Gobierno extiende suspensión de proceso de contratación para extracción del Galeón San José
La decisión se da un día después de que se conociera que se interpuso una acción popular para evitar la adjudicación del contrato de exploración, intervención, aprovechamiento económico y preservación del patrimonio cultural sumergido del Galeón San José.
-Redacción Política
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez informó este miércoles que, junto con el presidente Iván Duque Márquez, se tomó la decisión de suspender el proceso de contratación para la extracción del Galeón San José.
Según Ramírez, esta decisión tiene como objetivo tener un poco más de tiempo para poder identificar mejores fórmulas legales para que todas las piezas que se recuperen del Galeón permanezcan en Colombia.
“Para eso hemos invitado al único proponente en este proceso a discutir alternativas al respecto. Un sólido equipo jurídico buscará las alternativas legales para el efecto”, dijo la funcionaria desde Cartagena.
La segunda razón de la suspensión es que se buscará un concepto del Consejo de Estado para que se aclaren algunos aspectos de la asociación público-privada a través de la que se adjudicará el contrato.
“Para nosotros, en el Gobierno del presidente Iván Duque, no hay la más mínima duda de compromiso que tenemos por la Constitución y por la ley y también porque es nuestra convicción, la del presidente Duque, la de la ministra de Cultura, la mía y la de montones de colombianos defender el patrimonio de todos los colombianos y no ahorraremos ningún esfuerzo en esta labor de defender este patrimonio”, expresó Ramírez.
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En ese mismo sentido, explicó que el contrato que ha sido publicado “tiene cláusulas que a juicio nuestro deben revisarse porque la posible remuneración de bienes en especie provenientes del hallazgo, o la tasación del porcentaje de retribución hasta en un 45% de los bienes que no constituyan patrimonio, resultan inadmisibles para el Gobierno Nacional”.
La decisión del Gobierno se da un día después de que se conociera una acción popular que fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se dictaran medidas cautelares de urgencia y se eviten que el próximo 10 de marzo, cuando el Gobierno debe tomar una decisión al respecto de la adjudicación, se entregue el contrato para el rescate del tesoro colonial.
Según el demandante, el Estado estaría actuando en contra de la ley y estaría, al tiempo, poniendo en riesgo el patrimonio sumergido.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez informó este miércoles que, junto con el presidente Iván Duque Márquez, se tomó la decisión de suspender el proceso de contratación para la extracción del Galeón San José.
Según Ramírez, esta decisión tiene como objetivo tener un poco más de tiempo para poder identificar mejores fórmulas legales para que todas las piezas que se recuperen del Galeón permanezcan en Colombia.
“Para eso hemos invitado al único proponente en este proceso a discutir alternativas al respecto. Un sólido equipo jurídico buscará las alternativas legales para el efecto”, dijo la funcionaria desde Cartagena.
La segunda razón de la suspensión es que se buscará un concepto del Consejo de Estado para que se aclaren algunos aspectos de la asociación público-privada a través de la que se adjudicará el contrato.
“Para nosotros, en el Gobierno del presidente Iván Duque, no hay la más mínima duda de compromiso que tenemos por la Constitución y por la ley y también porque es nuestra convicción, la del presidente Duque, la de la ministra de Cultura, la mía y la de montones de colombianos defender el patrimonio de todos los colombianos y no ahorraremos ningún esfuerzo en esta labor de defender este patrimonio”, expresó Ramírez.
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En ese mismo sentido, explicó que el contrato que ha sido publicado “tiene cláusulas que a juicio nuestro deben revisarse porque la posible remuneración de bienes en especie provenientes del hallazgo, o la tasación del porcentaje de retribución hasta en un 45% de los bienes que no constituyan patrimonio, resultan inadmisibles para el Gobierno Nacional”.
La decisión del Gobierno se da un día después de que se conociera una acción popular que fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que se dictaran medidas cautelares de urgencia y se eviten que el próximo 10 de marzo, cuando el Gobierno debe tomar una decisión al respecto de la adjudicación, se entregue el contrato para el rescate del tesoro colonial.
Según el demandante, el Estado estaría actuando en contra de la ley y estaría, al tiempo, poniendo en riesgo el patrimonio sumergido.