Gobierno decreta estado de conmoción interior
El anuncio fue hecho por el Presidente Uribe. Igual, así se hubiese levantado el paro judicial los decretos iban a ser expedidos por el Primer Mandatario. Asonal advirtió que un paro laboral nada tiene que ver con la conmoción interior.
El Espectador
La decisión del presidente Álvaro Uribe, que le permite tomar decisiones para hacerle frente al paro que adelantan jueces, fiscales y empleados de la justicia, fue sugerida por el más importante banquero del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, durante la asamblea de Anif del pasado martes.
El fundador del grupo financiero Aval hizo una radiografía del estado de la justicia colombiana y advirtió sobre "la imperiosa necesidad de actuar desde ahora" no solo para hacerle frente a los grupos armados al margen de la ley, sino para "no sufrir el rigor del crimen en las ciudades que han experimentado otros países" en la etapa del posconflicto.
La tomada por el Presidente, el secretario Jurídico de la Presidencia y magistrados de las altas cortes, se encamina a evitar la salida masiva de presos de las cárceles ante los vencimientos de términos por la no actuación de los jueces.
Asonal dijo que esta decisión es "equivocada" porque una conmoción interior no puede ser justificada por un paro laboral, "ni tiene relación con el artículo 213 de la Constitución".
"Son medidas inconducentes, son determinaciones agresivas y de represión, pero eso fortalece no solamente la dignidad sino la protesta de los trabajadores", manifestó el vocero de Asonal, Fabio Hernández.
Este viernes, Asonal adelantará reuniones en Asamblea Permanente con el fin de consultar a los trabajadores que piensan de la nueva determinación del Ejecutivo, en torno al cese de actividades de este sector.
El Gobierno les había advertido a los huelguistas que podían seguir en paro hasta el último día de su gobierno antes que pensar en afectar las finanzas públicas hacia el futuro. La última de las propuestas del Ejecutivo contempla un paquete económico de $131.000 millones, cuando la propuesta de los sindicalistas supera los $600.000 millones.
La directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Carolina Soto, había anunciado que una de las alternativas que tiene el Gobierno para solucionar el paro es ir nombrando funcionarios para remplazar a algunos de los que se nieguen a incorporarse al trabajo. En cese de actividades se encuentra un alto volumen de los 34.000 funcionarios de la Rama Judicial, entre jueces, fiscales y funcionarios.
Carolina Soto reiteró que a los funcionarios judiciales que no han laborado durante los días de paro no serán objeto del pago de la asignación salarial.
El martes, el fundador del Grupo Aval criticó fuertemente el funcionamiento de la justicia y consideró que el paro iniciado a mediados de septiembre ha provocado "un irreparable daño al ya precario sistema de aplicación de justicia. Tamaño desafío a la institucionalidad democrática de un pueblo constituiría una delicada emergencia judicial en cualquier nación del mundo, con el agravante de que los cambios legales que atribuyen a los tribunales, hoy cerrados, la declaración e ilegalidad de la huelga en los servicios públicos esenciales hace insoluble la situación frente al paro judicial".
El mayor banquero del país resaltó que mientras se da la parálisis en la justicia colombiana, "los delincuentes están saliendo favorecidos por el habeas corpus, lo que debería llevar a pensar a hacer uso de la conmoción (interior) como ha ocurrido en el pasado para frenar la salida masiva de miles de presos".
Sarmiento Angulo indicó que "la ausencia de un sistema judicial eficaz afecta la realización efectiva de los derechos y las garantías ciudadanas, limita las inversiones y el crecimiento económico".
La conmoción interior y sus efectos La conmoción interior o declaratoria de emergencia significa, desde el punto de vista jurídico, que el Gobierno está facultado para legislar y reemplazar al Congreso en las materias que hayan dado lugar a la declaratoria (en este caso el paro judicial).
“Es necesario ver las consideraciones de los decretos, lo que significan y los alcances que podrían tener”, precisó el constitucionalista y ex alcalde de Bogotá, Jaime Castro.
Recordó que la declaratoria de la conmoción interior tiene varias posibilidades:
- Que el decreto impida el vencimiento de términos que permitiría que personas que están en la cárcel, y que recobren su libertad como consecuencia del paro.
- Que algunas diligencias de carácter menor se puedan realizar en las notarias o alcaldías locales, y que se dicten medidas sancionatorias a los funcionarios que continúen en paro.
Estos decretos irían a control automático de la Corte Constitucional (proceso que puede tardar un mes y medio o dos meses) pero mientras el Alto Tribunal se pronuncia, el decreto rige, precisó Castro.
Entre tanto, si son algunos sectores los que están en desacuerdo, se podrá realizar un debate en el Congreso de la República. "Yo creo que se justifica la declaratoria de conmoción interior, aunque es necesario conocer el contenido de los decretos para saber su impacto, por ahora es prematuro opinar sobre el tema”, señaló.
