la ley de competencias resolverá todas las dudas y volvió a defender el fondo de la reforma. “Se va a quebrar el Estado si seguimos con el centralismo en el que estamos, que no ha cerrado las brechas territoriales, que no permite un desarrollo económico de las regiones. Parece increíble que haya economistas anclados en el pasado que quieren desconocer los principios de la Constitución del 91. Este proyecto tiene cero costo fiscal”, le dijo Cristo a este diario.
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Según cifras de grupos de investigación como el de Corficolombiana, las transferencias al SGP como porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación han caído: en promedio, pasaron de 37,5 % entre 2002 y 2007, a 29,5 % entre 2008 y 2018, y, finalmente, a 27,5 % en los últimos siete años.
Por esta razón, la reforma constitucional que aprobó el Congreso busca que el SGP crezca 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación en un plazo de 12 años, contando a partir de 2027. El texto inicial hablaba de una meta de 46,5 %, pero en el Senado esta cifra se moderó ante las advertencias por las implicaciones fiscales.
Aunque las críticas no han cesado y en un principio se alzaron las voces en contra incluso desde el Ministerio de Hacienda, los defensores de la propuesta insisten en que la ley de competencias definirá exactamente la transformación, a lo que suma un periodo de transición de 12 años. En cualquier caso, el Gobierno quiere que a finales del próximo año la reglamentación esté lista, pero seguramente se encontrará con un Legislativo convulso por cuenta de las campaña electoral para el 2026.
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La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), uno de los proyectos más gruesos que salió a flote en este periodo legislativo, deberá enfrentarse nuevamente al Congreso para conocer sus alcances. Tal y como lo anunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tras la aprobación del acto legislativo viene la discusión de ley de competencias, que dirá cuántos recursos y qué responsabilidades tendrán las regiones con los cambios.
Este diario conoció que el ministro y en general todo el alto gobierno saben que no será un debate sencillo, por lo que incluso aprovecharán la calma de los últimos días del año para avanzar en el proceso. El primer punto a resolver es la convocatoria de mesas técnicas en las que se incluirán a todos los actores interesados para empezar a conocer las posiciones en torno al posible articulado.
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Aunque las críticas no han cesado y en un principio se alzaron las voces en contra incluso desde el Ministerio de Hacienda, los defensores de la propuesta insisten en que la ley de competencias definirá exactamente la transformación, a lo que suma un periodo de transición de 12 años. En cualquier caso, el Gobierno quiere que a finales del próximo año la reglamentación esté lista, pero seguramente se encontrará con un Legislativo convulso por cuenta de las campaña electoral para el 2026.
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