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El Gobierno nacional firmó la tarde de este jueves un compromiso nacional en defensa de las lideresas sociales y defensoras de derechos humanos, en medio de las cientos de amenazas y asesinatos que asedian a esta población en el país. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hizo el anuncio al finalizar la Comisión Intersectorial de Garantías para Mujeres Lideresas que busca imprimirle un enfoque de género a las medidas de seguridad que se están adoptando para evitar que este fenómeno se siga presentando.
“Necesitamos que haya líderes y lideresas que estén reivindicando el respeto a los derechos humanos y la defensa de los mismos. El papel de la mujer en esta defensa es fundamental”, dijo la alta funcionaria, quien estuvo acompañada de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, del director de Derechos Humanos, Ricardo Arias, y otras 27 entidades más que adhirieron al pacto para la protección de estas personas. Cifras oficiales dan cuenta de que, al menos, unos 950 líderes sociales están amenazados en todo el país.
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“Estamos trabajando con las mujeres lideresas del país, ellas vienen con una propuesta de protección y de garantías para el ejercicio de su liderazgo como mujeres. Acá están también las entidades y estamos en la elaboración de la política pública de garantías para lideresas que nos ha pedido el presidente de la República. Ellas traen unas muy buenas iniciativas que acogemos y esperamos que puedan ejercer su liderazgo”, dijo la jefe de la cartera política al concluir la Comisión.
Mayerlis Angarita, una de las lideresas presentes en la reunión con los funcionarios del gobierno afirmó que el compromiso incluido en ese pacto permitirá salvar la vida de cientos de mujeres que están amenazadas en el país por el rol que ejercen en sus comunidades. “Es un plan de acción que se concentra en prevenir, que no sucedan los ataques, es un programa que ve la protección de una manera diferente más allá de los escoltas y el carro”, dijo.
El pacto tiene seis puntos estratégicos dentro de los cuales se cuenta la articulación de las distintas instancias del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional para dar respuestas a las situaciones de amenazas, riesgo y vulneración en contra de las lideresas y defensoras de derechos humanos.