La decisión del presidente Álvaro Uribe, que le permite tomar decisiones para hacerle frente al paro que adelantan jueces, fiscales y empleados de la justicia, fue sugerida por el más importante banquero del país, Luis Carlos Sarmiento Angulo, durante la asamblea de Anif del pasado martes.
El fundador del grupo financiero Aval hizo una radiografía del estado de la justicia colombiana y advirtió sobre "la imperiosa necesidad de actuar desde ahora" no solo para hacerle frente a los grupos armados al margen de la ley, sino para "no sufrir el rigor del crimen en las ciudades que han experimentado otros países" en la etapa del posconflicto.
La tomada por el Presidente, el secretario Jurídico de la Presidencia y magistrados de las altas cortes, se encamina a evitar la salida masiva de presos de las cárceles ante los vencimientos de términos por la no actuación de los jueces.
Asonal dijo que esta decisión es "equivocada" porque una conmoción interior no puede ser justificada por un paro laboral, "ni tiene relación con el artículo 213 de la Constitución".
"Son medidas inconducentes, son determinaciones agresivas y de represión, pero eso fortalece no solamente la dignidad sino la protesta de los trabajadores", manifestó el vocero de Asonal, Fabio Hernández.
Este viernes, Asonal adelantará reuniones en Asamblea Permanente con el fin de consultar a los trabajadores que piensan de la nueva determinación del Ejecutivo, en torno al cese de actividades de este sector.
El Gobierno les había advertido a los huelguistas que podían seguir en paro hasta el último día de su gobierno antes que pensar en afectar las finanzas públicas hacia el futuro. La última de las propuestas del Ejecutivo contempla un paquete económico de $131.000 millones, cuando la propuesta de los sindicalistas supera los $600.000 millones.
La directora de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Carolina Soto, había anunciado que una de las alternativas que tiene el Gobierno para solucionar el paro es ir nombrando funcionarios para remplazar a algunos de los que se nieguen a incorporarse al trabajo. En cese de actividades se encuentra un alto volumen de los 34.000 funcionarios de la Rama Judicial, entre jueces, fiscales y funcionarios.
Carolina Soto reiteró que a los funcionarios judiciales que no han laborado durante los días de paro no serán objeto del pago de la asignación salarial.
El martes, el fundador del Grupo Aval criticó fuertemente el funcionamiento de la justicia y consideró que el paro iniciado a mediados de septiembre ha provocado "un irreparable daño al ya precario sistema de aplicación de justicia. Tamaño desafío a la institucionalidad democrática de un pueblo constituiría una delicada emergencia judicial en cualquier nación del mundo, con el agravante de que los cambios legales que atribuyen a los tribunales, hoy cerrados, la declaración e ilegalidad de la huelga en los servicios públicos esenciales hace insoluble la situación frente al paro judicial".
El mayor banquero del país resaltó que mientras se da la parálisis en la justicia colombiana, "los delincuentes están saliendo favorecidos por el habeas corpus, lo que debería llevar a pensar a hacer uso de la conmoción (interior) como ha ocurrido en el pasado para frenar la salida masiva de miles de presos".
Sarmiento Angulo indicó que "la ausencia de un sistema judicial eficaz afecta la realización efectiva de los derechos y las garantías ciudadanas, limita las inversiones y el crecimiento económico".
La conmoción interior y sus efectos La conmoción interior o declaratoria de emergencia significa, desde el punto de vista jurídico, que el Gobierno está facultado para legislar y reemplazar al Congreso en las materias que hayan dado lugar a la declaratoria (en este caso el paro judicial).
“Es necesario ver las consideraciones de los decretos, lo que significan y los alcances que podrían tener”, precisó el constitucionalista y ex alcalde de Bogotá, Jaime Castro.
Recordó que la declaratoria de la conmoción interior tiene varias posibilidades:
- Que el decreto impida el vencimiento de términos que permitiría que personas que están en la cárcel, y que recobren su libertad como consecuencia del paro.
- Que algunas diligencias de carácter menor se puedan realizar en las notarias o alcaldías locales, y que se dicten medidas sancionatorias a los funcionarios que continúen en paro.
Estos decretos irían a control automático de la Corte Constitucional (proceso que puede tardar un mes y medio o dos meses) pero mientras el Alto Tribunal se pronuncia, el decreto rige, precisó Castro.
Entre tanto, si son algunos sectores los que están en desacuerdo, se podrá realizar un debate en el Congreso de la República. "Yo creo que se justifica la declaratoria de conmoción interior, aunque es necesario conocer el contenido de los decretos para saber su impacto, por ahora es prematuro opinar sobre el tema”, señaló.